Vox debe responder (y el PP también)

Como pudo explicar –afortunadamente– el propio Aleix Vidal-Quadras, el intento de asesinato que sufrió el jueves "podía estar vinculado" con sus relaciones con la oposición iraní en el exilio. Lo tendrán que aclarar las investigaciones policiales, pero sobre estas relaciones, también Vidal-Quadras hizo público hace ya tiempo que Vox se había fundado con donativos por valor de un millón de euros del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI), un lobi de ricos iraníes en la diáspora, contrarios al régimen islamista de Teherán, que también debería sufragado un 80% del coste de la campaña de Vox para las elecciones europeas de 2014. Vidal-Quadras presumía que esta generosidad venía motivada por su excelente relación personal con el CNRI durante su etapa como eurodiputado, durante más de 18 años. Vidal-Quadras asistió, en París, a decenas de actos del CNRI, junto con otros eurodiputados de diferentes grupos parlamentarios de Bruselas, reunidos en un grupo que se hacía llamar Amigos de Irán Libre (similar al Grupo de Amistad con Qatar que tenía nuestro novio José Ramón Bauzá: se trata de grupos de eurodiputados que literalmente venden su influencia política a millonarios de Oriente Próximo, en operaciones tan oscuras como los intereses que las motivan). Vidal-Quadras también explicaba que Santiago Abascal era conocedor de la procedencia iraní de todo ese dinero, y que no sólo no ponía ningún escrúpulo, sino que “le parecía muy bien”.

En otro orden de cosas, Abascal proclamaba hace unos días que España ha caído en una dictadura, en referencia al acuerdo de investidura entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont y, por extensión, con los independentistas catalanes. Era, por tanto, del mismo parecer que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la venenosa competición que mantienen los líderes del nacionalismo español de derecha para ver quién llega más lejos en cuanto a excesos verbales.

Pero antes de eso, Abascal había llamado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la insurrección, al pedir a la policía que no cumpliera “órdenes ilegales”. Se refería a las supuestas órdenes (de Pedro Sánchez) que habrían motivado las cargas contra las manifestaciones no autorizadas de neofascistas frente a la sede del PSOE. No hace falta recordar que, al contrario de esto (haber llamado a la disolución de una manifestación), Jordi Sànchez y Jordi Cuixart sufrieron dos años de prisión preventiva y recibieron una condena de nueve años de prisión del Tribunal Supremo.

Es hora de que Vox responda de las dudas que suscita su financiación. También de sus proclamas, tan contrarias a la legalidad vigente como buena parte de su actuación política en las comunidades autónomas –como la Comunidad Valenciana o Baleares– donde gobierna o tiene acuerdos de gobierno con el PP. Y es hora, también, que el PP tenga que dar explicaciones por el hecho de tener de socio un partido como éste, con el que, a día de hoy, decide políticas (la segregación de alumnos por razón de lengua, entre otros) que vulneran estatutos de autonomía o la propia Constitución.