¿Cómo aguantará Pedro Sánchez hasta el 2027?

Madrid"Acabaremos la legislatura en el 2027". La frase la pronunció hace dos semanas Pedro Sánchez en la rueda de prensa de balance del año desde la Moncloa y sintetiza en cinco palabras la hoja de ruta que el gobierno español y el PSOE repiten incansablemente desde hace meses. Pese a la tormenta judicial, la debilidad parlamentaria, las dudas de Sumar y la cascada de denuncias de acoso sexual y laboral dentro del PSOE, que han sido los grandes obuses en la línea de flotación del proyecto del líder socialista, la férrea voluntad de Sánchez es agotar la legislatura que arrancó en el 2023. PP y Vox para reeditar la disyuntiva que le dio sus frutos el 23-J.

El reto prioritario que tendrá el presidente español a la vuelta de las vacaciones de Navidad será la presentación de los presupuestos del 2026. En los últimos dos años, el PSOE ha renunciado a su elaboración –el PP lo ha llevado al Constitucional–, pero en verano Sánchez se comprometió a dar el paso a pesar de los riesgos que comporta. Podemos y Junts avisan de que no lo pondrán fácil. Los de Carles Puigdemont han roto, por ahora, la relación con los socialistas y ya votaron en contra de los objetivos de déficit y deuda, el primer gran trámite para nuevas cuentas públicas. Pero si el gobierno español no consigue que los presupuestos reciban luz verde –siguen prorrogados los del 2023–, Sánchez seguirá remitiéndose a los fondos europeos –una "herramienta fantástica", en sus palabras– ya transferencias extraordinarias.

La intención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es presentar un proyecto en febrero. Para allanar este camino, el gobierno español debe seguir haciendo los deberes con los socios de investidura. Lo primero que se acelerará es el nuevo modelo de financiación y el traspaso de Cercanías, comprometidos con ERC: el mes de enero será clave para ambas carpetas. Mientras, Junts sigue reclamando –entre otras cosas– conseguir la oficialidad del catalán en la Unión Europea y que se publiquen las balanzas fiscales, una medida en la que Hacienda ya está trabajando. Y el PNV está a la espera de que se consumen los traspasos pendientes –por ejemplo, de las prestaciones de desempleo y no contributivas, del seguro escolar o de Salvamento Marítimo.

¿Qué hacer sin el Congreso?

En paralelo, el gobierno español quiere seguir implementando la agenda social, indican fuentes gubernamentales en el ARA. En este sentido, el encargo que ha hecho Sánchez a los ministerios es echar millas con medidas que no necesiten el visto bueno del Congreso, donde la alineación de los astros es cada vez más complicada. "Hay cuestiones que no necesitan un rango de ley", defendía el lunes la flamante portavoz del gobierno español, Elma Saiz.

Por ejemplo? La vicepresidenta segunda del gobierno español quiere endurecer el registro de la jornada laboral, una medida incluida en la ley que debía rebajar la semana laboral a 37 horas y media y que descarriló por la negativa de Junts, el PP y Vox. El ministerio de Trabajo podrá regular el registro sin pasar por el Congreso –la iniciativa todavía se está tramitando–, pero no podrá incrementar sus sanciones. Otro caso: en el marco de el acercamiento a Junts promovido por Sánchez, se dio luz verde hace unas semanas a una línea de ayudas –aunque todavía no hay presupuesto adjudicado– para los impagos del alquiler de viviendas a jóvenes y colectivos vulnerables que no necesita el beneplácito del Congreso. El aumento del salario mínimo interprofesional tampoco debe someterse a votación.

Cuando no hay más remedio que ir al Congreso, la fragmentación parlamentaria ha incentivado que la Moncloa utilice con frecuencia la figura del real decreto ley: una norma con rango de ley prevista para casos con "extraordinaria y urgente necesidad" y que debe ser convalidada por la Cámara Baja. Y la estadística es clara: han recibido luz verde el 86% de los decretos –se han derogado cuatro–, mientras que sólo el 23% de los proyectos de ley han llegado a buen puerto –hay 63 que han naufragado o siguen atascados–. En este sentido, una estrategia habitual del gobierno español es recurrir a los llamados decretos ómnibus, que mezclan medidas de índole muy variada: en el último decreto del año, que será la primera votación de 2026, ha incluido –entre otros– la subida de las pensiones, la suspensión de los desahucios de familias vulnerables, el bono social eléctrico y medidas fiscales por la dana de la Comunidad Valenciana y los incendios del verano.

Entre Soto del Real y el Supremo

Otro foco de atención para la Moncloa en los próximos doce meses serán, inevitablemente, los tribunales. El Supremo prevé arrancar a finales de febrero el juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la compra de material sanitario durante la pandemia. Desde Ferraz, hace tiempo que han querido levantar un cortafuegos respecto a quien fue número 3 del partido. "Ningún gobierno en la historia actuó con tanta contundencia contra la corrupción", presumía Óscar López el martes en una entrevista en TVE.

¿Ábalos será una bomba de relojería para el PSOE? Los días antes y después de entrar en la prisión de Soto del Real, el exministro comenzó a disparar a diestro y siniestro contra excompañeros de filas, pero recientemente ha asegurado que no tiene pruebas de "hechos delictivos y actividades ilícitas" que involucren a Sánchez. Eso sí, el ex secretario de organización del PSOE está en el punto de mira por los pagos en efectivo que se hacían en Ferraz. La auditoría encargada por el partido ha encontrado gastos "sorprendentes" de Ábalos, pero ha descartado la financiación ilegal.

Los socialistas también tendrán que estar al acecho de los avances de las investigaciones relativas al caso de Leire Díez –de maniobrar para desacreditar a la Guardia Civil, jueces y fiscales–, al caso de la SEPI y al caso Plus Ultra. Además, también podría haber los desenlaces de las causas judiciales contra el hermano y la mujer del presidente español, que han sido los dos eslabones de los socialistas por acusar a los jueces de "hacer política".

En cambio, en su habitual toma y daca con Alberto Núñez Feijóo, Sánchez podrá aferrarse a causas que salpicarán –directa o indirectamente– al PP. El principal foco será el juicio de la Kitchen, que arrancará en abril con el exministro Jorge Fernández Díaz y su cúpula en Interior como investigados por urdir un operativo parapolicial para sustraer información a Luis Bárcenas. Además, se prevé que exista el juicio contra Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal. También adelantarán las investigaciones del caso Montoro y de la gestión de la dana.