Bruselas cuestiona la "autoamnistía" pero no cree que el Proceso comprometiera fondos de la UE

MadridLa Comisión Europea censura que la ley de amnistía "parece constituir una autoamnistía" de Pedro Sánchez a los socios que le garantizan la gobernabilidad, pero no cree que el Proceso comprometiera a los intereses financieros de la Unión Europea. "No existe un vínculo suficiente entre las actividades ilegales que tengan por objetivo la secesión de una parte del territorio de un estado miembro y los intereses financieros de la UE, en lo que respecta a los recursos propios de la Unión", concluye. Es una fría y otra caliente en las observaciones no vinculantes que Bruselas envió el pasado diciembre al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con la cuestión prejudicial que elevó el Tribunal de Cuentas, según el texto que ha avanzado El Español y al que ha podido acceder el ARA.

"Los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el Parlamento español. El proyecto de ley es parte de un acuerdo político para conseguir la investidura del gobierno del Estado. Pues bien, si se considera que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse al parecer de lo parecido al parecer de la inmunidad criterio debería aplicarse cuando quien está en el gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio de apoyo parlamentario", dice uno de los párrafos del texto de la Comisión. En este sentido, cuestiona que la norma que pactaron el PSOE y Junts encaje con "el interés general reconocido por la UE", si bien subraya que debería ser el juez español quien lo verifique.

La posible afectación a los intereses financieros de la UE es también un elemento importante porque incide en la amnistía a los encausados ​​por malversación. El Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas y el TSJ de Catalunya sospechan que perdonarlos por ese delito podría ser contrario al derecho europeo, alegando que el desvío de fondos hacia el referéndum incidiría de algún modo en las arcas continentales. "No se muestra un vínculo suficientemente directo entre las ilegalidades en cuestión y los recursos propios de la Unión [...]. La hipotética reducción de la renta nacional bruta de España [para contribuir a la financiación de la UE] resultaría de un conjunto de acciones múltiples, entre las que la organización del referéndum ilegal y la acción exterior son sólo dos elementos". Deberá ser, sin embargo, el órgano jurisdiccional estatal quien determine si "las particularidades del asunto principal podrían justificar la existencia de un vínculo de conexión suficiente".

El gobierno español se agarra a este punto para asegurar que la Comisión Europea "rechaza" la cuestión prejudicial, tal y como ha twittado en X el ministro de Justicia, Félix Bolaños. En rueda de prensa posterior al consejo de ministros, la portavoz de la Moncloa, Pilar Alegría, ha subrayado que Bruselas "no considera que se afectara a los intereses financieros de la UE" y que, por tanto, "lo que hace es validar la aplicación de la amnistía en casos de malversación". "Este dictamen de la Comisión no es vinculante, pero nos parece positivo y se acerca a la aplicación total de la amnistía", ha subrayado.

En cambio, el PP ha reclamado al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que "tome nota y actúe en consecuencia" en la deliberación sobre el recurso de los populares contra la ley de amnistía prevista en la última semana de junio. "Nos congratulamos que la Comisión Europea suscriba los argumentos del PP", valoró el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, quien tildó la norma de "corrupta".

El regreso de Puigdemont

Otro aspecto clave de la amnistía tiene que ver con el levantamiento de las medidas cautelares –las órdenes de detención y de ingreso en prisión–, que principalmente afectan a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. La norma prevé que el juez deba levantarlas aunque el tribunal que les investiga haya presentado una cuestión de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional o una prejudicial en el TJUE, aunque de entrada la legislación dice que los procedimientos quedan en suspenso cuando esto sucede. Pues bien, Bruselas también discrepa de esa excepción que prevé la amnistía. "Una obligación a los órganos jurisdiccionales españoles de levantar las medidas cautelares antes de haber decidido si la aplicación de la amnistía está justificada en un caso concreto, incluso cuando los tribunales consideren necesario solicitar una decisión prejudicial, es incompatible con los principios de primacía del derecho de la Unión, de separación de poderes, al restringir" sostiene la Comisión.

La crítica a la amnistía todavía va más allá y se carga de argumentos como que "ha acentuado la división profunda y virulenta de la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española", utilizando el punto de las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que también reclamaba más consenso para las normas, si bien ese mismo órgano avaló la ley. Asimismo, la Comisión Europea sostiene que se aprobó por "un procedimiento de urgencia, eludiendo así importantes informes de órganos consultivos y sin consulta pública" y por el hecho de que no se optó por aprobarla con "una mayoría calificada superior".

Las distintas partes personadas en la cuestión prejudicial que el Tribunal de Cuentas elevó en Luxemburgo habrían recibido en los últimos días estas observaciones de la Comisión Europea. Sin embargo, deberá ser el TJUE quien dé respuesta a las preguntas de la consellera del órgano fiscalizador español, que decidió no aplicar la amnistía por la causa del 1-O y la acción exterior de la Generalitat. El 15 de julio está prevista una vista para el estudio de las alegaciones de las partes. Ya hace casi un año que presentó estas dudas en el TJUE y se espera que la respuesta pueda llegar a finales de año.