¿Qué jueces hacen política en el Estado?

MadridEn una semana marcada por el debate migratorio y los problemas de Alberto Núñez Feijóo sobre su posición respecto al conflicto en Gaza, la agenda judicial ha vuelto a ser intensa. La Audiencia de Badajoz ha confirmado que el hermano de Pedro Sánchez irá a juicio por prevaricación y tráfico de influencias; un juzgado de Madrid ha abierto juicio oral contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal y organización criminal, entre otros delitos; el juez Juan Carlos Peinado ha decidido que Begoña Gómez sea juzgada por un tribunal popular por malversación; y, finalmente, se ha confirmado la composición del tribunal que juzgará al fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ésta pudo ser la semana horribilis de Ayuso si no fuera porque disfruta de un ecosistema mediático dentro de la M-30 madrileña que la protege. Está prácticamente sola –con Aznar y Vox– en las tesis proisraelíes y las decisiones judiciales sobre su pareja tampoco le pasan factura. Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, decidió atacar a la juez Carmen Rodríguez-Medel por haber enviado a juicio a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid estando en funciones, subrayando que es "hermanita de un tipo ascendido por Marlaska [ministro del Interior]" y, en definitiva, que "todo". La dirección de Génova desautorizó tímidamente a Miguel Ángel Rodríguez, pero en Madrid no ha habido ningún escándalo debido a que el entorno de Ayuso haya hecho lo mismo que el PP tanto critica al presidente del gobierno español.

Pedro Sánchez ha dicho abiertamente que el juez Peinado hace política con la causa que instruye contra su esposa. Y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, presiona al Consejo General del Poder Judicial para que tramite las quejas que ha presentado contra él. El problema para el ejecutivo del Estado es que la Audiencia de Madrid no solo ha avalado parte de la instrucción, sino que fue quien marcó el camino a Peinado para imputar por malversación a Gómez y la asistenta Cristina Álvarez.

¿Y el Tribunal Supremo? La Moncloa no atacará públicamente a la sala segunda, aunque piense que Manuel Marchena y Pablo Llarena no aplican la amnistía obedeciendo a un determinado interés. El gobierno del Estado aún confía en que el tribunal que juzgará al fiscal general, pese a ser de mayoría conservadora, podría declarar inocente Álvaro García Ortiz, una absolución que devolvería cierto crédito a ciertos magistrados que practican "ficción jurídica", según dijo su colega Ana Ferrer por negarse a amnistiar a los líderes.

El número dos del PP, Miguel Tellado, era uno de los asistentes confirmados en la presentación del nuevo think tank del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, el jueves en Madrid. Todo cambió de repente con la aparición del empresario Víctor de Aldama, imputado en la Audiencia Nacional. Aunque su asesor ya estaba, Tellado, que aparece en audios de Koldo García, no acudió.

"Vox lo que quiere hacer con esta moción es...", dijo el martes la diputada de ERC en el Congreso Etna Estrems cuando, de repente, ocurrió algo. Resulta que la llamaron para que interviniera cuando Vox ni siquiera había presentado su iniciativa. Había sido un error del vicepresidente de la cámara Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que se hizo un lío con el orden del día.