La fiscalía y la defensa de Begoña Gómez recorren la cita de Pedro Sánchez: "No hay ningún indicio de que la justifique"
Ambas partes en el procedimiento tratan de evitar que el presidente del gobierno español tenga que comparecer como testigo el próximo martes
![El presidente español, Pedro Sánchez, junto a su esposa, Begoña Gómez.](https://static1.ara.cat/clip/0aaf8862-3d74-4c29-b2b1-833a34fab5bf_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
MadridLa fiscalía de Madrid y la defensa de Begoña Gómez han presentado recursos contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar a declarar a Pedro Sánchez como testigo. Al día siguiente de que se hiciera público que convoca al presidente del gobierno español el próximo martes, 30 de julio, el abogado de su mujer y el ministerio público han cargado contra la iniciativa del titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid. "La diligencia no es necesaria para los fines de la investigación que se supone en curso", sostiene el fiscal José Manuel San Baldomero, en un escrito en el que reivindica que Sánchez, al igual que su pareja, "no debe verse abocado a un tratamiento procesal distinto ni más oneroso que el resto de ciudadanos".
En cuanto al abogado de Gómez, Antonio Camacho, asegura que la cimentación de Peinado para optar por esta citación es "inexistente desde un punto de vista estrictamente jurídico". El letrado dice no entender por qué quiere hablar con Sánchez de su relación con la investigada cuando "es público, notorio y perfectamente conocido que ambos mantienen una relación matrimonial desde hace muchos años". "No existe el menor indicio de que justifique la citación efectuada más allá de la voluntad libérrima del magistrado instructor de tomar la declaración que ha acordado", insiste Camacho. El abogado denuncia, de nuevo, que se trata de una investigación "prospectiva".
Se trata de una acusación que el ministerio público comparte. En su escrito, recuerda que en anteriores ocasiones ya ha denunciado que la instrucción de Peinado es "prospectiva y carente de indicios". "La causa sigue adelante con una amplitud claramente desmedida y carente de cualquier precisión o definición", sostiene el fiscal, que también ve "preocupante" como varios testigos -el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache Goñi— han visto "mutada" la condición procesal de testigos a investigados "sin motivación alguna".
En el caso de Sánchez, la fiscalía recuerda que los parientes de un investigado cuando son citados como testigo no tienen obligación de declarar contra su familiar. Esto hace que "no sea útil" citar al jefe del ejecutivo, argumenta. Tal y como plantea la defensa, el ministerio público dice que resulta "sencillamente incierto" pretender aclarar la relación del presidente del gobierno español con Gómez cuando es "notoria". Ante la falta de rastros concretos sobre el presunto tráfico de influencias, además, la citación se ha hecho sin "ponderar la proporcionalidad de ésta, atendiendo al previsible impacto y repercusión, con el sabido y previsible vacío probatorio", añade .
De ahí que el ministerio público reclame "dejar sin efecto" la citación de Sánchez y, en caso de mantenerla, permita que al menos sea por escrito. Así lo prevé la ley de enjuiciamiento criminal cuando son hechos de los que un presidente del gobierno español ha tenido conocimiento por el ejercicio de su cargo. La fiscalía remarca que por mucho que Sánchez les haya podido conocer por "su relación personal y familiar", su posición en el caso está "estrechamente vinculada a hechos relacionados con su cargo".
El papel de Vox
La decisión de citar a Sánchez tomada por Peinado llegó después de que Vox, que ejerce de acusación popular junto a otros partidos y entidades de extrema derecha, pidiera esta diligencia por el hecho de que Gómez se acogió a su derecho a no declarar. El partido de Santiago Abascal no podrá desempeñar el mismo papel en la investigación de la parte de la causa, sobre los contratos públicos adjudicados a Barrabés, que se quedó la Fiscalía Europea. El organismo comunitario rechazó la petición de Vox de ser parte en el procedimiento.