Arranca el primer juicio del caso Koldo: compra de mascarillas, enchufismo y favores políticos

Madrid“Un acuerdo que tenía por objeto la futura comisión de delitos a medida que se fueran presentando las oportunidades de cometerlos”. Después de un año y medio de investigación, así es como resumió el juez Leopoldo Puente la operativa que ha llevado a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama al banquillo de los acusados. El entonces ministro se valía de su “valiosa influencia”, el asesor aprovechaba sus “oficios” y el empresario y presunto facilitador buscaba empresas o particulares que quisieran hacer gestiones con la administración para hacer valer sus intereses de manera “arbitraria”. Todo ello, según la Fiscalía Anticorrupción, a cambio del “pago continuado de cantidades de dinero elevadas” en el marco de un “convenio criminal”. Y esta semana el Tribunal Supremo da el pistoletazo de salida al juicio, que será el primero relacionado con el caso Koldo –hay otras ramas investigadas en la Audiencia Nacional, como las adjudicaciones de obras públicas que salpican a Santos Cerdán–. Quien fuera ministro de Transportes, secretario de organización del PSOE y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez está en la prisión de Soto del Real desde finales de noviembre, renunció al acta de diputado hace dos meses y ahora se enfrenta a entre 24 y 30 años de prisión. Sobre la mesa habrá nueve delitos, entre los cuales destacan los de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

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La principal pata de la causa, bautizada como caso mascarillas, es la compra de mascarillas por parte de Puertos del Estado y Adif –dos empresas públicas que dependen del ministerio de Transportes– a Soluciones de Gestión, la empresa que estaba en el epicentro de la presunta trama. Víctor de Aldama consiguió “información previa y privilegiada” sobre el contrato y eso posibilitó que esta empresa pudiera aliarse con otras sociedades incluso antes de que se publicase la oferta. Aldama aseguró que él mismo creó, en abril de 2020, un documento Excel que preveía una comisión de 2 millones de euros para Ábalos y de 500.000 euros para Koldo, que eran lo que ellos le habrían pedido. Aldama creyó que no podían aspirar a cantidades tan elevadas, pero no queda claro qué remuneración habrían acabado cobrando por esta operación. En cambio, en su escrito de defensa, Ábalos niega totalmente que llevara a cabo ningún “plan criminal” para facilitar contratos públicos a cambio de una comisión: “No hubo ingresos ilegales”, subraya. Y recalca que los precios que se pagaron no eran ni “excesivos” ni “superiores a los de mercado o a los que habían pagado otras administraciones”.

Asimismo, el juicio también pondrá la lupa en otros episodios en los que Ábalos presuntamente habría aprovechado su influencia: la contratación de su pareja y su amante –en momentos diferentes– en empresas públicas, el rescate de Air Europa y la publicación de una nota de prensa que tranquilizó a los acreedores, las gestiones de Koldo para facilitar reuniones de empresarios con los jefes de gabinete de las entonces ministras Reyes Maroto y María Jesús Montero. Los obsequios que la Fiscalía asegura que recibió Ábalos –y que él también niega– fueron el pago del alquiler del piso de Jessica Rodríguez, un chalé en Marbella donde pasó unos días en agosto de 2020 y un chalé en Cádiz que alquiló durante unos meses en 2021.

El dinero en efectivo de Ábalos y Koldo

La principal contraprestación que Aldama asegura que pagaba a Ábalos y Koldo eran 10.000 euros mensuales en efectivo que les habría entregado entre octubre de 2019 y julio de 2022. Él se los daba al asesor, que se los repartía con el ministro. A veces los recibía el hermano de Koldo, que incluso habría viajado dos veces a la República Dominicana. El exministro lo niega: “No hay ningún flujo de 10.000 euros mensuales, ni directamente ni a través de intermediarios”.

Ahora bien, el juez instructor se remite a un informe de la Guardia Civil sobre su patrimonio. Mientras Ábalos era ministro, “se incrementaron sensiblemente” sus ingresos en metálico y, en cambio, “desaparecieron totalmente” las retiradas de efectivo. Y un esquema muy similar se reprodujo con Koldo: un "aumento significativo" de los ingresos y un “descenso muy acusado” de las retiradas de billetes. Leopoldo Puente sospecha que el dinero podría proceder de una “fuente irregular”. A pesar de ello, la defensa de Ábalos sostiene que no hay “cambios significativos” y que no se observan las “desviaciones que se esperaría encontrar”, teniendo en cuenta que se trata de “grandes cantidades de dinero”.

La confesión de Aldama

Uno de los motivos de peso que llevó al juez Leopoldo Puente a enviar a los tres acusados a juicio fue todo lo que ha ido declarando Víctor de Aldama a lo largo de la instrucción. “Las declaraciones son relevantes en muchos casos para aclarar lo que pasó y han sido corroboradas por otros resultados de la investigación”, sostuvo. En la misma línea, la Fiscalía Anticorrupción hizo valer que Aldama ha hecho “manifestaciones relevantes y veraces que coinciden con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento”.

De hecho, esta colaboración ha permitido que las penas que piden el ministerio público y el PP sean sensiblemente inferiores a la de los otros dos acusados. Ahora bien, Aldama no tiene suficiente y quiere reducir aún más la pena con el atenuante de confesión “muy cualificada”. Apela a su “colaboración proactiva” con la justicia desde una “data temprana” y subraya que ha permitido “impulsar y ampliar” la investigación con “escritos, evidencias documentales y diversas declaraciones judiciales”. Por su parte, Ábalos enmarca sus declaraciones en “exageraciones” para atribuirse un “carácter oficial e influencia” sobre él.

97 testigos en trece sesiones

El juicio durará todo el mes de abril con trece sesiones y 97 testimonios. Dos de los nombres que llaman la atención son la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres, que presidían las Baleares y las Canarias durante la pandemia. Ahora bien, el Supremo les ha eximido de declarar en persona y les ha dejado enviar un informe escrito con las respuestas. Entre los testimonios que sí que tendrán que someterse a las preguntas orales se encuentran familiares de Koldo y Ábalos, Jessica Rodríguez y Claudia Montes, los jefes de gabinete de Maroto y Montero, Isabel Pardo de Vera –expresidenta de Adif, que está investigada en la Audiencia Nacional– o el exgerente del PSOE.