Sánchez entierra la vía del déficit, pero salva medidas sociales en el último pleno en el Congreso

MadridEl gobierno español ha vivido un último pleno del año en el Congreso –el primero con José Luis Ábalos suspendido como diputado– agridulce, pero sin sobresaltos. Por un lado, ha vuelto a perder la votación de la vía de estabilidad (objetivos de déficit y deuda), algo que ya se preveía. Pero por otra parte ha salvado una serie de medidas sociales: las ayudas a los afectados por el volcán de la Palma, el incremento de los sueldos de los funcionarios o la tramitación de la reforma de la ley por los derechos de las personas con discapacidad y la reforma de la ley de dependencia. A ello se añaden los llamados decretos Junts, con las exigencias de los de Carles Puigdemont que el PSOE ha desbloqueado para tratar de rehacer la relación, y que también han prosperado. Desde el gobierno español se lee con entusiasmo el resultado del pleno: "Se hace mucho ruido, pero salvamos votaciones", señalan fuentes gubernamentales. Eso sí, Pedro Sánchez ha optado este jueves por el voto telemático y no ha asistido a lo que ha sido la última sesión de 2025 en el Congreso, donde el tema de conversación han sido las últimas detenciones por las sospechas de corrupción que rodean al ejecutivo español y al PSOE.

Vía libre para unos presupuestos generales

Vamos a palmos. Aunque el Congreso haya tumbado por segunda vez los objetivos de déficit y deuda (vía de estabilidad) por los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, una vez pasado este trámite el ministerio de Hacienda ya tiene vía libre para presentar unos presupuestos generales del Estado (PGE) para 2026, tal y como se ha comprometido Pedro teniendo en cuenta la rotura con los de Carles Puigdemont y la amenaza de estos de no abrirse a negociar: "Ni objetivos [de déficit] hoy, ni presupuestos [del Estado] mañana", ha advertido el diputado de Junts, Josep Maria Cruset, este jueves desde la tribuna del Congreso. Sea como fuere, la intención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es presentar unos PGE el próximo mes de febrero.

Por ley, el gobierno español debe aprobar esta vía de estabilidad antes de presentar unas nuevas cuentas públicas y tiene hasta dos intentos por recibir la luz verde del Congreso. El primer intento lo perdió el pasado 27 de noviembre, cuando estas formaciones ya votaron en contra. Y el segundo intento fue el de este jueves, cuando el resultado se repitió. Pero una vez enterrada definitivamente, Hacienda simplemente debe remitirse a los objetivos de déficit y deuda en vigor –en este caso los del último plan fiscal estructural enviado a Bruselas– y puede echar millas en la elaboración de los PGE. La clave es que estos objetivos ya no deben votarse en el Congreso.

¿Qué cambia?

Más allá de la rotura entre Junts y el PSOE –los primeros lo materializan bloqueando todas las normas que no se han negociado con ellos–, y aunque en los últimos días los socialistas han intentado reconducir el vínculo, por lo que los de Carles Puigdemont han rechazado la vía de estabilidad es porque consideran insuficiente el margen de déficit que se plantea 2026-2028: un déficit de un 0,1% del PIB. Por su parte, los populares utilizan el mismo argumento. Si se asume el objetivo de déficit del último plan fiscal estructural enviado a Bruselas, las comunidades autónomas tendrán que cerrar el 2026 con un déficit del 0% del PIB, es decir, con equilibrio presupuestario, o al menos así lo interpretan desde Hacienda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las nuevas reglas fiscales europeas sitúan en el punto de mira la regla de gasto.

El "decreto Juntos"

El Congreso también dio luz verde a los "decretos Juntos" con las demandas de los de Carles Puigdemont. De esta forma, se ha aprobado la prórroga de la entrada en funcionamiento de Verifactu, el nuevo sistema de facturas para pymes y autónomos, que ahora Hacienda deja para el 1 de enero del 2027 en lugar del próximo año, como estaba previsto inicialmente. Esta decisión de última hora ha supuesto un quebradero de cabeza para empresas y trabajadores autónomos. Aunque algunos lo han celebrado –las patronales han asegurado que no todo el mundo se había podido adaptar y clamaban, también, para posponer su entrada en funcionamiento–, otros se han quejado porque ya habían asumido el coste del nuevo modelo de facturación, actualizando los programas informáticos.

En este sentido, ERC ha anunciado que ha votado a favor después de acordar con el gobierno español una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para que "los ayuntamientos con ahorros puedan utilizar el superávit para políticas sociales". Según han explicado los republicanos, "el calendario de tramitación de esta nueva iniciativa empezará en febrero de 2026 y concluirá dentro del mismo período de sesiones".

También ha prosperado la habilitación para que ayuntamientos, otros entes locales y comunidades autónomas puedan gastar el superávit de 2024 en "inversiones financieramente sostenibles", así como el traspaso a la Generalitat de la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los funcionarios locales con habilitación nacional, como son secretarios, interventores.

Otras votaciones

Pero las votaciones socioeconómicas de este jueves en el Congreso no han terminado aquí. La cámara baja española ha dado luz verde a las ayudas por los afectados del volcán de la Palma, pero también en el incremento de los sueldos públicos un 11% durante el período 2025-2028. En este caso, el gobierno español ha contado con los votos favorables del PP y el resto de socios habituales, mientras que Junts se ha abstenido y Vox ha votado en contra.

Asimismo, el Congreso ha rechazado el grueso de las enmiendas a la ley de Atención a la Clientela que el PP introdujo en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, por lo que la norma ya se enviará al Boletín Oficial del Estado para publicarse. La última prueba de fuego para Pedro Sánchez ha sido el inicio de la tramitación de la reforma de la ley de Derechos de las personas con discapacidad y la reforma de la ley de Dependencia, en torno a las cuales Junts y el PNV habían presentado enmiendas a la totalidad y que finalmente han decaído.