Uno de los expertos del Govern sobre compra especulativa carga contra la propuesta del PSC y Comuns

BarcelonaEl pacto de presupuestos del Gobierno y Comunes, que prevé la prohibición de la compra especulativa de vivienda, no ha gustado nada a las cámaras de propietarios ya las organizaciones empresariales, pero tampoco a las entidades de inquilinos, que lo consideran poco atrevido. A las voces críticas con el texto, que plantea modificar la ley de urbanismo para facultar a los ayuntamientos a introducir el veto, este viernes se ha sumado una nueva: la de Jaime Palomera, del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), uno de los expertos que participó en la mesa de trabajo del Govern al respecto y que elaboró ​​un informe a favor de la medida. "La propuesta actual sobre la compra especulativa de vivienda difícilmente podrá cumplir el objetivo", han asegurado desde el IDRA en un posicionamiento redactado por el propio Palomera, según ha confirmado el ARA.

¿Qué agujeros ve a la medida? De entrada, que no impide la compra de viviendas para revenderlas al poco tiempo por un precio superior, lo que dice que va a generar más tensión en el mercado. La proposición de ley pactada introduce mecanismos para tratar de evitarlo: por ejemplo, obligando a las personas físicas grandes tenedores a empadronarse en una casa para asegurar que se la han comprado para vivir, o limitando las segundas residencias que puede tener una persona. También obliga a los grandes tenedores ya las empresas que compren edificios enteros a ponerlos todos en el mercado de alquiler según los índices de precios, pero no impide su reventa.

Este jueves, desde Comuns ya alertaban de que, para asegurar la solvencia jurídica de la norma, no podían entrar a regular las ventas. La prohibición se articula a través de la normativa urbanística y de usos a los que puede dedicarse un inmueble recién adquirido, mediante planes especiales. El urbanismo es competencia exclusiva de la Generalidad, mientras que las bases de los contratos y el régimen civil son competencia del Estado. Por eso se ha elegido esta vía. Ahora bien, Comuns confía en que la subida de impuestos que pactaron el año pasado con el Gobierno para los grandes tenedores ya quien compre un edificio entero.con un incremento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) del 10% al 20%— sirva para desincentivar estas operaciones.

Las viviendas vacías

Otro problema, según Palomera, es que el texto pactado "no impide comprar viviendas para tenerlas vacías como activo especulativo". Pese a que la normativa catalana lo penaliza en el caso de los grandes tenedores, sigue habiendo problemas de inspección. Además, la ley no tendrá efectos retroactivos, por lo que no tiene incidencia alguna en la situación de los pisos que actualmente están desocupados. "Hay que aprobar medidas urbanísticas y fiscales que aseguren la función social de las viviendas infraocupadas o desviadas a usos no residenciales", alerta el IDRA en el comunicado.

De hecho, en su informe, Palomera ya advertía que la limitación de la compra especulativa debía insertarse en un marco global de actuación y combinar con otras medidas. Por ejemplo, apretar fiscalmente a las personas o empresas que acumulen inmuebles, condicionar el acceso a la financiación a la función social de la vivienda, incrementar los inspectores o recuperar pisos que ahora se destinan a otras funciones, como actividad económica, o que estén vacíos. "La demanda está inflada artificialmente por actores que no tienen necesidad de vivienda", concluía Palomera.

La última queja del IDRA es que, con el planteamiento del PSC y Comuns, los particulares, las administraciones y las entidades sociales continuarán compitiendo con "la demanda especulativa en el mercado de la compraventa". Es decir, dado que no hay una prohibición total para que los grandes tenedores dejen de comprar –se les permite hacerlo en algunas circunstancias–, esto puede "seguir alimentando el encarecimiento y las dinámicas de concentración de la propiedad": menos propietarios con una sola vivienda, y más multipropietarios y grandes tenedores. Sin embargo, la proposición de ley veta que las empresas puedan adquirir pisos -deben ser edificios enteros- precisamente con esta idea.

Choque con Fomento

Si el IDRA y el Sindicato de Alquiladoras consideran que el Gobierno y Comunes se han quedado cortos, Foment del Treball considera que se han pasado de frenada. En una entrevista en Catalunya Ràdio, el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, calificó de "filocomunistas" las políticas de vivienda del ejecutivo y acusó a Isla de querer conseguir los votos de Comuns para los presupuestos "a cambio de vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos de Catalunya, como la propiedad privada". "Me preocupa muchísimo la imagen de Catalunya en el exterior", espetó. En este sentido, ha cargado contra "la incompetencia de los últimos gobiernos de la Generalitat en materia de vivienda", incluido el actual, por ser "incapaces de producir vivienda asequible a disposición de los ciudadanos". "Estamos con unos planteamientos de decrecimiento económico que no hacen ningún bien en la imagen del presidente Illa y del gobierno de la Generalitat", ha rematado.

No es el primer encontronazo que Fomento tiene con el Govern. La patronal catalana ha ido subiendo el tono contra el ejecutivo del PSC a medida que ha ido avanzando la legislatura y los socialistas se han ido inclinando por medidas más intervencionistas en el ámbito de la vivienda y subidas de impuestos concretas -por ejemplo, con la tasa turística o los tributos a los grandes tenedores-. La tensión entre la patronal y el ejecutivo alcanzó cotas máximas cuando Sánchez Llibre en persona cargó contra el modelo de financiación pactado, que tachó de "insuficiente". Entonces trascendió que Isla había abucheado al presidente de Fomento por ese posicionamiento. Este viernes, Sánchez Llibre ha comentado la conversación que mantuvo por este tema y el "gran escándalo" que se organizó en el Govern por su postura.