Indultos parciales, diálogo lento e independentistas todavía en el exilio: ¿cumple España las reclamaciones del Consejo de Europa?

BarcelonaLa asamblea parlamentaria del Consejo de Europa emitió el pasado mes de junio un informe titulado ¿Se tendrían que perseguir a los políticos por las declaraciones que han hecho en el ejercicio de su mandato? El documento hacía referencia a diferentes cuestiones, entre ellas también a los presos políticos, cuyas condenas tuvieron en cuenta declaraciones hechas en el ejercicio de sus mandatos. El mismo día, el presidente español, Pedro Sánchez, anunció la concesión de los indultos a los líderes del 1-O. Pero el texto iba más allá de reclamar esta medida de gracia, también recomendaba retirar las euroórdenes, las acusaciones por el 1-O a funcionarios de bajo rango y que no se exigiera a los presos políticos que se abstengan de sus convicciones a cambio de beneficios penitenciarios. Casi un año después de la publicación del documento, el Síndic de Greuges ha facilitado un informe que hace un seguimiento para intentar aclarar en qué grado España ha cumplido con las recomendaciones del Consejo. La conclusión del órgano es que a medias.

España ha concedido los indultos a los presos políticos, admite el órgano, pero sólo de manera parcial. Ha construido una mesa de diálogo, pero avanza lentamente. Y ha anunciado una reforma del Código Penal en relación con los delitos de rebelión y sedición, pero no la ha llevado a cabo. "Según los medios [de comunicación], una vez concedidos los indultos, el Gobierno ha renunciado a esta reforma", explica. Sobre los indultos, además, critica que no se ampliaran a las "penas no privativas de libertad": "Visto que la pena privativa de derechos más importante de las que se habían impuesto era la inhabilitación para ejercer todo tipo de cargos públicos (...), los condenados por la referida sentencia han quedado excluidos de participar en los asuntos públicos", recalca el informe. Cómo exigía la resolución de la asamblea parlamentaria, los presos políticos "no tuvieron que renunciar a sus convicciones políticas" para obtener el indulto. No obstante, el Síndic denuncia entre otras cuestiones un informe preceptivo que emitió el Tribunal Supremo (TS) antes de la concesión de los indultos, y que usaba "profusamente" el argumento de la "falta de arrepentimiento" de los condenados para "oponerse a la concesión", un motivo que se dio en otras ocasiones para "revocar beneficios penitenciarios que habían sido concedidos a los condenados cuando estaban en prisión".

Además, el Consejo de Europa valoraba la posibilidad de retirar las euroórdenes y de dejar sin efecto los procedimientos de extradición. El expresidente Carles Puigdemont y los ex consellers Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig continúan exiliados, así como también la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel. Además, asevera el documento, "no ha habido una retirada generalizada de procesos contra cargos inferiores por parte de la Fiscalía", tal como recomendaba el Consejo de Europa, ni tampoco se ha garantizado que "la disposición penal sobre malversación de fondos públicos se aplique de forma que la responsabilidad solo surja cuando se puedan constatar pérdidas reales y cuantificadas para el presupuesto o patrimonio del Estado". Prueba de esto es especialmente la causa abierta del Tribunal de Cuentas contra treinta y cuatro altos cargos de la Generalitat entre 2011 y 2017.

Sobre la recomendación del Consejo de Europa de "establecer un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas de Catalunya", el Síndic destaca que, a pesar de que "se ha abierto una mesa de diálogo entre el Govern de la Generalitat y el del Estado", el proceso "avanza muy lentamente" –se ha reunido en dos ocasiones– y está falta, "como mínimo públicamente", de una "estructura y una planificación claras y definidas". Finalmente, el Síndic denuncia la "concepción legalista y formalista" del estado de derecho por parte de las instituciones españolas. "El Consejo de Europa ha advertido que una interpretación formalista del estado de derecho y el imperio de la ley es contraria a su verdadera esencia", critica. Considera que esta concepción legalista "se fundamenta a menudo en algunos principios políticos que se consideran superiores a cualquier otro": "la unidad del Estado y no la Constitución".

El síndic, Rafael Ribó, ha explicado que "normalmente" es el mismo Consejo de Europa, con quien ha trabajado, quien publica un "balance" cuando ha pasado un año de sus recomendaciones. Un informe, por lo tanto, que tendría que llegar "de aquí a pocas semanas". En rueda de prensa en el Parlament, también se ha referido a las recomendaciones generales para todos los países de la asamblea, que considera que tampoco se cumplen en España. Por ejemplo, ve carencias en la libertad de expresión en el delito de injurias a la corona o la atribución de "delitos de odio a cuerpos estatales no susceptibles de protección por el mismo". Además, ha hecho hincapié en el juicio al expresidente Quim Torra o el caso del exdiputado de la CUP Pau Juvillà, que considera que se han visto privados del "derecho a la tutela efectiva", entre otros.