Tras la condena al fiscal general, ¿puede quedar en nada ahora la causa contra el novio de Ayuso?

BarcelonaLa decisión del Tribunal Supremo de inhabilitar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado sólo una semana después del fin del juicio, pero la redacción de la sentencia podría tardar mucho más y alargarse decenas de páginas. Los juristas consultados por el ARA están a la expectativa de los argumentos de los magistrados, que tendrán que justificar cómo, con lo expuesto en el juicio –los periodistas le exculparon–, han llegado a la conclusión de que García Ortiz fue quien filtró los mensajes en los que el abogado del empresario Alberto González Amador Ayuso, intentaba un pacto de conformidad con la Fiscalía y admitía que su cliente había cometido fraude fiscal. A la espera de la justificación de los magistrados, la conexión entre ambas causas hace que distintas voces se pregunten hasta dónde podría llegar el impacto de la condena al fiscal general en la causa de González Amador.

Para la profesora de derecho constitucional en la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) Montserrat Nebrera, la decisión del Supremo plantea a González Amador "una posibilidad muy clara" de pedir la nulidad del procedimiento. "Se ha dañado una prueba y su derecho de defensa. Aunque sea una conformidad, esto no niega que sea una revelación de la estrategia de defensa", valora Nebrera. Por el contrario, el magistrado de la Audiencia de Barcelona Josep Antoni Rodríguez considera que el procedimiento por fraude fiscal debería seguir su curso sin ninguna incidencia de la condena al fiscal general. "Lo que se ha producido es una incidencia en la negociación con la Fiscalía para hacer una conformidad, que se hace una vez terminada la instrucción" y, añade, sin que los magistrados que deben juzgarle tengan información. "La defensa puede intentarlo, pero las pruebas contra él serán las periciales y los informes de la Agencia Tributaria", valora Rodríguez en sintonía con otras fuentes jurídicas.

"No veía prueba contundente"

La penalista Mercedes García Arán, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), plantea las "dudas sobre la responsabilidad" de García Ortiz y su autoría. También Nebrera admite que tras seguir el juicio "no veía prueba contundente por condenar". Rodríguez se muestra sorprendido por la sentencia, porque "parecía que desde el punto de vista de la presunción de inocencia podía dar pie a una absolución".

A la espera de que se publique el texto de la resolución judicial, el magistrado adelanta que "lo más probable es que el razonamiento para condenar esté basado en pruebas indiciarias, en las que hay que realizar una deducción", y muestra su "preocupación" por el hecho de que, en este caso, no habrá opción de que otro tribunal revise el razon. La condición de aforado del fiscal general ha hecho que se le juzgue directamente en este tribunal, y ahora la única vía de recurso posible es el Tribunal Constitucional –previo incidente de nulidad ante el propio Supremo–, que puede pronunciarse sobre vulneraciones de derechos pero no revisar los razonamientos del Supremo. Al tratarse de una pena de inhabilitación, dicen los expertos, tampoco hay margen para plantear un indulto.

En cuanto a la indemnización de 10.000 euros que ha fijado el tribunal, García Arán considera que el pago debería correr a cargo del Estado, responsable civil subsidiario en casos de funcionarios que delinquen al cargo. En cambio, Nebrera apunta que si es una cantidad que García Ortiz puede asumir, entonces no debería afrontarla el Estado. Un detalle que aclarará la sentencia cuando los magistrados la publiquen en los próximos días.