Cerdán ha pedido presencialmente este viernes en el Congreso la indemnización por haber dejado el escaño después de seis años de diputado, que ascendería a unos 19.400 euros brutos. El PP ha informado de que pedirá a la presidenta de la cámara baja, Francina Armengol, que paralice el pago por el hecho de que está siendo investigado por presunta corrupción.
La Guardia Civil entra en Ferraz y en Transportes para recopilar información sobre Cerdán y Ábalos
El Supremo pide investigar a la expresidenta de Adif y al ex director general de Carreteras por las presuntas adjudicaciones irregulares
MadridLa Guardia Civil ha entrado este viernes por la mañana en la sede del PSOE y en el ministerio de Transportes para recopilar información sobre Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Concretamente, después de que lo haya acordado el instructor del caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se presentaron en la calle Ferraz de Madrid, donde permanecieron tres horas, para clonar los contenidos de la cuenta de correo electrónico corporativa del ex número 3 del partido y hicieron lo mismo en la sede ministerial el exministro, según confirmaron tanto fuentes del PSOE como de Transportes. El movimiento se ha producido después de que Puente haya decidido ampliar la investigación sobre las presuntas comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas con la cita de cinco empresarios como investigados. El instructor, además, ha pedido a la Audiencia Nacional que impute a dos excargos de Transportes contra quien ve "indicios consistentes".
Se trata de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el ex director general de Carreteras Javier Herrero. Las contrataciones del ministerio que puso en el punto de mira el informe de la UCO del 5 de junio, que supuso la renuncia de Cerdán hace una semana y pico, eran justamente pujas de Adif y de la dirección general de Carreteras concedidas de forma presuntamente irregular a varias compañías. El magistrado cree que Pardo de Vera y Herrero habrían podido prestar asistencia a Ábalos, a través de Koldo, para que las adjudicaciones se realizaran a estas empresas. Ahora bien, pasa el balón a la Audiencia Nacional debido a que, a diferencia de Ábalos, Koldo y Cerdán, tuvieron conductas consideradas instrumentales o accesorias a la finalidad esencial de la trama. El Supremo también ha pedido a Adif los expedientes de adjudicación de cinco obras, entre ellas la del soterramiento de las vías del tren en Sant Feliu de Llobregat, ya la dirección general de Carreteras de seis.
Aunque las entradas simultáneas en la sede socialista y en el ministerio de Transportes se han circunscrito únicamente a investigar sobre la actividad de Cerdán y Ábalos, para el PP "acreditan que el partido y el gobierno tienen la causa de corrupción más grave conocida hasta el momento en la democracia española", y en palabras de su líder. "Vamos de susto a susto", lamentó en declaraciones a los medios Feijóo, que también apuntó hacia el actual ministro, Óscar Puente. "Nos ha engañado con una auditoría que decía que estaba todo claro", ha dicho en referencia al examen de los contratos que el ministerio encargó cuando el comisionista Víctor de Aldama puso en cuestión en el Supremo una lista de adjudicaciones de obra pública. "Nadie ha registrado el ministerio, ni Adif, ni Ferraz ni la dirección general de Carreteras. Han pedido un email para copiarlo, los expedientes de cinco contratos a Adif y de seis contratos en la dirección general de Carreteras. Y no es la primera vez. Las entradas y registros son otra cosa", le respondió el ministro Puente.
Nueva fecha para que declare Cerdán
En paralelo, el magistrado también ha acordado posponer la declaración como investigado de Cerdán al lunes, 30 de julio, por el cambio de abogado que ha hecho esta semana por la renuncia del anterior, Gonzalo Martínez-Fresneda, que es quien hizo los primeros trámites en la causa de la nueva defensa de Cerdán. citación, era voluntaria. Quien se ha hecho cargo es el abogado y ex diputado de la CUP en el Parlament, Benet Salellas, quien en un escrito al que ha tenido acceso el ARA esgrimía que "en este momento no dispone de tiempo suficiente para la obtención del expediente, el estudio de la causa y la preparación de la estrategia de defensa".
Durante estos días se han ido sabiendo más indicios a raíz de los registros que la Guardia Civil hizo en el domicilio de José Luis Ábalos y en empresas presuntamente vinculadas a la trama. Además, las últimas declaraciones en la SER del exministro de Transportes dejan al ex número 3 del PSOE contra las cuerdas. Ábalos, que ayer jueves se mostró dispuesto a pactar con la Fiscalía, declara el próximo lunes, 23 de junio, ante el instructor. También lo hará el mismo día su exasesor Koldo García, con la incógnita de qué detalles pueden dar que puedan comprometer aún más a Cerdán. El exministro ya ha puesto en marcha el ventilador y dijo a la SER que Cerdán y Koldo, que ya tenían una "dinámica previa" de cuando estaban en Navarra, le "presionaron para tratar de influir" en contrataciones. A diferencia de Ábalos, que hasta hace una semana y pico era el número 3 socialista, rechazó hacer declaraciones a los medios y subrayó que sólo hablará ante el juez para demostrar su "inocencia".
Los empresarios señalados
Uno de los cinco empresarios a los que cita a declarar al Supremo entre el 4 y 7 de julio como investigado es el accionista mayoritario de Servinabar, Joseba Antxón Egurrola, una constructora navarra de la que, según la UCO, Cerdán también sería propietario. Un extremo que la compañía ha negado. También está en el punto de mira el ex directivo de Acciona Construcción Fernando Merino, los hermanos Antonio y Daniel Fernández, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), y José Ruz, vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Todas son empresas citadas en el informe de la UCO por las presuntas comisiones ilegales que estarían vinculadas a los contratos que ha reclamado el Supremo a Adif y cuya dirección general de Carreteras fueron adjudicatarias. El instructor acuerda, además, autorizar a la UCO a requerirles información bancaria. Una decisión que también ha extendido a las cuentas e inmuebles de Cerdán.