El sistema universitario catalán está envejecido, infradotado, es caro para los estudiantes y precarizado para los docentes. Sí: las universidades catalanas encabezan los rankings españoles de calidad, pero debido a sus problemas estructurales corren el peligro de entrar pronto en una rápida decadencia. Este es el diagnóstico que hace en su último informe el Observatorio del Sistema Universitario. La advertencia es clara: si no se actúa con celeridad ya no llegaremos a tiempo.
Catalunya es la segunda comunidad con una financiación pública por estudiante más bajo, de 5.306 euros anuales por alumno en 2019, un dato que contrasta con la media estatal (5.715 euros). El liderazgo con dinero público por universitario lo tienen La Rioja (9.576), el País Vasco (9.560) y Cantabria (8.904). En cambio, los universitarios catalanes son los que pagan unos precios públicos más caros desde el 2012. Las rebajas de los últimos años han mejorado la posición de Catalunya, pero los precios continúan siendo altos. La demanda de más recursos por parte de los rectores se ha convertido en un lugar común en los últimos años, igual que la petición de una ley de universidades estatal que les ayude a gobernar mejor los centros, con flexibilidad contractual.
En este segundo punto, parece que la voz catalana ha sido finalmente escuchada. Después de un proyecto fallido del anterior ministro, Manuel Castells, el actual titular, Joan Subirats, ha presentado un texto menos reglamentista. Las universidades tendrán margen para adaptarlo a sus necesidades y singularidades. Entre otras cosas, la futura Losu aborda la cuestión de los asociados, problema endémico especialmente grave en Catalunya. La nueva ley fija como objetivo pasar del 40% al 8% de contratos temporales (la versión anterior se quedaba en el 20%). Habrá que ver como se aplica y cuál es la asignación de recursos del gobierno catalán, pero de entrada el cambio es importante. Las universidades tendrán hasta diciembre del 2024 para convocar concursos de méritos para convertir las plazas temporales en estructurales. También se establece que el profesorado funcionario llegue en el conjunto del Estado al 55% (ahora se sitúa en un 51%). Para evitar que en el futuro se vuelvan a disparar los asociados, se crea la figura del sustituto, que sustituirá el PDI (personal docente e investigador) y tendrá un contrato de tres años con derecho a reserva del lugar. También se pone en marcha la figura del profesor visitante, con un contrato máximo de dos años. En cuanto a los ayudantes de doctor, quedan excluidos de la categoría de temporales y se les diseña una carrera interna de 10 años.
Formación en metodologías docentes y formación permanente, contratos de prestigio fuera de la carrera funcionarial, facilidades en la concesión de visados para atraer talento de profesores y estudiantes extranjeros, más derechos para los estudiantes (incluida la huelga académica), equidad de género, llegar a una financiación universitaria que suponga el 1% del PIB (ahora es el 0,7%) y sistemas de gobernanza en manos de cada universidad. Todo ello son herramientas para hacer posible el cambio imperativo que le hace falta al mundo universitario, que en el caso catalán se tiene que aprovechar para conjurar los peligros de marcha atrás y encarar el futuro con máxima ambición.
