Vuelve el baile de la financiación autonómica
Ha empezado el baile de la financiación, que funciona provisionalmente desde 1986. Es una de esas provisionalidades que duran toda una vida, y así permite un poco de juego político de vez en cuando. El último acuerdo de revisión de la financiación autonómica (bajo la égida Zapatero) entró en funcionamiento en 2009, y desde 2014 está pendiente de revisión. El primer año, 2009, mejoró los recursos para Catalunya... pero, como siempre en las anteriores décadas, a partir del segundo año de vigencia del acuerdo se torcieron las cosas, y se fue volviendo al estadio previo, muy insatisfactorio.
La cuestión de Catalunya y los acuerdos de revisión de la financiación es de nota. Los cinco acuerdos históricos desde 1986 (cinco de cinco negociaciones, cuatro con gobiernos CiU y uno con Tripartito) han tenido la misma trayectoria: cada acuerdo mejoraba la situación respecto al año anterior al de la entrada en vigor, pero esta mejora se diluía en gran medida, incluso totalmente, en los años posteriores. Es como si cada acuerdo histórico fuera una caja muy grande con un lazo muy bonito que, una vez abierta, llevara otra caja interior con una cosa de esas de los concursos que pone: “Inténtelo otra vez”.
Desde 2009 no ha habido "otra vez”. El ministro Montoro Romero, con gobierno del PP, lo intentó en 2015... sin demasiadas ganas, realmente. Entonces el gobierno catalán decidió no participar en las negociaciones y conversaciones previas al baile, y la fase final nunca llegó. La posición del Govern obedecía a dos motivos. Uno, institucional: se reclamaba un trato bilateral con el gobierno central. Recuerden, era 2015. El otro, más político: en las anteriores revisiones del sistema de financiación, el gobierno catalán había actuado de solucionador de problemas de infrafinanciación de las comunidades más pobladas y había recibido caña por insolidario, sin sacar una mejora significativa y duradera de los acuerdos. No parecía apropiado volver a pagar el pato. Recuerden, una vez más, era 2015.
Ahora ya no estamos en 2015, sino a punto de entrar en 2022. El gobierno de Sánchez se ha propuesto de verdad revisar el acuerdo del sistema de financiación. Aparte de conversaciones previas, incluso ha empezado ya a sonar la música del baile.
La primera canción se llama "población ajustada". Es una de las bolitas más interesantes del juego. Se coge la población de cada región y se dice que no vale, y que se contará otra población más "ajustada" a lo que cuestan los servicios. Se pensará: ostras, finalmente han decidido considerar lo que cuestan las cosas en cada región (nivel de precios regional). Pero no: se mezclan conceptos de dispersión, envejecimiento, despoblación... curiosamente, conceptos que ya se tienen en cuenta en otras partes del sistema y que, en realidad, ¡a menudo reducen costes!
Ningún estado políticamente descentralizado monta estos escándalos para determinar la distribución regional de recursos. Claro que España es un estado administrativamente descentralizado; no lo es, sin embargo, políticamente (si hubiera descentralización política los tribunales no fijarían porcentajes de lenguas en las escuelas). Por lo tanto, se usa este sistema para lo que se usa siempre la arbitrariedad: para favorecer a unos y perjudicar a otros.
Las favorecidas son, como habitualmente, las regiones de la meseta peninsular que rodean Madrid y las del noroeste (recuerden que el País Vasco y Navarra no están invitados a esta fiesta, y comen aparte): ambas Castillas, Extremadura, La Rioja, Cantabria, Asturias, Galicia, Aragón... Y las más perjudicadas, Andalucía, Catalunya, Madrid y País Valenciano. Por cierto, en el País Valenciano, región decana en infrafinanciación, han celebrado como hito histórico que el gobierno central comunique la "población ajustada" antes de aplicarla. De aquí a negociarla, veremos el camino (mismejores deseos)... que probablemente acabará con una nueva decepción recibida con la mejor cara posible. Al fin y al cabo, como decía Gato Pérez en Pedro Navaja, “si naciste pa’ martillo, del cielo te caen los clavos”.
Y mientras tanto, ¿qué tiene que hacer el gobierno de la Generalitat? La cosa es compleja. El primer movimiento del gobierno central, en su conjunto, empeora la situación de Catalunya. Una posible vía es negociar para que las cosas se quedan como están, y expresar satisfacción con la consecución (si se consigue), o si se puede simular que se consigue, aunque sea solo para el primer año, como siempre. Pero esto tendría una contraindicación obvia: si el gobierno central perjudica los actuales feudos del PP, Andalucía y Madrid, con el aplauso de Catalunya, el ruido resultante podría favorecer el triunfo de PP y Vox en las próximas elecciones.
Otra posibilidad sería cambiar de chip: participar en el baile, y hacer propuestas "más generosas y solidarias", aunque empeoremos un poco, a fin “de ahorrarle coste electoral en el gobierno central", y alejar la perspectiva de un gobierno PP+Vox. Esta opción no dejaría de ser una orientación consistente con la dominante en la política catalana en los últimos tiempos.
Claro que siempre queda la alternativa de mirárselo un poco de lejos. Y con discreción y buena letra, tratar de minimizar daños. Más vale eso que nada.
