¿Ganaría Catalunya, con el modelo de financiación que defiende el PSC?

BarcelonaA las puertas de las elecciones catalanas, el PSC enarbola de nuevo la bandera de la ordinalidad como fórmula para mejorar la financiación autonómica de Catalunya, una de sus propuestas históricas. Frente al pacto fiscal que reclaman Esquerra i Junts para que la Generalitat recaude todos los impuestos, Salvador Illa ha asumido el compromiso de negociar un nuevo modelo "más justo" y conseguir que se respete un principio que, según los expertos consultados por el ARA, debería ser básico en cualquier propuesta sobre financiación: si Cataluña es la tercera comunidad que más contribuye con impuestos, debería ocupar la tercera posición en el reparto de los recursos per cápita después de la redistribución –y no la décima, como ocurre ahora, o la decimocuarta, si se tiene en cuenta el coste de la vida–. Esto es lo que supone la ordinalidad, que rige la financiación de estados federales como Alemania, Suiza o Canadá. Ahora bien, ¿cuánto dinero de más supondría esto para las arcas de la Generalitat?

El catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la UPF Albert Carreras han esbozado un primer cálculo a partir de la diferencia entre los recursos por habitante que recibe Cataluña, cuarta comunidad en PIB per cápita, y la cuarta comunidad que más recibe (y segunda del régimen común), cifras a multiplicar por el número de habitantes en el país. De acuerdo con esta fórmula, y según los datos disponibles de 2021, la Generalitat debería haber recibido 4.419,8 millones adicionales, el 20% más de lo que ingresó entonces (esto, aplicando la ordinalidad sólo en Catalunya). El catedrático de Economía de la UPF Guillem López Casasnovas calcula que el incremento sería de entre 3.400 y 3.740 millones, un dinero que propone concentrar en una medida que la sociedad perciba como urgente y necesaria para que todos los partidos catalanes hagan piña . El experto propone que sea la atención en la salud mental.

Las cifras podrían subir hasta los 10.000 millones si se tuviera en cuenta el poder adquisitivo en Catalunya, de los más altos de España, y eso sin plantear compensación alguna del "déficit histórico" que el Estado arrastra con la Generalitat, que el Parlamento cuantificó en 456.000 millones. Pero, según explica Carreras, también director de ESCI-UP, el Estado nunca ha suministrado los datos oficiales para realizar este cálculo teniendo en cuenta el coste de la vida, que repercute en lo que cada autonomía debe pagar por los servicios que presta.

Negociación multilateral

Sin embargo, los socialistas catalanes ya han avisado de que quieren negociar la reforma de la financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, estrategia que se aparta de la negociación bilateral que defendió el expresidente José Montilla ante José Luis Rodríguez Zapatero en 2008. El sistema de financiación que salió de esa negociación –caducado desde 2014– tiene varios componentes: los tributos cedidos, el fondo de garantía de servicios públicos y otros dos fondos complementarios (el de suficiencia y el de convergencia). Según la catedrática de Economía Pública de la Universidad de Barcelona Núria Bosch, si se eliminaran estos dos fondos, Cataluña ya estaría un 5% por encima de la media (ahora está casi un 2% por debajo). Y sin redistribución alguna, señala la experta, lo estaría un 20%. El bache financiero que supondría replantear el sistema según la ordinalidad para autonomías que ahora reciben mucho más de lo que aportan augura una negociación política difícil y resistencias en algunos territorios, aunque comunidades como Cataluña, Madrid y Baleares –ahora infrafinanciadas– en saldrían beneficiadas. En paralelo, Isla ha declarado la guerra al dumping fiscal en comunidades como Andalucía o Madrid, en las que el sistema no penaliza por rebajar impuestos o eliminar patrimonio y sucesiones. Una maniobra que, además, les permite atraer a grandes fortunas y empresas que generan actividad económica y mayores ingresos.

Los expertos reclaman una reforma

Más allá del debate sobre la ordinalidad, todos los expertos consultados están de acuerdo en que el sistema de financiación autonómica actual no tiene resultados satisfactorios, tampoco en términos de claridad y transparencia, y no ha permitido reducir las diferencias entre comunidades más ricas y más pobres, explica el decano del Colegio de Economistas, Carlos Puig de Travy. Mientras el Estado ha visto cómo sus recursos se incrementaban, las comunidades no han visto ni un euro a cuenta de ese crecimiento –otro de los puntos que habría que enmendar– y han tenido que endeudarse para cumplir con las suyas obligaciones de pago, unos déficits que habría que abordar en la próxima reforma de la Lofca.

Para el experto, alcanzar la ordinalidad sería un muy buen "primer paso" (la financiación singular es una propuesta más "de máximos", señala), aunque cree que el PSC debe explicar cómo desplegarían la otra medida estrella que han presentado en materia de financiación: el consorcio tributario. Durante la precampaña, Isla ha repetido en varias ocasiones que el consorcio tributario también es "singular", porque no lo prevé ningún otro estatuto de autonomía. También ha admitido que es un mecanismo "muy complejo" y que habrá reticencias para implementarlo tanto en España como dentro de Catalunya. A quien cuestiona su capacidad (o disposición) para negociar un cambio de esa envergadura ya ha lanzado un mensaje: "Entiendo que puedan tener dudas. Pero tienen la certeza de que ni Junts ni Esquerra en diez años lo han resuelto".