La dificultad de acceso a la vivienda sigue siendo uno de los problemas fundamentales del estado español. En plena discusión sobre la nueva ley que el gobierno quiere aprobar y del debate sobre la regulación de alquileres, el Ayuntamiento de la Ciudad Condal y el Área Metropolitana de Barcelona acaban de anunciar el lanzamiento de Habitatge Metrópolis. La palabra innovación ha sido la más repetida en la presentación de esta empresa mixta para la construcción de 4.500 viviendas públicas en alquiler “asequible” –por debajo de mercado–. Pero Barcelona es una ciudad donde la colaboración público-privada no es exactamente una novedad y donde estos partenariados han demostrado que no son la mejor manera de llevar adelante políticas públicas esenciales para sus habitantes.
La principal “novedad” aquí es la del alquiler, ya que la vivienda pública se ha orientado tradicionalmente hacia la compra. El objetivo declarado: “moldear” el mercado para abaratar precios en una ciudad donde los alquileres han subido más de un 40% desde 2013 y donde los desahucios por impago son ya de los más altos del estado. Pero el mercado no se “organiza” facilitando y asegurando el beneficio privado.
Curiosamente, llevamos tiempo escuchando al sector inmobiliario hablando de que hace falta vivienda en alquiler “asequible” y de su extraordinario interés en participar de ese mercado. No es por altruismo. Hoy, en Barcelona, con los salarios por los suelos, los alquileres se llevan más de un 50 % de los ingresos de los hogares de menor renta. Que sigan subiendo es simplemente inviable para el propio negocio. Se deja cada vez más gente fuera. Por otra parte, cuanta más presión del mercado, más malestar social y más protesta. El movimiento de vivienda en Catalunya está presentando un duro frente de batalla y tiene cada vez más fuerza.
Del otro lado, el sector inmobiliario lo tiene muy claro, dice que para frenar la escalada de precios –y la protesta– no hay que regular, ni expropiar, ni intervenir de ninguna forma en el mercado, hay que construir vivienda asequible. En las instituciones públicas ha habido más debate según sea el partido que las lidere, pero a la hora de construir, tanto el gobierno central, como el Ayuntamiento de Barcelona o incluso el de Madrid –más neoliberal–, todos coinciden: la mejor forma para llevar adelante proyectos que requieren inversiones fuertes es de la mano de las grandes empresas que controlan el sector. El resultado: se generan beneficios en un bien de primera necesidad, y la rentabilidad está asegurada para las empresas que asumen cero riesgo –aunque se hable de riesgo compartido–. Está claro que si los inquilinos dejan de pagar, el Ayuntamiento se hará cargo del pago de su renta o tendrá que lidiar con los desahucios. El principal escollo para las empresas que se dedican al alquiler queda aquí solventado. Negocio redondo.
Por supuesto, para construir se necesita suelo, lo que impulsa nuevos planes urbanísticos que a su vez producirán beneficios para el sector y a los que acompañarán más subidas de precios: en Madrid, la gigantesca Operación Chamartín y en Barcelona, los espacios arañados a la más modesta del 22@.
La pregunta entonces es por qué no apostar por vivienda cien por cien pública, por qué no licitar la construcción y gestionarla a través de la administración. Parece que las reglas de austeridad han secado la imaginación de los gobiernos progresistas a la hora de pensar mecanismos realmente públicos. Ante el problema de la vivienda, abrir un nuevo nicho de negocio garantizando beneficios al sector privado con el aval público no dibuja ninguna solución. Podemos y debemos aspirar a más. Sobre todo si entendemos que las empresas que han conseguido entrar en Habitatge Metrópolis son dos de las más gigantes del sector. Neinor Homes obtuvo beneficios de 10,2 millones de euros en el primer trimestre del año y Cevasa –participada por el Santander– es uno de los principales actores en el mercado de la vivienda de España. Esta última, de hecho, se ha expresado públicamente contra la Ley catalana de regulación de alquileres y los partidos políticos que la promueven. Porque queramos o no, estas empresas son actores políticos que presionan por sus intereses, la mejor manera de modelar el mercado inmobiliario es quitarles poder, no dárselo a costa de lo que es de todos. La mejor vía para garantizar el derecho a la vivienda sigue siendo desmercantilizarla, y eso no se puede hacer de la mano de los que hacen negocio con ella y los fondos buitre que las acompañan.
Nuria Alabao es periodista y antropóloga
Pablo Carmona es historiador y miembro de la Fundación de los Comunes
