Día D en el Supremo: Ábalos y Koldo declaran en el juicio del caso de las mascarillas

MadridNuevo día decisivo en el Tribunal Supremo. Después de la explosiva declaración de Víctor de Aldama, que decidió sacar la metralleta para disparar a tort y a derecho e intentar salpicar a Pedro Sánchez y la financiación del PSOE, llega el turno de quien fue número tres de los socialistas y hombre fuerte del presidente español. José Luis Ábalos se enfrenta a entre 24 y 30 años de prisión por delitos como pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Y hoy tendrá la oportunidad de dar explicaciones. Antes que él, será el turno de quien fue su mano derecha en el ministerio de Transportes, Koldo García. Ambos están en la cárcel de Soto del Real desde finales de noviembre.

En una declaración de seis horas y media, y sin aportar ninguna prueba, el empresario y presunto conseguidor de la trama implicó a Pedro Sánchez en el caso Koldo y aseguró que las constructoras financiaban ilegalmente el PSOE. "Si hay una jerarquía de una organización criminal, Sánchez está en el primer escalafón", dijo. "A mí se me transmitía que el presidente lo sabía todo", añadió. Ratificó que pagó 10.000 euros al mes a Ábalos y Koldo: "Ellos siempre me dijeron que parte de ese dinero iba para la financiación del Partido Socialista", destacó. Y afirmó que Koldo le decía que Sánchez "sabía y tenía claro" todo lo que hacían.

La segunda pata que salpicó las finanzas del PSOE tenía que ver con las constructoras. Koldo habría presentado a Aldama constructoras que trabajaban para el ministerio: "Tenemos que ver cómo podemos ayudarles para que ellos se lleven la licitación. Al final se la llevarán, pero si les ayudamos a ganar, podemos tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido", recordó que le habría explicado el asesor de Ábalos.

¿De qué les acusa la Fiscalía?

Según la Fiscalía Anticorrupción, el entonces ministro se valía de su “valiosa influencia”, el asesor aprovechaba sus “oficios” y el empresario y presunto facilitador buscaba empresas o particulares que quisieran hacer gestiones con la administración para hacer valer sus intereses de manera “arbitraria”. Todo ello, a cambio del “pago continuado de cantidades de dinero elevadas” en el marco de un “convenio criminal”.

En su escrito de defensa, el exministro niega totalmente que llevara a cabo ningún “plan criminal” para facilitar contratos públicos a cambio de una comisión: “No hubo ingresos ilegales”, subraya. Y recalca que los precios que se pagaron no eran ni “excesivos” ni “superiores a los de mercado o a los que habían pagado otras administraciones”.