MadridDurante los últimos días hemos vivido centrados en las noticias sobre Valencia y otras comunidades afectadas por DANA, y en un primer momento nos pudo parecer que se abría un relativo paréntesis de las tensiones que caracterizan las relaciones entre dirigentes y partidos políticos. Había que poner todo el foco en la tragedia, y así se ha hecho. En el ámbito ciudadano se han unido fuerzas. También en determinados ámbitos institucionales y administrativos. Pero ha faltado generosidad y otra visión de conjunto en los más altos ámbitos de la política. En paralelo a la atención prioritaria en la catástrofe y sus enormes consecuencias en términos de pérdida de vidas y daños materiales, han pasado muchas más cosas que en otro contexto habrían ocupado grandes espacios, y que en estas condiciones han quedado lógicamente en un segundo plano.
El gobierno español ha priorizado la movilización de medios de todo tipo para asistir a las víctimas, dejando un protagonismo especial en manos del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón (PP). Sin embargo, incluso en estas circunstancias han resurgido rápidamente las controversias, por ejemplo sobre cómo y cuándo se avisó a la población, quién tiene la obligación de hacerlo, y por qué hubo retrasos en la comunicación de los riesgos . Meses antes se criticó una alerta en Madrid porque había alarmado a la población supuestamente sin necesidad, porque no se confirmaron las peores perspectivas que existían sobre alteraciones atmosféricas.
Hubo un momento de distensión cuando Mazón acompañó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez –a quien trató de “querido”– en la visita a puntos afectados, tras realizar un recorrido similar con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Pero los dos visitantes no coincidieron, y en ningún momento los vimos juntos para intentar escenificar la idea del esfuerzo compartido, como en esas mismas horas pedía el rey Felipe VI. Algo que vuelve a poner de manifiesto la distancia insalvable que separa a Sánchez y Feijóo. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, decía que no quería ir a la Moncloa, cuando fue convocada por el gobierno español, porque no se veía dando la mano al líder socialista. Deberían repensarlo todo esto, porque hay situaciones que reclaman contención y poner los intereses de la comunidad por encima de las conveniencias y preferencias particulares.
No se trata de pedir a Sánchez y Feijóo que hagan el papelón por una pose fotográfica, sino que sepan transmitir un mensaje de confianza a los ciudadanos. Uno gobierna y el otro posiblemente lo hará en un futuro indeterminado, si su partido sigue apostando por su liderazgo. Es razón suficiente para pedirles ese mínimo esfuerzo de concordia temporal. En lugar de eso, hemos tenido unas jornadas en las que se ha puesto el eje del debate en las competencias de una administración u otra mientras los equipos de rescate se esforzaban por encontrar supervivientes o recuperar los cuerpos de las personas arrastradas por las aguas y enterradas por el barro.
Está claro que debe examinarse si los servicios de alerta actuaron con diligencia. Pero hay tiempo y oportunidad para todo. Lo que se debe saber es administrar con sensibilidad las prioridades. La comunicación entre el gobierno y la oposición no puede depender de la temperatura que marque el termómetro de las relaciones personales entre los máximos dirigentes de los partidos. Cabe preguntarse cuál es el mensaje que se traslada a la población con una concepción y práctica de la política que lo hace girar todo en torno a la búsqueda de desgaste del adversario. El PP no ha llegado a las conclusiones más correctas de experiencias pasadas pero todavía muy recientes, como fueron las de la pandemia y los miles de víctimas que provocó.
El precedente de la pandemia
En esos momentos, con cientos de muertes cada día, se lanzó una campaña sobre la ineficacia del gobierno español para evitar la difusión del virus. Recuerdo que salía todas las mañanas a comprar diarios, aprovechando que los decretos sobre el estado de alarma permitían la apertura de los quioscos. Delante de lo que tenía como habitual, colgado de un balcón, había una sábana en la que el inquilino de la casa había escrito “Sánchez vete ya”. El líder socialista había sido investido presidente poco antes, y junto a la derecha sociológica, la oposición ya pedía su dimisión. Fue Vox, la formación que trajo los decretos contra el estado de alarma en el Constitucional. El partido de Santiago Abascal logró que el órgano de garantías considerase por seis votos a cinco que se habían vulnerado derechos fundamentales de los ciudadanos. El tribunal decidió que para hacer frente a la pandemia debía haberse aprobado la declaración del estado de excepción. Y Pablo Casado, que entonces lideraba el PP, celebró la resolución, cuando apoyó las tres primeras prórrogas del decreto, se había abstenido en la cuarta y había votado en contra de las dos siguientes.
Mucho hablar de despolitización de la justicia, pero el PP aprovechó la controversia sobre la sentencia del estado de alarma y la pandemia como elementos de deterioro del gobierno. Y lo mismo con los más de cinco años sin renovar al Consejo del Poder Judicial, o en su estrategia para hacer frente a la tramitación y aplicación de la ley de amnistía. Los populares han malgastado mucha munición para derribar a Pedro Sánchez, y han topado siempre con el inconveniente de la competencia de Vox por un lado y la falta de aliados por el otro.
Ahora la actuación de Feijóo en los primeros días después de la tragedia de la DANA ha implicado el mismo error. Entiendo que se manifestara indignado porque un pleno que se había suspendido en el Congreso, y que había impedido las preguntas al gobierno, sí continuaba por aprobar el decreto ley sobre el nuevo consejo de administración de RTVE. Pero eso mismo vuelve a poner de relieve la debilidad de los populares, porque lo que sí ha logrado el PSOE con el pacto para renovar este consejo es reforzar alianzas con sus socios de investidura. Se dirá que es un acuerdo de conveniencias. Y podrá responderse que sí, como todos. Ahora bien, como hecho sin precedentes, la cachea estos días del despacho y dispositivos móviles del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Lo pidió Alberto González Amador, pareja de Ayuso e investigado por fraude fiscal. Ni Cristiano Ronaldo logró algo parecido cuando Hacienda le acusó de los mismos delitos.
