Solidaridad con los manifestantes de Mallorca
¿A qué le tiene miedo la Policía Nacional en Mallorca? ¿A miles de ciudadanos pacíficos y organizados? ¿A gente que sufre por la tierra y por el futuro de sus hijos? ¿A verlos blandir las cuatro barras y oírlos manifestarse en catalán? ¿Qué intereses protege, esta policía, cuando levanta las porras contra los manifestantes? ¿Será destituido el jefe del operativo policial, aunque solo sea por incompetencia?
Las preguntas sobre la violencia policial desatada el domingo en Mallorca podrían continuar, pero más allá de las cargas está el agravante del contraste doloroso entre la preocupación cívica expresada por los manifestantes y el abuso de poder con que fueron contestados. A menudo lamentamos el individualismo de la gente que vive distraída a base de fútbol y redes. Y resulta que cuando se organizan para formular una enmienda profunda a un estado de cosas son tratados a bastonazos. No hay derecho.
Porque Mallorca es una isla saturada por tierra, mar y aire, y miles de mallorquines ya hace tiempo que dicen basta de vivir en un terreno en venta con ellos dentro. Hay una angustia social cada vez más explícita y menos sofocada en relación al colapso turístico, a la exclusión del derecho a la vivienda, a la masificación instagramera, a la destrucción del territorio. Es un problema multifactorial —en que el turismo no es el único elemento disruptivo ni totalmente negativo— que debe ser abordado, a pesar de que toque intereses muy infiltrados en la política.
Muy mal asunto cuando la respuesta al malestar de la sociedad es la violencia policial, porque aún genera más malestar y puede degenerar en más violencia. En una sociedad democrática, lo que pasó el domingo es inadmisible.
