El Govern exige concreciones a la CUP para salvar los presupuestos

La enmienda a la totalidad de la CUP ya está sobre la mesa. La militancia cupaire se opone a tramitar los presupuestos pero, según han revelado este martes los resultados de la consulta interna, avala seguir negociando con el Govern en un intento de arrancar nuevas concesiones para levantar el veto a las cuentas. La decisión activa dentro del Govern una cuenta atrás de tan solo cinco días desde este miércoles para intentar tramitar los números con la mayoría independentista, voluntad que mantiene intacta. Ahora bien, desde el Palau de la Generalitat urgen a los anticapitalistas a concretar sus condiciones para retirar la enmienda en los contactos previstos en las próximas horas, puesto que en función de esto ERC y JxCat tendrán que tomar una decisión que marcará la continuidad de la legislatura: optar por un socio alternativo –y, por lo tanto, romper de facto la mayoría independentista– o abocarse a una prórroga presupuestaria que hasta ahora el Govern se ha negado a considerar.

El anuncio de este martes de la CUP, avanzado por el ARA, ha supuesto una de cal y otra de arena para el ejecutivo. De la deliberación de las asambleas se deriva una mayoría del 63,4% (de un total de 464 votos) a favor de la enmienda a la totalidad. Pero los sectores partidarios de seguir negociando, como Poble Lliure, se han impuesto de manera clara en la segunda votación –la que marcaba la continuidad de las conversaciones con el Govern– con un 68,8% de los votos, frente al 28,7% de los apoyos que consiguieron los que querían romper con Esquerra y Junts, como es el caso de Endavant. Así lo han trasladado los cupaires al ejecutivo esta tarde en una reunión de una hora y media en palacio con el president, Pere Aragonès, y el conseller de Economía, Jaume Giró. En el encuentro, según fuentes gubernamentales, los representantes del ejecutivo han recogido el reto de mantener viva la negociación, pero han transmitido "urgencia" a la delegación anticapitalista, formada por Eulàlia Reguant y Dolors Sabater, y la han instado a "concretar" las condiciones para retirar la enmienda a la totalidad antes del próximo lunes, cuando acaba el plazo para formalizar los vetos a la tramitación presupuestaria.

La posición del Govern, que este miércoles por la mañana marcará la sesión de control al ejecutivo en el Parlament, había sido consensuada también en palacio horas antes en una cumbre de alto nivel, adelantada por el ARA, con representantes de ERC y JxCat. Una reunión encabezada por Aragonès y el vicepresidente, Jordi Puigneró, que ha servido para abordar cómo continuar los contactos con los anticapitalistas. También estaban presentes la secretaria general de Presidencia, Núria Cuenca; el director de la Oficina del Presidente, Sergi Sabrià, y los diputados Josep Maria Jové y Marta Vilalta de parte de los republicanos, mientras que desde Junts, además del conseller Giró, se han sumado la presidenta del Parlament, Laura Borràs; el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet. El enfoque que se había de fijar no era sencillo: el Govern tiene que decidir en qué está dispuesto a ceder para convencer a la CUP para que retire la enmienda a la totalidad y, si no lo consigue, tiene que elegir una estrategia para salvar las cuentas con el PSC o los comuns. Una vía sobre la cual ahora mismo no hay consenso entre Esquerra y Junts.

Margen "hasta en el último momento"

En la rueda de prensa de presentación de los resultados, Reguant ha asegurado que están dispuestos a negociar "hasta el último momento", pero ha calificado de "triple enmienda" la decisión de la CUP. "Una enmienda a las relaciones con el Estado en las que se está normalizando al PSOE, a un Govern que no está generando las condiciones para autodeterminarnos ni dar un giro a la izquierda y a unos presupuestos continuistas", ha detallado la diputada cupaire. Reguant se ha referido específicamente a las carencias de las cuentas en el ámbito de la vivienda o de la sanidad y ha lamentado "las prisas del Govern para llegar a un acuerdo en la ampliación de El Prat o la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno, frente a su actitud en la conquista de los derechos sociales". El objetivo de la CUP a partir de ahora, ha resumido, es exprimir hasta el final la posibilidad de forzar al Govern a hacer "un giro a la izquierda para garantizar el derecho a la autodeterminación". Valorar si se consigue o no estará a partir de ahora en manos de la coordinadora abierta parlamentaria del partido, representada por sus asambleas territoriales, candidaturas municipalistas y las organizaciones y los movimientos que las apoyan.

La CUP cree que todavía hay tiempo, y el Govern también. La portavoz del ejecutivo, Patrícia Plaja, ha lamentado la decisión, pero ha convenido que hay margen para convencer a la izquierda anticapitalista para que "rectifique", a pesar de que no ha concretado qué cambios puede haber en las cuentas. Plaja se ha negado a valorar cualquier otro escenario que no pase por la CUP, haciendo un llamamiento a mantener la "mayoría del 52%", pero también ha dicho que no habrá prórroga presupuestaria.

La elección del escenario alternativo a los cupaires genera recelos entre los socios de gobierno, Esquerra y Junts. La portavoz republicana, Marta Vilalta, ha asegurado: "Que la CUP continúe formando parte de la gobernabilidad del país es la mejor manera de evitar las tentaciones sociovergentes", en alusión a Junts, mientras que la portavoz de JxCat, Mònica Sales, ha vuelto a situar la responsabilidad en Aragonès porque fue el presidente y no Junts, ha remarcado, quien cerró el pacto de investidura con la CUP.

La dinámica de esta negociación es el habitual en la política catalana: nadie quiere aparecer como quien rompe todos los puentes. En las próximas horas y días tanto el ejecutivo como la CUP aguantarán el pulso al máximo para que no se les pueda colgar el muerto de romper la mayoría independentista. En este trayecto puede haber un acuerdo o que se inaugure una nueva etapa de geometría variable en el Parlament con los comunes y el PSC.