Blanquear el franquismo, más toros y menos lengua: la impronta de Vox en los gobiernos

Son varios los ámbitos en los que ha habido retrocesos en los ejecutivos compartidos con Vox

El vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, y el presidente, Alfonso Fernández Mañueco
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BarcelonaLos cinco gobiernos bicolor del PP y Vox en las comunidades autónomas se han roto este viernes después delaval del PP en el reparto de migrantes. En Castilla y León, que fue el primer gobierno del PP donde entró Vox en abril del 2022, se sumaron hace un año la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Murcia, con la incógnita de hasta qué punto Vox podría arrastrar a los populares hacia posiciones reaccionarias. El balance deja retrocesos en distintos ámbitos como la lengua, los derechos feministas y LGTBI y la memoria democrática.

Lengua

El aragonés y el catalán, desprotegidos

La desprotección del catalán y el aragonés han sido signo de identidad de los ejecutivos de Carlos Mazón y Jorge Azcón en la Comunidad Valenciana y en Aragón. En el País Valencià se suprimió la vehicularidad del valenciano y la nueva legislación quiere dejar en manos de las familias, y no del consejo escolar, como ocurre ahora, la elección de la lengua vehicular del alumnado; devuelve la doble línea a las escuelas, y se ha suprimido la Oficina de Derechos Lingüísticos. En Aragón, el ejecutivo anunció en enero que eliminaría el artículo de la ley de patrimonio cultural que consideraba el aragonés y el catalán de Aragón como "lenguas y modalidades lingüísticas propias".

Memoria democrática

Blanqueamiento y desmemoria

Los ejecutivos de PP y Vox han desmantelado la normativa autonómica sobre memoria democrática o han comenzado los trámites para ello. Aragón dio el pistoletazo de salida derogando la ley anterior del PSOE, una medida anulada de forma cautelar por el Tribunal Constitucional, y ha aprobado un plan de concordia que no menciona específicamente a las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil, sino a las víctimas de la "violencia ideológica". La Comunidad Valenciana ha aprobado su ley de concordia (que mezcla la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura, ETA y el yihadismo, y blanquea el franquismo) precisamente este viernes, y Castilla y León debía hacerlo después del verano. El Parlamento valenciano eliminó el premio Guillem Agulló contra los delitos de odio que llevaba el nombre del joven antifascista asesinado por un neonazi.

Toros y caza

Más presupuesto y manga ancha

Así como las entidades de defensa de la lengua han visto asfixiadas sus finanzas por la retirada de las subvenciones, las entidades taurinas atan a los perros con salchichones allí donde el PP gobierna con Vox. El ejecutivo valenciano dio 300.000 euros en la madrileña Fundación del Toro de Lidia, el extremeño ha multiplicado por nuevo el presupuesto en esta materia, y el gobierno aragonés modificó la ley para que los menores de 14 años pudieran participar en celebraciones taurinas con toros jóvenes. La caza ha sido también la muñequita de los ojos del PP y Vox: en Extremadura se ha permitido cazar en espacios naturales protegidos y se han autorizado charlas a menores sobre caza.

Impuestos

Los ricos pagan menos

Las coaliciones PP-Vox han protagonizado grandes bajadas de impuestos a los que más gana. En Aragón aumentó el mínimo exento del impuesto de patrimonio de los 400.000 euros a los 700.000 y se aprobó la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones para los hijos y cónyuges. En Extremadura, se ha eliminado el impuesto de patrimonio, el impuesto de matriculación de vehículos de alta gama y el que gravaba a los grandes tenedores de viviendas.

Feminismo y leyes LGTBI+

Cuestionamiento de la violencia machista

Es uno de los ámbitos en los que ambos partidos han chocado. Aunque en el ámbito normativo no han cambiado la legislación, en el plano simbólico ha habido retrocesos claros: se habla de violencia intrafamiliar y no machista, y las banderas irisadas en apoyo al colectivo LGTBI han desaparecido de casi todas las instituciones. En Castilla y León es donde Vox quiso ir más allá y anunció un protocolo antiaborto que el PP rechazó y la ley de violencia intrafamiliar se ha aparcado en un cajón.

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