Urnas o togas

RIDÍCULO. La situación epidemiológica en Catalunya -con todas sus derivadas: asistencial, escolar, socioeconómica- no es peor, e incluso en algunos aspectos es mejor, que en el conjunto de España. Pero no importa lo que haga el gobierno catalán, ni los ayuntamientos, porque se ha instalado el frame de que este país nuestro es ingobernable y no se merece ni la miseria de autonomía que tiene. Solo hay que poner la oreja y escuchar a la gente de orden, con el apoyo coral de opinadores de los que citan a Tarradellas cada día: “En política se puede hacer todo menos el ridículo”. Una cita que en el caso español es tristemente cierta: el episodio de la pancarta de Quim Torra, para algunos, es más escandaloso que el hecho de que la Junta Electoral lo destituyera, pasándose por la entrepierna el voto de los catalanes. Para cierta Catalunya el ridículo no se puede soportar, pero el secuestro de la democracia es tolerable. Así nos va. 

CULPABLES. Si nos ponemos a repartir culpas de la penosa situación política catalana, no acabaremos nunca. Las meteduras de pata de Junts y de ERC en el Govern, el poco sentido institucional, la descoordinación; muy bien, critiquémoslos. Critiquemos también la retórica vacía de la CUP, que no ha sido precisamente muy útil. Y los discursos incendiarios e irresponsables de Ciudadanos. Y el servilismo del PSC y de los Comunes respecto a un gobierno español que usa el buen talante de Salvador Illa para tapar una gestión basada en la táctica del avestruz. ¿O acaso las consecuencias económicas de la pandemia también son culpa de la Generalitat, que ni tiene dinero ni puede salir a buscarlo en los mercados? Todo el mundo tiene argumentos para votar a quién sea, o para votar contra quién sea, porque la situación es terrible y las perspectivas dan miedo, a pesar de que basta con mirar la prensa internacional para ver que los gobiernos están sufriendo mucho en todas partes. Podemos gritar porco governo tantas veces como haga falta. Pero esto no solucionará nuestro problema de fondo.

IMPUNIDAD. ¿Cuál es, nuestro problema de fondo? No es solo que la Constitución nos impida decidir, y que avale políticas asimiladoras. Es que las dosis de autonomía y de democracia derivadas de la propia Constitución están secuestradas por la justicia: nos regimos por un Estatut que no ha sido votado. Nuestras leyes son impugnadas de forma sistemática por tribunales de mandato caducado. Nuestros gobernantes electos están en la prisión o en el exilio. Sus sustitutos están siendo cazados como conejos por el aparato judicial del Estado. No hablo solo de Quim Torra. También de Bernat Solé, el conseller encargado de organizar las elecciones (!!), a quien acaban de inhabilitar por no impedir el referéndum del 1 de octubre cuando era alcalde. Esto pasa, qué coincidencia, la misma semana que el TSJC impide el aplazamiento electoral, sugerido por la comunidad sanitaria, y acordado por todos los partidos, con la excusa de la “inestabilidad institucional”. Es decir: los que nos desestabilizan nos obligan a ir a votar porque hay inestabilidad. El poder de las togas ha llegado a una tal sensación de impunidad, que estaría tentado de hablar de una quiebra del sistema constitucional...si no fuera porque esta operación, me temo, no es solo judicial, sino que está amparada por los otros poderes del Estado, y por los partidos políticos que pueden sacar provecho electoral. Sobre todo, por razones obvias, el PSOE y el PSC. Es por eso que el efecto Illa no es solo una jugada astuta, sino la punta de lanza de una operación de estado mucho más sofisticada que los golpes de porra de 2017. Por supuesto, todo será escrupulosamente legal: recordad que la unidad de España es fuente de derecho. Por eso no hay que preocuparse; aquí uno solo se preocupa de no hacer el ridículo.

Toni Soler es periodista y productor de televisión