La estrategia electoral de Aragonès choca con la Junta Electoral

BarcelonaPere Aragonès ha resucitado en estas primeras semanas de campaña el acuerdo de claridad para pactar un referendo con el Estado y también ha desvelado su propuesta de financiación singular. Dos cuestiones hechas públicas desde el Gobierno que la oposición ha considerado electoralistas y que ha llevado a la Junta Electoral. La estrategia de los republicanos se ha topado con el organismo electoral, que ya les ha picado la cresta tres veces desde que Aragonès anunció el 12-M. El organismo electoral ha acusado al ejecutivo de vulnerar la "neutralidad política" en cuestiones como la presentación de la financiación singular. Ahora bien, de momento no le ha abierto ningún expediente sancionador que pueda acabar con una multa y también ha archivado la denuncia que presentó el PP por la cuestión del referendo (que pedía detener el anuncio preventivamente). En este sentido, el Govern se defiende y la semana pasada la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, afirmaba: "No hacemos nada que no se pueda hacer".

La Junta Electoral se ha pronunciado a raíz de las denuncias que han presentado el PSC y el PP. Los socialistas llevaron la presentación de la propuesta de financiación singular que realizaron la consellera de Economía, Natàlia Mas, y la portavoz Patrícia Plaja. El Gobierno decidió mantener el acto previsto antes de que Aragonés anunciara el adelanto electoral, pero los socialistas consideraron que esto contravenía a la LOREG y la Junta Electoral Central (JEC) les ha dado la razón. En la resolución hecha pública el 4 de abril, el organismo electoral acepta la denuncia del PSC, que también se quejaba de dos artículos patrocinados por el Govern en materia sanitaria que se publicaron en los diarios de Sabadell y Tarragona el 19 y el 20 de marzo. La JEC cree que se vulneró la "neutralidad política" y pide al ejecutivo que "se abstenga de llevar a cabo actuaciones que sean contrarias a la prohibición de realizar campaña o la utilización de imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas por las formaciones políticas en su campaña electoral".

La Junta Electoral Provincial de Barcelona también estimó la denuncia que presentó el PP en contra de la publicación del departamento de Acción Climática en la red social X del 21 de marzo en la que anunciaba ayudas de 128 millones de euros por mejorar las redes de agua municipal para 707 municipios, así como la visita al centro Barnahus, en Vilanova i la Geltrú, del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. En estos dos casos, la Junta Electoral considera que el Gobierno también vulneró el "principio de neutralidad", pero su resolución no es definitiva, sino que la Generalitat puede recurrir a la JEC. De hecho, Plaja ya anunció el pasado martes que lo harían –el ejecutivo ya presentó alegaciones ante la Junta Electoral de Barcelona.

El ejecutivo también recurrirá el acuerdo de la JEC contra la financiación singular y dos anuncios patrocinados. En este caso, en el Tribunal Supremo, en la sala de lo contencioso administrativo, porque la decisión de la JEC es definitiva. El Gobierno considera que el organismo electoral ha realizado una interpretación demasiado restrictiva de la LOREG. Precisamente, Patrícia Plaja se reafirmaba en esta tesis cuando la semana pasada decía que el ejecutivo está siendo "cuidadoso" a la hora de encontrar "el equilibrio entre las explicaciones normales de su actividad y lo establecido por la ley".

La denuncia contra el acuerdo de claridad

El PP también denunció a la Generalitat cuando se enteró de que Aragonés presentaría el informe del Instituto de Estudios del Autogobierno (IEA) el 2 de abril y que establecía las vías jurídicas para sacar adelante un referéndum acordado con el 'Estado. Sin embargo, una denuncia que la Junta Electoral de Barcelona ha archivado, según el documento al que ha tenido acceso el ARA. El organismo considera que no puede pronunciarse sobre futuribles, porque los populares presentaron la denuncia antes del acto y pedían a la Junta Electoral que lo prohibiera. Sin embargo, el órgano electoral defiende que no puede "ordenar" desconvocar actos.

Ahora bien, sí admite que "con posterioridad pueda examinar las denuncias, quejas o reclamaciones" que se puedan presentar por "vulneración de la legislación electoral". Los socialistas explicaron en su momento que también estaban estudiando si llevar esa cuestión a la Junta Electoral, pero en estos momentos no quieren confirmar si lo han hecho. Consultada por el ARA, la Junta Electoral de Barcelona asegura que no les ha llegado ninguna denuncia nueva.

Multas recurrentes en los gobiernos

No es nuevo que la Junta Electoral intervenga en la acción de los gobiernos de turno cuando está en marcha una campaña electoral. Sin ir más lejos, pasó en las últimas elecciones generales, del 23 de julio, cuando la JEC multó al presidente español, Pedro Sánchez, por utilizar medios públicos para hacer "electoralismo" durante la campaña. En concreto, se refería a que el líder del PSOE utilizara las dependencias del gobierno español en Bruselas para criticar los pactos entre el PP y Vox tras el Consejo Europeo del 29 y 30 de junio. La multa fue de 2.200 euros.

La misma sanción que recibió Pere Aragonès por un acto en el que la consellera de Territorio, Ester Capella, presentó "las mejoras de movilidad del Maresme" con una previsión de 384 millones de euros para la comarca. Por la campaña de las elecciones municipales y autonómicas, la JEC también multó al gobierno español con 4.700 euros al considerar que la entonces ministra portavoz, Isabel Rodríguez, hizo "electoralismo" en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros del 4 de abril y el 3 de mayo, en los que criticó al PP.