Política 30/06/2021

Mas y el gobierno del 9-N: dos años esperando que el Supremo revise la condena del Tribunal de Cuentas

El ejecutivo de Puigdemont también espera un juicio al órgano fiscalizador por el 1-O, que será el mismo que el pleito por la acción exterior

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Joana Ortega, Irene Rigau, Artur Mas y Francesc Homs entrando en  Tribunal de Cuentas.

BarcelonaPara los principales líderes políticos damnificados por la nueva ofensiva del Tribunal de Cuentas contra el independentismo no es nuevo ni verse inmersos en un procedimiento en este órgano ni tener que afrontar una fianza millonaria. Artur Mas, Francesc Homs, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva son algunos de los dirigentes catalanes que ya han pasado cuentas con el órgano fiscalizador, en todos los casos por haber puesto las urnas. Primero fue el gobierno de Mas el que tuvo que afrontar una multa de 5,8 millones de euros por organizar el 9-N, y después el ejecutivo de Puigdemont tuvo que pagar 4,1 millones al Tribunal de Cuentas por los gastos del 1-O. A pesar de que ya se han saldado las fianzas en todos los casos, solo en el caso del 9-N el procedimiento ya ha salido fuera del Tribunal de Cuentas y ha podido llegar a otras instancias que, aun así, no están precisamente actuando con celeridad.

En el caso de Mas y su ejecutivo, hace casi dos años que esperan que su recurso de casación al Tribunal Supremo sea admitido a trámite. En noviembre de 2018, el Tribunal de Cuentas condenó al ex president y los ex consellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau y seis altos cargos a devolver casi cinco millones de euros gastados por el 9-N. Antes de esto, sin embargo, se encontraron en el mismo estadio que la actual causa de la política exterior: en septiembre de 2017 el Tribunal de Cuentas les pidió 5,2 millones de euros de fianza antes de ser juzgados. Entonces, pudieron hacerle frente con donaciones de la Caixa de Solidaritat y el aval de varios inmuebles aportados por los implicados –finalmente la Caixa de Solidaritat abonó la totalidad–. Tuvieron estas propiedades embargadas hasta la celebración del juicio, que confirmó la multa inicial. El paso siguiente fue impugnar la sentencia en el propio Tribunal de Cuentas, que todavía acabó subiendo más la multa, hasta los 5,8 millones con los intereses sumados.

Ahora la causa sigue estando abierta en el Tribunal Supremo, donde los implicados presentaron un recurso de casación y están a la espera que lo admita a trámite el alto tribunal, que dos años después todavía no se ha pronunciado. El dinero, sin embargo, ya ha sido recogidos por el Tribunal de Cuentas y solo una rectificación de la sentencia por parte del Supremo provocaría que se devolviera a los afectados.

Este martes Mas, el día que ha conocido la nueva fianza, ha recordado que todavía tiene la causa abierta por el 9-N, un procedimiento que ha calificado de "erróneo y equivocado". Lo mismo les pasa a Puigdemont, Junqueras y Romeva, que tuvieron que afrontar una fianza de 4,1 millones de euros por el 1-O y ahora encaran una nueva por la política exterior. Tal como comunicó el Tribunal de Cuentas al Supremo –el alto tribunal lo preguntó por el informe del indulto a los presos políticos–, la fianza ya ha sido pagada por los implicados, que son una treintena de altos cargos del ejecutivo de Puigdemont, entre ellos el Govern al completo. Entonces, la Caixa de Solidaritat abonó la mitad del gasto y la parte restante se avaló con las fianzas que ya se habían pagado al Tribunal Supremo. Esta causa, sin embargo, todavía no ha sido juzgada, puesto que el Tribunal de Cuentas la juzgará conjuntamente con el procedimiento por la acción exterior.

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