Salvar la democracia todos los días

Amargamente confieso que he visto vidas desgarradas por el fanatismo, por la codicia criminal, por la defensa violenta de dogmas que habían sido deconstruidos, por accidentes que no eran accidentes sino la consecuencia de temeridades, por la soledad o por la pobreza, por catástrofes climáticas. La mala política tiene consecuencias y no son buenas.

Estos días las alegrías son intensas y las ausencias de personas perdidas se hacen más presentes. Convivir pacíficamente, prosperar colectivamente y valorar todo el potencial creativo de cada conciudadano sería mi deseo de Navidad si ésta fuera una sección de tarjetas de buenas intenciones.

Pero no ha sido un año fácil. No hay años fáciles para aquellos a los que nos duelen los males de la Humanidad. Ya hace tiempo que quienes creemos que la política, la buena política, es la única salida a los callejones sin salida sociales nos preocupa que la emoción de la dialéctica intelectual haya sido sustituida por el insulto, y que se deteriore así la función pedagógica que debe tener, necesariamente, el ágora pública. Y poco a poco, esperando que la próxima semana o la próxima campaña sean mejores, observemos que algunas democracias trastocadas por los populismos muestran signos de patologías destructivas, con líderes escogidos democráticamente que han roto el primero de los valores universales: la verdad.

Y el problema no siempre es el desgaste del sistema constitucional de turno. En la mayoría de democracias parlamentarias del mundo llamado avanzado, la estructura constitucional podría funcionar si el respeto a las instituciones fuera leal y sincero.

Es de eso que me gustaría hablaros. El lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales (prensa, justicia, instituciones políticas...) quizás lleva a un combate de boxeo, pero no a la solución de los graves problemas de desigualdades, guerras y violaciones de los derechos humanos, empezando por lo básico: saberse y comportarse como iguales.

Los tribunales de justicia, sí, son objeto de crítica, y existen propuestas para que se conviertan en instituciones más ejemplares y más arraigadas. Pero deben respetarse cuando nos dan la razón y cuando nos la deniegan. Pretender que las instancias políticas ya no resuelvan definitivamente ningún desencuentro y que todo sea decidido por un tribunal lleva ineludiblemente a querer que quienes dirimen los desencuentros se conviertan en piezas de parto, lo que altera gravemente la básica concepción de la justicia.

Si hemos hecho del TEDH una instancia barrocamente glosada, también debemos prestarle atención cuando no nos da la razón. Ésta es la manera de conservar su existencia. Por extensión y con cuantas objeciones sean necesarias, esto también vale para el resto de la estructura judicial.

Es necesario que haya una inmensa mayoría, siempre superior al 80% de los diputados de las cámaras parlamentarias, que respete la propia institución y las mesas que ordenan los debates, tengan la composición que tengan. Lo que está ocurriendo actualmente cuando se incita a no respetar ni normas ni autoridades parlamentarias si no son "de los nuestros" es una demostración de antidemocracia.

A los poderes ejecutivos, a los gobiernos, se les debe exigir ejemplaridad cuando tienen políticas de progreso y cuando las tienen reaccionarias y restrictivas en los servicios que prestan. Evidentemente, es necesario que cada opción se explique, pero no son ilegítimos los gobiernos que salen de la voluntad popular, aunque estemos dispuestos a combatirlos en el debate público ya intentar conseguir otras mayorías en las siguientes elecciones.

La llamada polarización está introduciendo la peligrosa idea de que sólo son democráticos y por tanto legítimos los gobiernos que defienden las propuestas que a nosotros nos gustan. Combatir las posiciones de derechas es algo que he hecho toda mi vida, pero no he considerado ilegítimos a los gobiernos a los que las urnas les han dado el poder para deshacer lo que yo consideraba progreso.

Cosa diferente son los gobiernos populistas, los que se basan en la mentira y el engaño y venden soluciones fáciles, y que quieren acceder al control de las instituciones para reventar su razón de ser, porque buscan la antipolítica y el caos. Quienes no creen en un poder descentralizado pero cada vez tienen más poder en los gobiernos descentralizados. Los que niegan valores universales como no existen razas, religiones y sexos superiores a otros, y que en el momento preciso de afirmarlo se colocan fuera del marco convivencial de la democracia como tal y de sus normas fundamentales.

La convivencia democrática es la consecuencia de voluntades y proyectos colectivos que, a su vez, son fugado de grandes ejercicios de responsabilidad. La falta de respeto y lealtad a todas las instituciones que configuran un régimen democrático es un peligro cercano, no una lejana ficción.

Lamentablemente, el Partido Popular debería formar parte del 80% de defensa leal de las instituciones, y se ha dejado arrastrar por un partido que hace tiempo que se situó fuera de la estructura constitucional. Lo vemos en incidentes pequeños como un alcalde que miente en el juzgado para que le permitan un desempleo. Lo vemos cuando las elecciones regionales ya no son para cumplir los programas prometidos, sino para encadenar campañas electorales en las que un líder debilitado busca escenarios desde donde no puedan replicarlo. Lo vemos cuando la demoscopia se impone sobre los difíciles objetivos de dotar de techo a quienes no tienen.

Una sociedad democrática debe ver en sus dirigentes algunos objetivos compartidos.