Aldama salpica al PSOE en el cobro de comisiones en la trama Koldo

MadridEl empresario Víctor de Aldama va soltando con cuentagotas nuevas acusaciones contra el gobierno español y el PSOE. El comisionista del caso Koldo ha ratificado este lunes ante el Tribunal Supremo que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor cobraron comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos, pero también al PSOE. En un interrogatorio de tres horas ante el magistrado Leopoldo Puente, confirmó lo que ya había manifestado hace casi un mes en la Audiencia Nacional, con alguna novedad: las comisiones cobradas no serían sólo de contratos vinculados a material sanitario, sino también de obra pública. De la primera rama ya explicó que serían unos 5 millones y de la segunda la cifra sería aproximadamente entre 3,5 y 4 millones, que se habrían repartido también a Ábalos, Koldo y al PSOE. Que una parte iba al partido no lo sabía él directamente, ha dicho, sino que se lo trasladó a Koldo.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, ha aportado unas capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp con Koldo García y un papel escrito a mano que supuestamente indicaría los contratos que forman parte de la trama. Además, afirmó que pagó el alquiler de tres pisos de Airbnb en Madrid a los que acudían Ábalos y el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acompañado de "señoritas". El expresidente de Canarias ha aseverado que ampliará sus acciones legales contra Aldama por este "ataque inaceptable al honor ya la honestidad". "Las mentiras y falsedades sin pruebas no pueden quedar impunes", ha subrayado. También el PSOE ha anunciado una querella por injurias y calumnias.

Otra de las novedades, más allá del contenido de la declaración, es que Aldama ha llegado y marchado acompañado del líder de Desokupa, Daniel Esteve, que le ha dejado y recogido en la puerta del Supremo. En una entrevista hace unos días en la cadena Cope, afirmó que temía por su seguridad y Desokupa no dudó en ofrecerle protección. "Si quieres llegar vivo al juicio, yo te ofrezco protección con mi equipo: coches blindados, chalecos, lo que necesites... Te costará una pasta, porque pasta tienes", decía hace unas semanas Esteve en un vídeo. Esta mañana ya ha publicado un tuit en X en el que anunciaba que "Aldama is back [vuelve a estar aquí]" y que "hoy habrá sorpresas". Desokupa es una empresa vinculada a la extrema derecha y condenada judicialmente que se dedica a desalojar a golpe de intimidación.

A la espera de pruebas

La declaración de este lunes no fue una bomba como la de la Audiencia Nacional, en la que compareció voluntariamente y pudo salir en libertad. El comisionista confeso del caso Koldo salpicó no solo al exministro Ábalos, sino también a parte de la actual cúpula del PSOE e incluso al presidente español, Pedro Sánchez, aunque tangencialmente. Los socialistas lo negaron todo y le acusaron de mentir como estrategia de defensa, pero Aldama ha insistido desde entonces en que lo demostrará todo con pruebas. Lo que sobre todo está esperando es que la Guardia Civil desencripte los teléfonos móviles que le intervinieron. Hace unos días aportó al tribunal una captura de pantalla del anexo del proyecto de presupuestos del Estado del 2021 en el que aparecían subrayados contratos que supuestamente habían sido corrompidos y la semana pasada un listado de casi un centenar de pujas.

Sin embargo, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ha desmontado las acusaciones explicando que hay adjudicaciones sin pujar, otras en las que todo está correcto y otras que no había concedido Ábalos. Algunos les habían adjudicado ministros del gobierno del PP como Ana Pastor e Íñigo de la Serna y otros Raquel Sánchez, la ministra de Transportes que sucedió a Ábalos. "Todo lo que ha dicho en sede judicial, en lo que hace referencia a los contratos del ministerio, es absolutamente falso. Lo hacemos de forma seria con un informe que firmaré hoy y presentaré al Supremo", ha afirmado Puente. Se trata de dos informes, uno de Adif y uno de la dirección general de Carreteras, que concluyen que no se han observado actuaciones irregulares.

La declaración de Aldama, rodeada de una gran expectación mediática, llega después de que el jueves fue Ábalos quien dio explicaciones al Supremo. Durante tres horas, el todavía diputado y ex secretario de organización socialista negó haber cobrado comisiones a cambio de facilitar contratos de material sanitario durante la pandemia y desmintió la versión de Aldama, según la cual le había abonado 250.000 euros en efectivo. Este lunes el empresario ha elevado la cifra a 450.000 euros para Ábalos, además de otras contrapartidas en especias. En este sentido, ha aportado al tribunal un contrato de alquiler de un piso de 1,9 millones de euros en el paseo de la Castellana que, a su juicio, era una contrapartida en los contratos "preadjudicados" en la trama corrupta. Ábalos ya manifestó que le rechazó cuando se enteró de que vivía alguien.

La clave del caso pasa por las pruebas "más que suficientes" que el empresario asegura tener. Su relato de los hechos incluye supuestos pagos en B a Santos Cerdán, número tres del PSOE, y en el número 2 de María Jesús Montero, Carlos Moreno, quien también ha ratificado este lunes. Sobre Sánchez, Aldama hasta ahora se ha limitado a decir que el presidente estaba en contacto permanente con Ábalos "para consultárselo todo". ¿También sobre la trama de las mascarillas? "Quiero entender que sí", soltó hace unos días.

La Guardia Civil detiene a la empresaria que afirmó haber entregado 90.000 euros a Ferraz

En paralelo a la declaración de Aldama, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil avanza diligencias de la otra causa en la que está investigado el empresario, vinculada al fraude en el sector de los hidrocarburos y que instruye a la Audiencia Nacional el juez Santiago Pedraz. La UCO ha detenido a la empresaria Carmen Pano, que afirmó haber entregado bolsas con 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE de Ferraz, ya otras tres personas, según Eldiario.es. Además, cacheó este lunes sedes de empresas en Madrid, Calatayud, Sevilla y Toledo. Al menos las de Calatayud serían compañías de Luis Alberto Escolano, también imputado. En noviembre Escolano compareció como investigado ante el juez Ismael Moreno en la causa de las mascarillas y negó su participación en el entramado de cobro de comisiones relacionadas con contratos durante la pandemia.