El juez Aguirre rechaza amnistiar a Puigdemont y envía la trama rusa al Supremo
El magistrado ha pedido al alto tribunal que investigue a los encausados por malversación, traición y organización criminal
BarcelonaEl juez Joaquín Aguirre no tiró la toalla y dio un portazo a la amnistía para Carles Puigdemont. El instructor de la trama rusa sobre las presuntas vinculaciones del independentismo con el régimen de Vladimir Putin rechazó amnistiar al expresidente de la Generalitat ya los demás imputados y pidió al Tribunal Supremo que los investigue por los delitos de traición, malversación y organización criminal. Lo ha hecho en un auto avanzado por elAbc ya la que ha tenido acceso el ARA.
Pese a que la Audiencia de Barcelona le ordenó cerrar este mes de mayo la causa porque la había prorrogado sin justificación fundamentada, Aguirre abrió en junio una nueva pieza separada en el caso Volhov en el que apuntó contra los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont y el diputado de Junts Francesc de Dalmases. Como Puigdemont y Dalmases son diputados en el Parlament, el juez ha enviado una exposición razonada al Supremo en la que pide que asuma la investigación por esta causa, por los delitos de malversación, traición y organización criminal.
El polémico juez, contra quien la defensa de Josep Lluís Alay ha iniciado un procedimiento de recusación y al que el propio abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, acusó de prevaricación, arrastra un alud de declaraciones controvertidas, como unos audios avanzados por el diario Red en que se alababa de ser él quien estaba frenando la amnistía. "La ley se tumbó por mí", dijo.
Lo justifica con la traición
Uno de los últimos movimientos de Aguirre en esta causa fue imputar a Puigdemont por traición. También añadió a la investigación el expresidente Artur Mas y el entorno directo de Puigdemont. Ahora, el delito de traición es el argumento de Aguirre para denegar la amnistía y continuar con la instrucción del caso. Lo justifica con un auto lleno de referencias al nuevo concepto de "guerra híbrida" que ya utilizó cuando reabrió el caso después de que la Audiencia de Barcelona le ordenara cerrarlo.
El propio juez recuerda en el auto que la ley de amnistía ampara el delito de malversación, que también imputa en esta causa, siempre que no supusiera un enriquecimiento personal ni afectara a fondos europeos. También hace referencia al pronunciamiento del Supremo en contra de amnistiar ese delito.
Según el instructor, en la supuesta trama rusa del proceso la malversación fue "un medio" para cometer el delito de traición y, por tanto, cree que debe quedar excluida de la amnistía. Apoyándose en los argumentos del Supremo, construye una hipótesis en la que, "si la traición hubiera triunfado, se habría producido la secesión de una parte del territorio nacional" y habría afectado "aunque fuera en grado de mera tentativa, la renta nacional bruta estatal y, por tanto, el presupuesto comunitario". En este sentido, remite a un informe del Tribunal de Cuentas según el cual durante las presidencias de Mas y Puigdemont la Generalitat destinaba a la acción exterior 416,8 millones de euros, entre ellos 130 millones a través de la empresa pública Acción.
Además, Aguirre cree que los investigados formaban una organización criminal en la que Mas y Puigdemont "tenían el liderazgo y el control de las acciones que tomaban sus cuadros directivos". Por no amnistiarles tampoco el supuesto delito de organización criminal, Aguirre justifica que la estructura tenía como finalidad cometer otros delitos (la traición a través de la malversación) y argumenta que, si no se pueden amnistiar los delitos que cometía l organización, tampoco puede hacerse con el delito de pertenecer a la organización.
Petición al Supremo
Pese a querer continuar la investigación, Aguirre no puede encargarse por la condición de aforados de Puigdemont y Dalmases. En un escrito de 82 páginas, índice incluido, y también lleno de referencias al concepto de "guerra híbrida", el instructor pide que tome el relevo el tribunal que sí tiene competencia, el Supremo. Esta petición supondría trasladar la investigación que afecta al expresidente Artur Mas, Carles Puigdemont y al entorno directo de Puigdemont: su abogado, Gonzalo Boye; su jefe de la oficina de expresidente, Josep Lluís Alay; la exconsejera Elsa Artadi y periodistas y empresarios como el periodista Carles Porta y Miquel Casals. También los empresarios Jordi Sardà y Zeus Borrell, el exdiputado de Junts Francesc de Dalmases, el empresario Víctor Terradellas, la periodista afincada en Rusia Natalia Boronat y el empresario ruso Aleksandr Dmitrenko. Ahora, la sala penal del Supremo deberá responder si acepta o no indagar sobre la supuesta trama rusa.
