27/03/2022

Sin unidad política decidirán los tribunales

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imagen de una manifestación reciente en contra la sentencia del catalán y el nuevo calendario.

Una asociación profesional de guardias civiles y entidades como Convivencia Cívica Catalana, Hablamos Español y la plataforma Escuela de Todos llevarán este lunes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya una reclamación para que se ejecute la sentencia que pretende forzar el 25% de castellano en las aulas. Es el primer aviso de una situación que era evidente: pequeños grupos que buscan el conflicto lingüístico ya hace tiempo que han descubierto que pueden conseguir victorias por la vía judicial y no se detendrán. Seguirán presionando para aumentar el peso del castellano en la escuela, partiendo de la falsa premisa de que la inmersión en catalán –que ya tenemos claro que no se cumple del todo– impide un aprendizaje correcto del castellano. 

El acuerdo a cuatro bandas anunciado jueves sobre las lenguas en la enseñanza, que evita fijar cuotas y porcentajes, propone una línea educativa flexible que deje margen a los centros educativos, permita mantener la vehicularidad del catalán y esquive una política de enseñanza dictada en los tribunales. Pretende, así, mantener las decisiones sobre la educación en manos de los representantes escogidos democráticamente y, sobre todo, de los profesionales de la docencia. El acuerdo se mantiene vivo, aunque afectado por las reticencias de última hora de Junts, y sin ser, para muchos, el mejor marco deseable, puede ser ahora mismo lo menos malo posible. 

La realidad es que si los partidos políticos con sensibilidad para la protección del catalán no unen esfuerzos para mantener el peso de la lengua en la educación y la sociedad, será difícil que no acaben cediendo la política lingüística a decisiones impuestas por la vía judicial e impulsadas por grupos como los que harán la reclamación al TSJC. Sin unidad política en defensa del catalán –una unidad como la que hizo posible la inmersión lingüística en su momento–, es más que probable que tribunales y jueces, que no son precisamente pedagogos expertos, acaben decidiendo el futuro de la lengua. Y ahora ya sabemos que está amenazada, con un uso social en retroceso. 

El pacto presentado la semana pasada es una respuesta política a un conflicto abierto por la vía judicial y por ahora parece la única sobre la mesa y a mano con posibilidad de conseguir algunos resultados, ni que sea temporalmente. Seguro que es mejorable, pero los directores de los centros educativos lo avalan y piden confianza. Puede ser, además, un primer paso para volver a tejer un gran pacto lingüístico, que vaya mucho más allá de la escuela y que permita recuperar el consenso que había habido con el catalán. 

La división, en cuanto a la lengua, solo favorece a los grupos que azuzan el conflicto. Hay que sumar tantos apoyos como sea posible en la defensa del catalán, incluso los que, por razones electorales o las que sean, se han alejado en algunos momentos. Hay que superar tanto las posiciones electoralistas como las maximalistas estériles, partiendo de la realidad del país donde vivimos, no de un espejismo del país que nos gustaría pensar que es el nuestro.

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