Del 'lawfare' al 'laissez faire' pasando por el 'déjà vu'
BarcelonaLa principal incógnita de las elecciones de este domingo es si el PP conseguirá adelantar al PSOE y con qué porcentaje de votos. Mucha gente se queja de que se ha hablado poco de Europa y mucho de los motivos de confrontación interna. Entre ellos, por encima de todos, la investigación sobre Begoña Gómez –la esposa del presidente Pedro Sánchez– y sus relaciones empresariales. Y también, en paralelo, sobre el comportamiento de los jueces que, como Juan Carlos Peinado, que investiga este caso, deciden hacer citas con implicaciones políticas en plena campaña electoral. En cualquier caso, la crítica relativa a la orientación que los partidos han dado a la cita del 9 de junio es en parte un ejercicio de hipocresía.
Todo el mundo sabe que en unas elecciones se mide el grado de confianza en las respectivas fuerzas políticas. Resulta lógico, por tanto, que el juego entre los partidos consista en ver quién puede causar erosión y si puede ser el descalabro del adversario minando su credibilidad. Hay muchos motivos para preocuparse por el futuro de Europa, pero estos comicios, como todos, pasarán a la historia de las convocatorias electorales en función de los cambios que puedan anunciarse en el mapa político interno.
El mundo al revés
La batalla se ha trasladado tanto hacia el ámbito judicial que ahora ya todo el mundo se cree víctima de lawfare, es decir, de persecución forzada desde los tribunales. Para el sistema, la peor conclusión es ésta, porque estamos degradando y pervirtiendo el funcionamiento de las instituciones, especialmente las de la justicia. No tiene sentido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) autorizara una convocatoria para rezar el rosario a cien metros de la sede del PSOE, en la misma calle Ferraz, en el exterior de la iglesia que hay en la esquina siguiente. La oración era contra la ley de amnistía y en plena jornada de reflexión. No se pueden publicar encuestas a las puertas de unas elecciones por no influir en los votantes. Pero dicho tribunal no encontró reparos para que se convocara un acto religioso con claras finalidades políticas, pocas horas antes de la apertura de los colegios electorales. Es el mundo al revés. O, bien mirado, quizá de lo que se trata –permítanme la licencia y el juego de palabras– es que estamos pasando del lawfare al laissez faire, es decir, a una versión equivocada y desconcertante de derechos fundamentales como el de la libertad de expresión.
Soy consciente de que he utilizado la expresión laissez faire en un sentido impropio. Como sabéis, estas dos palabras –llamadas así en francés– provienen del debate sobre teoría económica, en defensa del libre mercado. Pero esta expresión, aplicada a nuestra realidad política, también tiene todo el sentido si la identificamos como descriptiva de una permisividad mal entendida, de una etapa en la que nada parece estar bajo control, en la que nada, o casi nada , parece que esté en su sitio. Los jueces, por ejemplo, se hicieron virales el día en que salieron a las puertas de sus tribunales para protestar contra el gobierno con la toga puesta. El motivo también era la ley de amnistía, que por cierto se aprobó en el Congreso el 30 de mayo y aún no se ha publicado en Boletín Oficial del Estado (BOE), condición indispensable para que entre en vigor.
Pagar con la misma moneda
En definitiva, tenemos el país hecho un desbarajuste. La lucha política –con barro o sin barro– es cada vez más cruenta. Después de las elecciones suele costar formar gobiernos y cuando pueden constituirse es a base de pactos complicados que conllevan equilibrios inestables. La versión más perniciosa del laissez faire, aplicado por cansancio a la política, puede acabar siendo el “ya lo harán”, tan catalán. O en otros casos derivar hacia aquel “que les bombin” con el que Xavier Trias deseó buen viento al resto de concejales del Ayuntamiento de Barcelona por su política de pactos. Ahora bien, este tipo de deudas suelen pagarse con la misma moneda. Habrá que ver cómo acaba la negociación para constituir la mesa del Parlamento, como prólogo del debate de investidura. A veces, lo que no se logra con una victoria electoral se obtiene después de una derrota. En cualquier caso, lo que tendría poco sentido es abrir un nuevo capítulo de enfrentamiento de la cámara catalana con el Tribunal Constitucional.
La sentencia reciente del órgano de garantías sobre el exconseller Lluís Puig tiene precedentes. En rigor, no es una novedad. El Parlament sabe que el voto telemático es para casos tasados, como una enfermedad. Existe, por tanto, una doctrina consolidada sobre la cuestión. La reforma del reglamento de la cámara que quería permitir el voto a distancia no fue recorrida sólo por el PSC, sino también por Ciutadans. Esta segunda impugnación todavía no está resuelta, pero cuando llegue la sentencia será igual que la dictada ahora dando la razón al partido de Salvador Illa. Ni Puig ni Puigdemont, por tanto, podrán votar para elegir a los miembros de la mesa si se acatan las decisiones del TC. El contrasentido es que sí que podría hacerlo el diputado de ERC Ruben Wagensberg, acreditando la situación de enfermedad. Wagensberg se marchó a Suiza, pero no hay una orden de detención del Supremo contra él, como sí existe en el caso de Puig y Puigdemont. El Constitucional ya ha dicho que para ejercer el voto telemático “no puede ser tenida como circunstancia constitucionalmente válida aquella en la que se encuentra quien voluntariamente ha decidido eludir la acción de la jurisdicción penal española y sobre quien pesa una orden judicial de búsqueda y captura ”.
La verdadera patata caliente le llegará al Constitucional cuando empiecen a presentarse los anunciados recursos contra la ley de amnistía. Está claro que si aún no se ha publicado en Boletín Oficial del Estado (BOE) es para evitar que hubiera más ruido en la campaña electoral. Por otra parte, doy por supuesto que lo primero que hará el Supremo cuando la ley se publique y entre en vigor será pedir un informe a las partes de la causa del Proceso para que tomen posición y se pronuncien sobre su aplicación. Más ruido. Como ven, es un no parar. Y, para redondear la situación, Manos Limpias ha decidido terminar la campaña denunciando que David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, será investigado porque "cobra un salario público sin ir a trabajar". Después del lawfare y el laissez faire, uno déjà vu con Manos Limpias en el ataque. Y algunos jueces, frotándose las manos.
