¿Qué es la causa de los hidrocarburos en los que está imputado un ex director general de Feijóo?

MadridCuando el lunes de la semana pasada, 26 de mayo, estalló el caso Leire Díez con el audio que publicó El Confidencial, uno de sus interlocutores en la conversación que revelaba el mencionado medio tenía un juicio en la Audiencia Nacional. El empresario exiliado en Dubai Alejandro Hamlyn no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos por una deuda de 5.000 euros con el país, por lo que la sesión se aplazó para el 30 de junio. Sí acudió al banquillo Norberto Uzal, considerado el número 2 del llamado caso Drake, en el que se juzgará el fraude en el IVA de los hidrocarburos por valor de 154 millones de euros de la empresa Hafesa, de la que estos dos protagonistas eran los principales responsables. Pero, ¿quién es Uzal y por qué tantas causas sobre el sector de los hidrocarburos rodean el último episodio de guerra sucia en el Estado?

Exfalangista y cercano a Alfonso Rueda

En torno a Leire Díez, la semana pasada destacaban que se había hecho mucho alboroto por lo que se decía en el audio publicado, pero se ocultaba que aquel lunes debía ser juzgado Norberto Uzal, un hombre que quiso hacer su primer intento de entrar en la política en el año 1994: se presentó a las elecciones como las de las eventuales. Sí tuvo éxito de la mano del PP: entre el 2009 y el 2013 fue director general de Administración Local de la Junta de Galicia, en el primer gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Feijóo era el secretario municipal. La etapa política de Uzal acabó abruptamente a finales del 2013 por un caso de acoso laboral del que años después terminó exonerado.

El entramado del caso de los hidrocarburos

Uzal –como Hamlyn– se enfrenta a 53 años de cárcel y multas millonarias por su gestión al frente de Hafesa entre 2016 y 2019. Esta causa es una de tantas que se han abierto en la Audiencia Nacional vinculadas al fraude en el IVA de los hidrocarburos. ¿Cómo actúan estos entramados? En informes aportados en algunas de estas causas, la Guardia Civil describe así el método que se utiliza: la operadora compra el producto al proveedor, después utiliza una empresa suministradora que terminará vendiéndola a la minorista (la gasolinera), que abonará un IVA a la intermediaria. Ésta se disuelve antes de pagar el impuesto a la Agencia Tributaria. De esta forma, la empresa instrumental desaparece, pero la que realmente comete el fraude, la operadora, queda protegida. Por otra parte, el dinero obtenido con el IVA y que queda fuera del alcance del fisco se blanquea.

Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional lamentaban la semana pasada que algunos estamentos tienen poco "interés" en que se celebre este juicio, y la prueba es que lleva tiempo pendiente. "Es un follón de sentencia", apuntan. Las condenas pueden ser altísimas. Así se entiende que Hamlyn en la reunión con Leire Díez se prestara a ofrecer paños sucios de miembros de la Guardia Civil a cambio de beneficios judiciales, aunque una vez se ha filtrado todo, ambas partes dicen que iban de farol.