Así es la guerra de la derecha contra el fiscal general del Estado
El Senado reprueba a García Ortiz tras dos reveses en los tribunales
MadridA diferencia de los políticos, que conceden entrevistas habitualmente, no es tan habitual que lo haga el fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz acudió a los micrófonos de la Cadena SER hace tres meses y este martes por la noche acudió a RTVE, señal de que algo sucede. Entonces estaba en el centro de la polémica por el informe que la Fiscalía del Tribunal Supremo debía emitir sobre si el alto tribunal debía investigar a Carles Puigdemont por terrorismo, y ahora ha sufrido un doble revés: por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid debe admitido a trámite la querella de la pareja de Ayuso por presunta revelación de secretos del ministerio público; y por otro, el Supremo debe anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática y derechos humanos. Todo ello, el día antes de que el Senado, este miércoles, lo haya reprobado gracias a la mayoría absoluta del PP.
"No tenemos elementos para asegurar que es intencionado", afirman fuentes cercanas a García Ortiz, en relación con estas coincidencias. Su entorno admite que en una semana marcada por ese protagonismo quería explicarse en primera persona por "transparencia". En la entrevista aseguró que está "tranquilo" y que no le preocupa el cuestionamiento que está recibiendo porque, dijo, está basado en "bolas", haciéndose suya la denuncia de Pedro Sánchez que le llevó a cerrarse a reflexionar durante cinco días. "Lo que le preocupa es el daño que se está haciendo en la Fiscalía como institución", añaden las mismas fuentes.
El nombramiento de Delgado
La principal losa que arrastra a García Ortiz es su vinculación con el exfiscal general Dolores Delgado, que saltó a ese cargo directamente desde el ministerio de Justicia. El actual jefe del ministerio público ha ido premiándola con posiciones importantes que la justicia ha tumbado: primero, el Supremo vio "desviación de poder" en la designación como fiscal de la sala militar del alto tribunal. Ahora, en la decisión conocida este miércoles –aunque aún está por conocer la sentencia entera–, la sala tercera del Supremo obliga a retrotraer el proceso de nombramiento hasta el momento previo a la celebración del Consejo Fiscal en el que García Ortiz rechazó que se estudiara si Delgado incurría en una causa de incompatibilidad por ser designada fiscal de memoria democrática y derechos humanos. ¿Por qué? Por ser pareja del exjuez Baltasar Garzón, que dirige un despacho de abogados especializado en derechos humanos. Sin embargo, el entorno de García Ortiz argumenta que solo hay incompatibilidad si hay una actividad "comercial o mercantil", y defiende que no es el caso.
Una mayoría conservadora en el Consejo Fiscal podría tumbar definitivamente el nombramiento de Delgado. Habrá que aceptar que se estudie si existe causa de incompatibilidad, y en caso de que este organismo así lo establezca, García Ortiz deberá optar por otro candidato a la plaza de fiscal de memoria democrática y derechos humanos. En muchas cuestiones no, pero precisamente en el criterio sobre si un candidato incurre en causas de incompatibilidad, el Consejo Fiscal tiene poder decisorio y el fiscal general debería acatar la decisión, tal y como reconocía a RTVE.
Abstenciones de los socios
El PP se ha volcado en el señalamiento a García Ortiz y le exige que dimita de inmediato o bien que Pedro Sánchez le destituya. En la votación de este miércoles en el Senado, sólo se ha opuesto a la reprobación el PSOE, mientras que ERC, Junts, EH Bildu y el PNV se han abstenido, lo que aún ha dado más alas a la derecha. Estos no son todos los frentes abiertos contra García Ortiz: la sección cuarta de la sala contencioso-administrativa del Supremo también estudia un recurso contra el nombramiento del propio fiscal general del Estado por parte del gobierno español. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo declaró no idóneo para el cargo, precisamente por el revés que sufrió en el primer nombramiento tumbado de Delgado, y una asociación de fiscales se agarra para intentar desbancarle del cargo. Pese a verse "blindado", García Ortiz presenta batalla y ha recusado a los miembros de la sección que tendrán que resolver este caso por ser, justamente, los mismos que revocaron la designación de Delgado. Así es la guerra contra el gobierno español que se vive en los tribunales.
