Insuficiente, pero un avance

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, en la Moncloa.
11/01/2026
3 min

BarcelonaEl gobierno español ha dado a conocer las líneas maestras de un nuevo modelo de financiación autonómica que, en términos generales, representa una mejora respecto al sistema vigente. Sin embargo, no se trata de una reforma estructural profunda ni de un modelo realmente singular para Cataluña, sino de una actualización con elementos positivos pero también con limitaciones relevantes. Se trata de un sistema general para todas las comunidades, con algunas opcionalidades pensadas en cierto modo para el caso catalán, pero extensibles a otros territorios.

Entre los aspectos favorables cabe destacar, en primer lugar, que la propuesta corrige parcialmente la infrafinanciación que sufren las comunidades mediterráneas, que son las más perjudicadas por el actual sistema. Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares se beneficiarían de un reparto más ajustado a las necesidades reales de gasto. En ese sentido, el nuevo modelo parece avanzar en una dirección más equitativa. Como era previsible, ninguna comunidad pierde y casi todas salen ganando, aunque, cosa también previsible, nadie nos agradecerá que el mal encaje de Catalunya haga mover las cosas al Estado. Más bien será lo contrario.

También son positivos algunos elementos de autonomía y opcionalidad que se introducen para las comunidades autónomas. La posibilidad de recaudar una parte del IVA en función del rendimiento específico para las pymes en cada territorio, la de sustituir la transferencia por competencias no homogéneas por un porcentaje adicional del mismo impuesto o la de crear un eventual fondo climático pueden beneficiar especialmente a territorios como Cataluña o la Comunidad Valenciana, con una presencia relevante de pymes y una elevada exposición a los retos de la transición. A esto se añade la potestad de abandonar el sistema de anticipos y percibir los recursos de forma sincronizada con el Estado, una medida que puede mejorar la gestión de tesorería de las finanzas autonómicas.

En cuanto al principio de ordinalidad, el nuevo modelo parece acercarse a él, pero sin garantizarlo explícitamente. La ordinalidad no aparece como una premisa del sistema, ni parece quedar blindada en un futuro texto legal, sino que aparece como un posible resultado derivado de los parámetros utilizados en el cálculo de los recursos. Esto implica que si estos parámetros cambian en el futuro, los resultados también pueden variar. A falta de mayor información y de la posibilidad de replicar los cálculos con detalle, es prudente evitar afirmaciones categóricas.

Cuestiones pendientes

Quedan pendientes cuestiones clave como la gestión y recaudación de los impuestos generados en Catalunya –con el IRPF como primer escalón–, en los que el Estado no parece dispuesto a ceder soberanía real, más allá de una "gestión en red" que no se sabe muy bien lo que quiere decir, con participación limitada de las agencias tributarias autonómicas. También queda por concretar el papel del consorcio de inversiones con el Estado.

La financiación singular pactada al inicio de la legislatura entre PSC y ERC queda, pues, lejos de esta propuesta. No se ha producido el cambio de paradigma que entonces se dibujaba, quizás porque las expectativas eran muy altas. Ni siquiera se ha avanzado lo suficiente en transparencia: la contribución de Catalunya a la solidaridad territorial sigue sin visualizarse de forma clara. El nuevo modelo es un paso al frente, pero todavía insuficiente.

Cabe recordar que el sistema de financiación autonómica es sólo una parte del problema del déficit fiscal de Cataluña. Incluso en el mejor de los escenarios, esta reforma sólo corregiría una fracción limitada. El objetivo estratégico del país debe ser reducir el déficit fiscal hasta niveles más aceptables y comparables con los de los estados federales más reconocidos, algo que este modelo no garantiza.

Sin embargo, finalmente hay que hacer la inevitable reflexión política derivada de la situación de fragilidad y del momento histórico que vivimos. El camino que queda delante estará plagado de dificultades. Si no saca adelante este acuerdo (u otro mejorado fruto de la negociación que está por venir), ¿cuál es el escenario alternativo? Si no se concreta el cambio de modelo de aquí al final de la legislatura (suponiendo que se agote), ¿en la nueva que surja de unas futuras elecciones estaremos en mejor situación? Hagan sus apuestas, pero quien suscribe las tiene claras.

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