España se ofrece a pagar los costes de hacer el catalán oficial en la UE

Barcelona/BruselasEspaña se compromete a asumir todo el coste de las traducciones y las interpretaciones para que el catalán, el gallego y el euskera sean oficiales en la Unión Europea. Éste ha sido el ofrecimiento que Madrid ha hecho este viernes por la tarde a los embajadores de los Veintisiete en un encuentro en Bruselas, después de que algunos estados miembros pidieran más información sobre las implicaciones “legales y presupuestarias” que implicaría la su oficialidad. Concretamente, fuentes diplomáticas aseguran al ARA que diez de los quince países que pidieron el turno de palabra en la reunión apuntaron que antes de tomar una decisión preferirían que se contagie un dictamen de los servicios legales del Consejo de la Unión Europea, así cuanto más tiempo para estudiar su impacto económico y político.

Este posicionamiento complica las opciones de que el próximo martes España ya salga de la reunión de los ministros de Exteriores en el Consejo de Asuntos Generales en Bruselas con el sí unánime –condición imprescindible para que la medida salga adelante– de todos los estados miembros sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera. De hecho, fuentes diplomáticas admiten que cada vez ven más difícil que ni siquiera se llegue a votar la próxima semana. "Hay muchos países que tienen dudas y desean más información", constatan. Entre estos estados miembros constan nada menos que Alemania, Francia o, entre otros, Bélgica.

España tiene la potestad de decidir si se votará o no en el encuentro del próximo martes hasta el último momento, porque es el país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea durante este segundo semestre de este año. A estas alturas, en la agenda de la reunión de ministros europeos todavía consta que se discutirá la oficialidad de estos tres idiomas y, además, se votará. Sin embargo, nunca se acaba votando nada que no se sepa a ciencia cierta que prosperará, y el gobierno puede evitarlo si ya ve que durante el encuentro el resto de socios no lo acaban de ver muy claro.

Consecuencias políticas

Aunque España se haya ofrecido a asumir los gastos de traducción e interpretación, la principal preocupación de los Estados miembros no tiene que ver con el dinero, sino con la legalidad de la iniciativa y, sobre todo, las consecuencias políticas que puede acarrear. Es decir, que este reconocimiento al catalán, el gallego y el euskera abra la veda y anime a otras comunidades de lenguas minorizadas a pedirlo. Hay que recordar que hay países, como Francia, que tradicionalmente han tenido una política muy beligerante contra el bretón, el euskera, el corso, el occitano o el catalán, y en estos momentos todavía no las tiene ni reconocidas legalmente .

Finlandia, por ejemplo, ha pedido el turno de palabra para señalar que, si se admiten todos los idiomas reconocidos como cooficiales en España, también debería abrirse la puerta a aceptar "todas las lenguas regionales" que cuentan con un sello similar a los respectivos Estados miembros.

Sin embargo, otras fuentes diplomáticas recuerdan que la situación del catalán, el gallego y el euskera en España es singular, porque, aunque sean oficiales sólo en una parte del Estado, están reconocidas en la Constitución. En cualquier caso, coinciden las embajadas permanentes en Bruselas, habría que valorar legalmente más adelante si hay otras lenguas en el bloque comunitario con un reconocimiento de ámbito estatal similar al que el catalán tiene en España y si se les ofrece la oficialidad en la Unión Europea.