Sánchez tiene que poner soluciones sobre la mesa
BarcelonaParece mentira, pero el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, todavía no ha pronunciado a iniciativa propia ninguna palabra en público sobre el escándalo de espionaje a independentistas catalanes destapado por The New Yorker el 18 de abril. Solo lo hizo en el Congreso en una respuesta a Gabriel Rufián en una sesión de control que fue totalmente insuficiente. Ni siquiera se ha referido a la intrusión del programa Pegasus que sufrió su propio móvil hace ahora un año. Desde el primer día, la estrategia de Sánchez ha sido minimizar este escándalo, no exponerse, e intentar capear el temporal sin tener que tomar ninguna decisión comprometedora. Esta estrategia, sin embargo, ya no da más de sí.
Este viernes Sánchez se ha encontrado frente a frente con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que es uno de los espiados con aval judicial reconocidos por el CNI. Y obviamente ha tenido que oír de boca del presidente que se trata de un asunto muy grave que solo se podrá resolver si hay una reunión de alto nivel entre ellos dos en la que se aborden todos los aspectos del escándalo. Evidentemente, la reunión, para que tenga éxito, tiene que ir precedida de una negociación en la que se acuerde, a grandes rasgos, cuál ha de ser la solución. En caso contrario servirá para sellar el desacuerdo y dejar el futuro de la legislatura española colgando de un hilo.
Hasta ahora la gestión que ha hecho el PSOE de este caso ha sido desconcertante. Primero, como hemos dicho, lo minimizó. Después reveló que los móviles de Sánchez y Margarita Robles también habían sido espiados; y finalmente, en la comisión de fondos reservados, la directora del CNI confirmó que el actual presidente de la Generalitat y socio principal del gobierno español había sido espiado con aval judicial. La sensación es que a cada paso que ha dado el PSOE, el incendio se ha hecho más y más grande. Y ahora incluso existe el peligro de una crisis diplomática con Marruecos por el espionaje a Sánchez (a pesar de que es difícil que el gobierno español reconozca que ha sido espiado por Rabat).
El tiempo, sin embargo, se le acaba a Sánchez. El presidente español no puede pretender salir de este lío sin ningún rasguño, sin tener que tomar ninguna decisión dolorosa. Mantener la mayoría que le dio la investidura tiene un coste, y es apostar por la transparencia y la asunción de responsabilidades. Caiga quien caiga. Hasta ahora solo se ha dedicado a intentar ganar tiempo con decisiones que echaban más gasolina al fuego, y ahora tiene que poner soluciones sobre la mesa que sirvan para apagar las llamas. Todo lo que sea intentar nuevas maniobras de distracción está condenado al fracaso, porque los hechos son cristalinos: una directora del CNI nombrada por la ministra de Defensa pidió al juez autorización para intervenir el teléfono del entonces vicepresidente de la Generalitat. Y si no hay indicios que estaba a punto de cometer un delito flagrante, entonces se trata de espionaje político, y ella y su superior jerárquica tienen que dimitir. Y después encontrar las fórmulas para que legalmente sea imposible que esto vuelva a pasar. Tan sencillo y tan difícil como esto.
