La Audiencia Nacional imputa a la expresidenta de Adif y al ex director general de Carreteras por el caso Koldo

BarcelonaLa Audiencia Nacional mueve ficha y cita como investigados a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al ex director general de Carreteras Javier Herrero por el caso Koldo. Deberán declarar el 21 de julio a las 11 horas después de que el Tribunal Supremo encontrara indicios de su participación en la presunta trama de adjudicaciones irregulares, según establece el juez Ismael Moreno en un auto.

El juez instructor del caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, pidió la semana pasada a la Audiencia que imputara a los dos excargos de Transportes porque considera que podrían haber facilitado que las adjudicaciones proyectadas por el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García -presuntamente a cambio de comisiones- llegaran a buen puerto. El magistrado basaba la argumentación en el contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que derribó al exdirigente del PSOE Santos Cerdán y que es investigado en el Supremo porque los hechos que se le atribuyen están estrechamente ligados a los que se imputan a Ábalos, aún diputado en el Congreso y.

En los audios del caso, hallados por el instituto armado en el teléfono de Koldo García e incluidos en el informe mencionado, se hacen varias referencias a Pardo de Verda y Herrero. En uno de ellos, por ejemplo, el ex asesor hace referencia a "catorce obras" de Adif y traslada a Ábalos que la "Isabel" le ha dicho que "cinco deben adjudicarse a Acciona, Sacyr o Ferrovial". En otro momento también dice al exministro de Transportes que Pardo y Herrero "deben dar algo" al comisionista Víctor de Aldama por su intermediación.

El movimiento de la Audiencia Nacional llega en un momento en que el propio tribunal ya investiga a Pardo de Vera por la "contratación aparentemente irregular" de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Y, todo ello, mientras se suceden avanzan las declaraciones de los investigados en el Tribunal Supremo por el Cas Cerdán. Este mismo lunes han declarado el administrador de Servinabar, Antxon Alonso, que ha desvinculado al exnúmero tres de los socialistas de la empresa, y al exdirectivo de Acciona Fernando Merino. Ambos han quedado en libertad pero con medidas cautelares: el juez les ha retirado el pasaporte y estarán obligados a comparecer en el juzgado cada quince días.

Koldo García, comisionista de obra privada

Alonso, que sólo respondió a preguntas de su abogado, reconoció ante el juez Puente que Cerdán firmó un documento para convertirse en socio y adquirir casi la mitad de participaciones de Servinabar, empresa clave en la trama de supuesta corrupción, pero aseguró que nunca llegó a ejecutarse. Una explicación, alineada con la versión del exdirigente socialista, de que no acaba de convencer al magistrado: Puente cuestiona "el motivo por el que don Joseba Antxon, buen amigo de don Santos según se proclama, conservaba el documento privado tantos años después en su domicilio".

El constructor también ha admitido pagos a Koldo García por su intermediación en proyectos de construcción privados entre 2015 y 2016, cuando el PSOE todavía no estaba en el gobierno español, pero ha negado haber pagado comisiones ilegales a cambio de contratos de obra pública. En este sentido, ha confirmado que Servinabar -adjudicataria de contratos del gobierno de Navarra con un valor superior a 75 millones de euros, según la UCO- hizo una donación de 4.500 euros a Fiadelso, una fundación privada fundada por el exministro Ábalos. Sin embargo, precisó que se hizo por motivos fiscales, con el objetivo de desgravar, y que de igual forma se hicieron otros donativos similares a equipos de fútbol y de rugby ya Save the Children. La sospecha de la Guardia Civil –y del juez– es que estos pagos "podrían haber tenido un carácter repetido y periódico" como contraprestación por la obtención de adjudicaciones públicas.

El juez ve "evidentes" los indicios

Sea como fuere, el juez cree que se mantienen "bastantes" indicios por considerar que el empresario podría haberse "beneficiado, a cambio de un precio" de la adjudicación de obras, lo que podría ser constitutiva de delitos de integración en organización criminal y cohecho activo. Por eso le ha impuesto la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en los juzgados. Y la misma medida ha dictado para Fernando Merino, el ex directivo de Acciona investigado en el caso y sobre el que Puente ve "evidente" que persisten los indicios.

En la misma línea que Antxon, Merino ha negado haber pagado dinero a ninguno de los investigados a cambio de adjudicaciones. Sobre el hecho de que Acciona se haya presentado a proyectos de obra pública en la UTE (Unión Temporal de Empresas) con Servinabar, alegó que ésta era una constructora local y que era habitual aliarse con ella para obtener adjudicaciones en la zona. Y ha circunscrito sus contactos con Koldo y Cerdán en el ámbito navarro. El investigado, que respondió a su defensa, al fiscal y al juez, también dijo que desconocía que el primero se refiriera a él como "el cordobés", tal y como se desprende del informe de la UCO.