Bruselas defiende las euroórdenes de Llarena: "No hay ningún problema sistémico de estado de derecho en España"

LuxemburgoDensa sesión en la sala grande del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para debatir sobre las preguntas que el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena elevó después de que las autoridades judiciales de Bélgica rechazaran la extradición del ex conseller Lluís Puig. A lo largo de toda la mañana, todas las partes han podido exponer sus argumentos y la Comisión Europea, en calidad de guardiana de los tratados y normas de la Unión Europea, ha defendido el posicionamiento español. Según el ejecutivo comunitario, Bélgica no tendría que haber entrado a valorar si Puig tendría o no un juicio justo en España para rechazar la euroorden, porque en España "no hay ningún problema sistémico de estado de derecho".

La exposición por parte de Bruselas la ha hecho Julio Baquero Cruz, de los servicios jurídicos de la Comisión Europea. El marco que regula las euroórdenes, ha defendido, prevé que la autoridad que recibe la solicitud –en este caso Bélgica– las pueda rechazar si hay una deficiencia "sistémica" del estado de derecho y por lo tanto impliquen un riesgo de vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada. Solo en este caso, opina, se tiene que producir un segundo análisis más específico que entre a valorar un eventual riesgo de vulneración de derechos fundamentales del acusado. Para la Comisión, amparada en su informe anual sobre el estado de derecho, este no es el caso de España y, por lo tanto, Bélgica no tendría que haber entrado a valorar esta cuestión.

Lo mismo han defendido el fiscal español, Fidel Cadena; la abogada del Estado, Andrea Gavela Llopis, y la representante del partido ultraconservador Vox, Marta Castro, que han insistido que al entrar a cuestionar este aspecto se pone en juego el principio de cooperación judicial y de confianza entre los estados de la Unión Europea. "La ejecución de la euroorden es un principio, la denegación de la ejecución, una excepción", ha dicho Castro. El fiscal Cadena, que ha sido el primero en intervenir, ha considerado ilógico y absurdo" que el país que recibe la orden de detención pueda "controlar" las normas de competencia del país que lo emite (la competencia del Supremo en el caso es el otro gran tema de debate), y también ha sentenciado que "el riesgo de vulneración de derechos fundamentales no existe porque todos los condenados con anterioridad en el mismo caso han visto completamente respetados sus derechos".

Bélgica no entra en el fondo del caso

Pero Bélgica no ha entrado en el fondo del caso concreto. A través de la abogada Florence Mathis, el Reino de Bélgica se ha amparado en la separación de poderes para no entrar a valorar con claridad el posicionamiento de sus tribunales, que han rechazado las euroórdenes en varias instancias y que ahora mantienen en suspenso las del expresidente Carles Puigdemont y de los eurodiputados y ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí a la espera del pronunciamiento del TJUE. Justamente por eso, el vicepresidente del tribunal, Lars Bay Larsen, ha preguntado a la abogada belga si el país defiende que las autoridades nacionales tengan competencia para "ir añadiendo" libremente motivos adicionales y excepcionales relacionados con el respeto a derechos fundamentales para rechazar una orden europea de detención. Ante esta pregunta, Mathis ha dicho que hay cierta jurisprudencia europea que se alinea con esta posición, pero ha abierto la puerta a que el TJUE se pronuncie gracias a este caso.

En cambio, desde el banco independentista, Gonzalo Boye, Andreu Van den Eynde, Benet Salellas e Isabel Elbal han defendido que Bélgica profundizara y cuestionara no solo la competencia del Supremo, sino también las garantías de que en España Lluís Puig tuviera un juicio libre. "No hay tribunales e la UE que puedan dejar de aplicar los derechos fundamentales", ha reivindicado Salellas, abogado de Anna Gabriel. Y Boye, que ha entrado directamente a rebatir los argumentos de la Comisión, ha reivindicado que la deficiencia sistémica que se puede detectar en el sistema judicial español es justamente respecto a la "minoria nacional catalana" y no se ha cansado de citar el informe del grupo de detenciones arbitrarias de la ONU, un informe que, aun así, ni España ni la Comisión Europea consideran vinculante. "Es una opinión, no un dictamen", han afirmado tanto desde la Fiscalía como desde Vox.

La sesión se ha alargado cuatro horas y media y se ha hecho un receso para que se retome a las 14.30 h y continúen las preguntas que están formulando tanto los miembros del tribunal como el abogado general de la UE, el francés Richard de la Tour, que tendrá que emitir un veredicto preliminar a la sentencia del TJUE, que no se espera antes del verano.