Ha sido una semana carnavalesca en el Parlament de Catalunya y en el Congreso de Diputados. Pero el tono periodístico es diferente si se habla de una cámara o de la otra. Lo que pasa en el Congreso genera preocupación y disgusto, porque el Congreso es real y tangible. En cambio, las cosas de nuestro Parlament, que como todo el mundo sabe es de estar por casa, se ventilan con una risita tertuliana, con un deje paternalista que esconde cierto morro, teniendo en cuenta que tras los árboles del esperpento independentista está el bosque de la represión arbitraria del Estado, que a veces da la impresión de que sea un castigo merecido por la impericia de nuestra clase política. Y así el gobierno de las togas va haciendo camino, en España, prácticamente sin oposición. Ya nos lo encontraremos -todos juntos- el día que el imperio de la ley se convierta en la excusa para no dejarnos ni abrir la boca.
El espectáculo del Parlament a cuenta de la inhabilitación de Pau Juvillà ha sido ciertamente muy triste, otro juego de máscaras que ya ni siquiera decepciona, de tan previsible. Pero quizás de este episodio puede salir algo bueno: ahora que algunos han comprobado que la desobediencia tiene las patas cortas, y que Laura Borràs ha actuado (en su caso, sobreactuado) como lo hizo Roger Torrent, Junts y ERC están empatados en botiflerisme y quizás podrán dejar de lado competiciones absurdas.
En Madrid todo ha sido más intenso, con errores y cambios de voto sospechosos, y el PP y Vox llevando la lucha al barro, que es su territorio. En este caso, los árboles del esperpento tampoco nos dejan ver el bosque del cambio de mayorías, que es lo que realmente tiene relevancia política. Ciertamente, la reforma laboral ha salido adelante, con el apoyo de la gran patronal y los grandes sindicatos (además de Ciudadanos y el PDECat). Pero la sonrisa de Yolanda Díaz no puede ser sincera si por el camino se han quemado los puentes con los aliados preferentes del gobierno, es decir, los partidos que representan a la España plurinacional. La presión sobre los republicanos ha sido enorme, pero Gabriel Rufián no ha tenido que batallar solo: a su lado estaban Juntos, la CUP, el PNV, Bildu y el BNG. Han votado que no por motivos diversos, pero todos coinciden en decir que el gobierno ha priorizado el acuerdo con la CEOE (el PNV lamentó que no se quiso tocar “ni una coma”) y que la reforma mantiene la supeditación de los marcos laborales autonómicos, lo cual, en el caso catalán, es negar dos hechos diferenciales básicos: la preeminencia de las pymes y un coste de la vida superior a la media estatal. La reforma, en resumen, va en dirección contraria a la idea de la España plurinacional que Podemos representaba en tiempos de Pablo Iglesias.
El propio Iglesias ha lamentado este viraje. Él era el dirigente español más receptivo con el soberanismo catalán (mucho más que Díaz o Colau) y su salida de la política ha sido un paso atrás para la estrategia de la negociación con Catalunya. Pedro Sánchez tiene ahora la excusa perfecta para aplazar sine die la mesa de diálogo (lo cierto, realmente, es que hasta ahora no las ha necesitado) y ERC tendrá que decidir si le sale más a cuenta invisibilizarse en la oposición o exponerse a nuevas humillaciones.
Mientras el mundo del soberanismo debate sus estrategias, entre reproches y recordatorios absurdos, España se impone por la vía de los hechos: la realidad le dice a ERC que el diálogo no funciona si el interlocutor no lo quiere. Y la realidad le dice también a Junts (y a la CUP) que la desobediencia parcial o puntual es una pérdida de tiempo. Por lo tanto, es posible que todo el independentismo se vea abocado, sin proponérselo, a una misma conclusión. Y esto no nos garantiza ningún adelanto, pero al menos disipa la niebla del panorama.
