151 días sin comparecer en el hemiciclo: ¿quién ha controlado al Gobierno en funciones?

BarcelonaCataluña ha vivido este viernes el desenlace de las negociaciones de investidura con la decisión de Esquerra de investir a Salvador Illa. Pero, mientras estos pactos se cocinaban, el Govern en funciones de los republicanos ha tenido que seguir gestionando el día a día en la administración catalana a la espera de que un nuevo inquilino llegue a la Generalitat. Ahora bien, lleva 151 días sin dar explicaciones ante el pleno: la última sesión de control en el Parlament fue el 6 de marzo, marcada por la posición del presidente Pere Aragonès sobre el Hard Rock antes de la votación fallida de los presupuestos que precipitó la convocatoria de elecciones. Pese a la insistencia de una parte de la oposición para que Aragonés traslade de viva voz al hemiciclo qué se ha hecho y qué no en estos meses, el período ordinario de sesiones ha terminado sin que esto se haya producido. ¿Quién ha fiscalizado el trabajo del ejecutivo al frente de la administración catalana desde el 12 de mayo?

El PP, la CUP y Vox son los únicos grupos que han presionado para que Aragonés compareciese tras las elecciones para rendir cuentas, pero la junta de portavoces lo ha rechazado. El PSC, Esquerra y los comunes han estado inmersos en una negociación que finalmente ha culminado esta semana en el pacto para investir a Isla y, en este contexto, ninguno de ellos ha querido pinchar al Govern. Tampoco lo ha hecho Junts, que se ha mirado de reojo estas negociaciones con la vista puesta en la vuelta de Carles Puigdemont y tampoco quería entrar en conflicto con un socio con el que quería reponer puentes. Durante las últimas semanas, el Parlament también ha tumbado peticiones de los cuperos para que los consejeros de Territorio, Acción Climática y Salud comparecieran en comisión y, desde el grupo parlamentario, denuncian que el ejecutivo no les ha suministrado documentación que han pedido sobre los recortes a los hospitales y el proyecto de eólica marina de Roses.

Desde el Gobierno aseguran que no han ido a rendir cuentas sobre la gestión de los últimos meses porque la cámara no les ha llamado: "Estamos a disposición de dar las explicaciones que hagan falta, de comparecer ante el Parlament cuando así lo decidan los grupos parlamentarios por mayoría", dicen en el ARA fuentes de la Generalitat. En el 2021 el gobierno presidido por Aragonès –entonces vicepresidente en funciones– celebró dos sesiones de control entre las elecciones del 14 de febrero y la investidura de Aragonès en mayo. ¿Qué ha cambiado? Que entonces el Parlamento lo pidió y además era un contexto muy "marcado" por la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, con una actividad mucho más "intensa" por parte del ejecutivo en funciones, argumentan las mismas fuentes .

¿Es constitucional?

Pero, por acción o por omisión, ¿se puede fugar el Gobierno en funciones del control parlamentario? En una sentencia de 2018, el Tribunal Constitucional fue tajante: "La función de control que corresponde a las Cortes Generales está implícita en su carácter representativo y en la forma de gobierno parlamentario [...]. En la medida en que sigue desarrollando actividad, ésta no puede quedar exenta de control". En ese caso, fue el PSOE quien recorrió la negativa del gobierno del PP de Mariano Rajoy a comparecer ante el Congreso en el 2016 para esclarecer qué había defendido en una reunión de la OTAN. Los expertos consultados por el ARA coinciden en que esta sentencia es extrapolable al Gobierno.

"El control es intrínseco a nuestro sistema constitucional", afirma el profesor del máster en derecho público de la Universidad Abat Oliba CEU Pablo Nuevo. El experto alerta, además, de que algunas medidas aprobadas recientemente por la Generalitat –como el decreto de régimen lingüístico en la escuela o sobre el registro de objetores de conciencia en el aborto– pueden sobrepasar los límites del "despacho ordinario" de funciones a las que debería ceñirse el ejecutivo en funciones, según establece la ley. En este sentido, reivindica que los grupos deberían poderlas fiscalizar en sede parlamentaria y no sólo a través de las preguntas que el Gobierno ha seguido respondiendo por escrito en este tiempo.

¿Potestad u obligación?

Por otra parte, el artículo 161.1 del Reglamento del Parlament establece que en todas las sesiones ordinarias es necesario "reservar" una hora para que los grupos puedan preguntar al Gobierno. El catedrático de derecho constitucional de la UB Xavier Arbós cree que esto forma parte del derecho de participación política de los diputados que reconoce el artículo 23 de la Constitución y que, por tanto, no puede depender del hecho de que la junta de portavoces decida o no incluirlo en el orden del día. "Es irrelevante, en este sentido, que el Gobierno esté en funciones", defiende el catedrático. Y advierte que, llegado el caso, los grupos que ven frustradas las expectativas de preguntar al ejecutivo durante el pleno podrían interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Antes de las elecciones hubo dos comparecencias en la diputación permanente: la consellera Gemma Ubasart acudió por la crisis a Mas de Enric, y el conseller David Mascort, por la sequía. Fuentes del Govern también destacan que la semana pasada el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, compareció "a petición" del ejecutivo ante la comisión de materias secretas del Parlament, a puerta cerrada.