DÉJAME DECIRTE

Cómo la justicia puede derribar un gobierno

El presidente español, Pedro Sánchez, y el exministro José Luís Ábalos en una imagen de archivo
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MadridLos historiadores de esta etapa de la vida española tendrán mucho trabajo por descifrar los misterios y la importancia de la intervención de la justicia en el ámbito político, hasta el punto de poder ser un factor clave en la caída de un gobierno. La separación de poderes nunca ha sido radical en ningún sistema democrático, y no hace falta decir que es inexistente en los totalitarios. Pero en los últimos años la lucha por el poder se ha desarrollado muchas veces alrededor o dentro de las instituciones y aparatos judiciales. Para darse cuenta no hace falta que la palabra corrupción sea ​​elegida palabra del año, porque ya lo es de los últimos decenios. Si pensamos cómo cayeron Felipe González o Mariano Rajoy, por ejemplo, lo comprobaremos. un buen rinconcito con los fondos reservados de su cargo– o Luis Bárcenas –el extesorero del PP que reunió también unos buenos ahorros procedentes de empresas “colaboradoras”– eran los representantes de una especie en extinción no tenía suficientes conocimientos de antropología y psicología La corrupción siempre hemos tenido ejemplos. ayuda a entender los eventos del presente, sin duda. Pero ahora todo este problema de las manos largas y su afición a introducirse en la política para tratar de enriquecerse tiene otro aspecto, otra dimensión, que le hace especialmente interesante para los analistas e investigadores sociales. Me refiero a la respuesta judicial frente a los fenómenos de la corrupción, y más en general al papel de los tribunales y sus responsables en la reciente historia de España. Hace mucho tiempo –diría que desde su aparición en el escenario político de primer nivel– que Pedro Sánchez tiene una parte del país absolutamente en contra. su autocomplacencia –que consideran chulería– y le identifican con la peor versión de la soberbia. Por cierto, es fantástica la primera acepción de la palabra. soberbia en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) Dice así: "Altivesa y deseo desordenado de ser preferido a los demás"

Una parte importante de este sector de la sociedad española, los "antisanchistas", viste toga en sus horas de trabajo. Son togas con y sin puñetas. imaginaria ocuparían las diversas posiciones posibles. Pueden ser jueces, fiscales, acusadores particulares, defensores o titulares de la acción popular, una especialidad que en los últimos años se ha desarrollado mucho, por lo que no faltan partidarios de suprimir esta figura, por su capacidad de distorsionar los procedimientos judiciales. El papel del antisanchismo togado ha sido clave para el deterioro del gobierno de coalición entre socialistas y Podemos en una primera etapa, y Sumar después. En todo caso, con los partidos situados a la izquierda del PSOE tampoco han sido necesarios grandes empujones, porque ellos sólo han sido maestros en el arte de dividirse, pelearse y complicar -se la vida. Aparte de los casos en los que han querido gobernar para un país y una sociedad imaginarios, forzando la máquina, una tentación –también cabe decir– en que han caído no pocas veces los partidos independentistas. Y así les ha ido, y así han sufrido. Y cuidado, porque a ver cómo acaba la ley de amnistía si el gobierno de Pedro Sánchez cae, aunque para Feijóo lo mejor sería que ya estuviera plenamente aplicada, porque tendría un problema menos si llega al poder.

Toda esta reflexión podría aplicarse al episodio de la declaración del empresario y comisionista Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional, recompensado por sus presuntas confesiones con la salida en libertad. Son de gran importancia las repercusiones del caso, por la tormenta política desatada, incluida la rápida propuesta de una moción de censura por parte del líder del PP, acompañada del ofrecimiento del propio Feijóo para liderar el punto y final de la carrera de Sánchez . Curiosamente, Aldama quedó libre por haber colaborado con la justicia en una causa –la de la trama de corrupción del caso Koldo– que no tiene ninguna relación directa conocida con la que le llevó a ingresar en prisión, que es la relativa a un fraude fiscal en el sector de hidrocarburos, en el que el supuesto arrepentido también tenía actividad. Aldama había quedado en prisión provisional por un concreto procedimiento penal y ha logrado salir de ellos para confesar actuaciones delictivas en otro. No es lo habitual. Este pacto de la Fiscalía Anticorrupción merecería una explicación que le hiciera más detallado y comprensible.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido imputado por haber utilizado presuntamente –por supuesta voluntad de transparencia– unos medios ilícitos –unos correos– relacionados con un intento de acuerdo de la Fiscalía con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusado también de fraude fiscal. Y se han incautado todos los dispositivos del fiscal general, y se ha cacheado su despacho. ¿Podría alguien ahora lo mismo para Anticorrupción? En ningún caso. Lo que convendría respetar siempre es el sentido de la proporcionalidad en las actuaciones judiciales. Y no parece que se esté haciendo así.

Nada de eso resta gravedad a las acusaciones de Aldama. Al contrario. Tienen una gran carga explosiva. Los procedimientos judiciales ya vemos que son eternos, pero tienen efectos inmediatos, oa corto plazo, mucho antes de que caigan las sentencias. Las fotografías de Pedro Sánchez rodeado de Ábalos y Koldo, o posando con Aldama, son demoledoras, porque lo que sí ponen de manifiesto es la cercanía que tuvieron con el líder socialista. La justicia intentará ya aclararnos en qué casos se cometieron delitos y, en definitiva, hechos y responsabilidades. Pero mientras tanto el daño político para el PSOE es muy elevado. Y estando como está el patio judicial, todo lo que ha pasado en los últimos días –salvo el complicado mantenimiento de las alianzas parlamentarias– implica un mal pronóstico para los socialistas. Ahora sí tiene el mayor interés la batalla por la presidencia de la sala penal del Supremo. Marchena la deja, y los conservadores harán todo lo posible por evitar que Ana Ferrer, la candidata progresista, sea su sucesora. Pero no sufran, la justicia seguirá siendo siempre independiente.

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