Estrasburgo estudiará si el Estado se excedió en la condena del 1-O

BarcelonaEl Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) admitió a trámite los recursos que los 9 expresos políticos interpusieron contra la sentencia del 1 de Octubre. De esta forma, Estrasburgo acepta estudiar las posibles vulneraciones de derechos fundamentales que han alegado todos los exconsejeros del Gobierno -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa y Joaquim Forn-, la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell y los ex líderes del ANC y Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart a raíz del Proceso. Todos ellos acusan al Reino de España de no respetar sus derechos: desde el derecho a la libertad de manifestación y reunión a la presunción de inocencia y al juez predeterminado por ley.

Una vez que el TEDH ha tomado esta decisión, el Estado debe mover ficha: Estrasburgo da al Reino de España hasta el 12 de enero para que se posicione sobre una serie de preguntas tras leer las alegaciones de los líderes independentistas. Son, entre otras, las siguientes:

• ¿El Tribunal Supremo hizo una interpretación "expansiva" de la sedición y la malversación?
• ¿Los recurrentes han sido condenados por el ejercicio del derecho de libertad de asociación y expresión?
• ¿Ha habido una privación de libertad que vulnera los derechos de los demandantes?
• ¿Hubo una vulneración del derecho de defensa?

La admisión de esta causa es clave para los líderes del Proceso, ya que implica que Estrasburgo revisará la resolución del Supremo y determinará si fue correcta o se excedió, como llevan años denunciando. En este sentido, si le diera la razón a los expresos políticos, España debería rectificar su actuación y dejaría también en el aire las causas pendientes por el referéndum: tanto la de los exiliados, con el expresidente Carles Puigdemont al frente, como las que todavía están pendientes del sottogobierno del 2017. La decisión de estudiar el caso llega dos años después de que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1 de Octubre agotara todas las instancias internas dentro del Estado: los políticos condenados recurrieron sin éxito al Tribunal Constitucional, que cerró filas (aunque no por unanimidad) con la sentencia de hasta 13 años de cárcel por sedición.

La resolución de Estrasburgo, a la que ha tenido acceso el ARA, recoge los hechos que sucedieron en 2017, desde la aprobación de las leyes de desconexión y la suspensión por parte del Tribunal Constitucional, así como la celebración igualmente del referéndum del 1 de Octubre. Pero no sólo: también recoge cómo el expresidente Carles Puigdemont -que no ha sido juzgado- se marchó de España para evitar ser encausado y, al mismo tiempo, las medidas que ha tomado en los últimos tiempos la Moncloa para paliar los efectos penales del referéndum, desde los indultos a la reforma de la sedición y la malversación. Y esto último no es baladí: quien debe contestar a las preguntas de Estrasburgo es el gobierno español, a través de la abogacía del Estado, que -en palabras del presidente español en funciones, Pedro Sánchez- ha defendido que "la crisis política nunca habría tenido que derivar en una acción judicial".