El español como lengua vehicular y los referéndums, delito: el programa electoral del PP

MadridEl PP ha puesto por escrito su cruzada contra el independentismo y contra uno de los consensos de Catalunya, la inmersión lingüística. En el programa electoral con el que se presenta el 23-J también desgrana el modelo económico, contrapuesto al del actual gobierno de coalición, con el que Alberto Núñez Feijóo pretende gobernar el Estado si el 23-J llega a la Moncloa. Estas son las principales medidas del plan del líder popular.

La sedición y los referéndums, delitos

Los populares han puesto en su programa electoral lo que han ido repitiendo como un mantra desde hace meses: que restablecerán el delito de sedición, volverán a reformar el de malversación y tipificarán como delito los referéndums ilegales o "maquinaciones dirigidas a socavar el crédito de España en la comunidad internacional". De hecho, el PP se compromete a "actualizar" la tipificación de la sedición para "castigar las formas más graves de deslealtad constitucional", es decir, abre la puerta a aumentar las penas que hasta ahora incluía este delito. Los populares también prometen reformar la ley que regula los indultos para "reforzar la motivación" por parte del gobierno español.

Lengua y escuela catalana

Feijóo garantiza que el español también será lengua vehicular en las escuelas catalanas, sin especificar, sin embargo, un porcentaje concreto como el del 25% que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. En la práctica, sin embargo, los efectos son los mismos. "Garantizaremos que, en las comunidades autónomas con más de una lengua oficial, ambas tendrán la consideración de vehiculares de acuerdo con el patrón de equilibrio lingüístico", exponen en el programa electoral. "Equilibrio lingüístico" son las palabras que usa Feijóo para referirse al modelo gallego de 50%-50%.

La educación es otra de las cuestiones en las que el PP quiere introducir cambios. Se comprometen a "asegurar un contenido común para todos los alumnos con independencia de donde estudien", pero también a "asegurar la neutralidad ideológica en las aulas, el fomento del pensamiento crítico y el respeto a la Constitución y a las leyes". Es decir, que el Estado tendrá mano en materia de educación, una competencia de las comunidades autónomas.

En el ámbito universitario prometen una selectividad única para todo el Estado y también reformar la nueva ley de universidades que impulsó el actual ministerio de Universidades.

Violencia de género

Después de firmar pactos autonómicos con Vox donde dejan fuera la violencia machista y la sustituyen por la violencia intrafamiliar por exigencia de la extrema derecha, el PP defiende en su programa impulsar políticas para luchar contra la "violencia de género". Se comprometen, por ejemplo, a actualizar el pacto contra la violencia de género y también tipificar la violencia digital como un delito. Los conservadores también ponen por escrito lo que han ido prometiendo en los últimos meses: que volverán a reformar la ley del solo sí es sí después de las "defectuosas reformas parciales" de la última legislatura. Los populares también se proponen derogar la actual ley trans y elaborar una nueva.

Sobre la ley del aborto, los populares solo prometen que volverán a establecer el consentimiento paterno para las chicas que quieran abortar que sean "menores de edad". En el caso de la ley de la eutanasia, no dicen que la derogarán, sino que la "revisarán" después de consultar con la opinión del Comité de Bioética.

Memoria histórica

El PP se compromete a derogar la actual ley de memoria democrática y a redactar una nueva que "refuerce los principios democráticos y la reconciliación nacional". De este modo Feijóo no apuesta por quedarse con el texto de la anterior ley aprobada por el gobierno Zapatero, como había dicho en algunas entrevistas, sino por hacer una norma nueva en la que el PP tendrá que posicionarse sobre el régimen de Franco y qué se hace, por ejemplo, con las fosas.

Los populares también aseguran que sacarán adelante una ley de secretos oficiales. La actual ha quedado guardada en un cajón después de que el consejo de ministros solo aprobara el anteproyecto hace un año. El PP fue crítico.

Modelo económico

En el ámbito económico, el programa del PP es muy genérico y contiene pocas promesas concretas. La más importante es la rebaja del IRPF para las rentas inferiores a 40.000 euros y del IVA de la carne, el pescado y las conservas. Esta última, sin embargo, se especifica que sería una medida "temporal". Otras medidas son menos concretas pero tienen una innegable impronta ayusista. Así, la primera medida del programa es "relanzar medidas para garantizar la competencia con la unidad de mercado", y aquí hablan de "reducir barreras" y de "racionalizar la normativa autonómica", en línea con lo que defiende la presidenta madrileña.

También se comprometen, en el ámbito de la empresa, a sustituir el régimen de licencia por el de "declaración responsable" para agilizar la apertura de nuevos negocios y se ampliará el concepto de "silencio positivo" de la administración, es decir, que la no contestación equivalga a un sí. En línea con lo que se ha aprobado en diferentes comunidades autónomas, se prometen medidas a favor del medio rural, con un plan piloto de fiscalidad propia, y el turismo, con un PERTE propio.

Respecto a las grandes cuestiones como el agua, la vivienda o la financiación autonómica, el PP todavía se moja menos y lo que hace es afirmar que buscará "pactos de estado". En el caso de la financiación autonómica se compromete a "acordar" la reforma, pero claro, esto no depende solo de ellos.

Justicia y política institucional

El PP lleva en el programa electoral dos reformas que ya había anunciado: la de la ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y la del Poder Judicial (LOPJ). En el primer caso, aseguran que el objetivo es la "desvinculación política" de los miembros de los dos órganos y se comprometen a que los magistrados elegidos "no hayan estado vinculados políticamente durante los últimos cinco años". En el caso de la LOPJ, los populares defienden una vez más una reforma para que los jueces sean los que elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las críticas al director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, han sido una constante por parte del PP para cargar contra la politización del ente. Por eso, el partido lleva en su programa una promesa que han verbalizado ya muchas veces: "Garantizaremos que los presidentes, directores y responsables de organismos independientes del Estado (Airef, INE, CIS, Tribunal de Cuentas...) no hayan ocupado puestos políticos como cargo electo, miembro del gobierno del Estado o de las comunidades autónomas o cargo orgánico en un partido político u organización sindical o empresarial en los últimos cinco años". También se comprometen a adoptar las "actuaciones necesarias" para garantizar la "independencia y objetividad" en los medios de comunicación públicos.