MadridLa legislatura teóricamente iniciada hace un año ha entrado en una fase surrealista. Según el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), quien marca la agenda política y decide las prioridades del país es el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Afirmaciones de este tipo constituyen sobre todo una queja. El malestar del socialismo clásico, como el que representa el citado dirigente autonómico, tiene que ver con el bloqueo de las más diversas iniciativas políticas en el Parlamento y la sensación general de que el gobierno de Pedro Sánchez está trabado. Por eso hablo de fase surrealista.
Esta imagen puede ganar mucho en intensidad si finalmente Puigdemont cumple su palabra –reiterada este sábado–, aparece en un todavía hipotético debate de investidura y es detenido por la vigente orden del Supremo. Si todo esto ocurre, el líder de Junts se arriesga a ir a la cárcel al menos por varios meses. El gobierno difícilmente podrá impedirlo. Pedro Sánchez logró ser investido presidente a cambio de varias promesas, la más importante de las cuales fue la de impulsar y lograr aprobar una ley de amnistía que supusiera el perdón general para todos los implicados en los hechos relacionados con el Proceso . El cumplimiento de ese compromiso –promulgar la ley– ha abierto el país en canal. El PP ha construido durante muchos meses su política de oposición en torno a su rechazo a esta medida. Y se ha desarrollado un frente judicial en contra de la aplicación de las previsiones de la ley. Una de las frases más emblemáticas de este período la pronunció el expresidente del gobierno José María Aznar, que alentó a la sociedad en general a luchar contra el "sanchismo" diciendo que "quien pueda hacer, que haga".
No hay duda de que llamadas de este tipo han tenido receptividad en muchos ámbitos, en especial los relacionados con jueces y tribunales. Es curiosa la proliferación actual de asociaciones del mundo del derecho que pugnan por participar en varios pleitos y causas penales abiertas contra socialistas o independentistas. Se discuten todo tipo de nombramientos realizados por el consejo de ministros, y en algunos casos se ha logrado anularlos. Y se ha encontrado un filón que por ahora parece inagotable en la investigación de las relaciones de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, con empresarios interesados en recibir subvenciones públicas. Pero lo más importante para crear la sensación de parálisis no es todo esto, sino la actuación del conjunto de fuerzas políticas que permitieron el inicio de la legislatura para dedicarse ahora a frenarla entre reproches al gobierno, acusándole falta de voluntad negociadora. En los últimos días lo hemos visto de forma palmaria en el Congreso de los Diputados. Los socialistas no lograron aprobar ni el trámite inicial de los presupuestos ni la reforma de la ley de extranjería.
A veces es útil ejercer presión sobre los aliados para obtener réditos legítimos. Pero me pregunto qué beneficio ha podido recibir Junts de su oposición a las dos iniciativas mencionadas. Y no es la primera vez. Trasladar al Congreso los motivos de disputa entre partidos del ámbito independentista catalán es un error. Y más cuando tanto Junts como ERC unieron expectativas al permitir levantar la barrera de la investidura de Sánchez, y fuerzas para hacer frente a la previsible ofensiva conservadora tanto para ir contra la ley de amnistía como para oponerse a las recetas de un poder ejecutivo de mayoría socialdemócrata. Seguir obstruyendo la labor de gobierno no tiene nada de heroicidad. Y, por otra parte, resulta improductivo. Puede comprenderse perfectamente que el líder de Junts quiera volver a Catalunya sin correr el riesgo de ser detenido. Pero se equivoca quien piense que la forma de quitarse de encima esa preocupación, y de obtener garantías de libre circulación por España, es mantener el gobierno y el PSOE atados con la cuerda en el cuello.
Por otra parte, la negociación sobre avances en materia económica y territorial nunca se verá favorecida por las políticas de bloqueo. La estrategia de las condiciones sine qua non y del estrés negociador sólo funciona cuando un candidato necesita indispensablemente los votos para ser investido presidente del gobierno. El pacto del Majestic con Aznar fue una ganga para Cataluña. También el País Vasco y en concreto el PNV sacaron mucho provecho de la ocasión. Pero pensar que un modelo singular de financiación para Catalunya se obtendrá ahora por medio de la paralización de la labor legislativa y de gobierno, es decir, por una presión insoportable sobre el actual ejecutivo de coalición entre el PSOE y Sumar, equivale a apostar por un desgaste que puede tener beneficiarios en otra área ideológica. Este dibujo ya ha tenido alguna exposición en las citadas votaciones de los últimos días, en las que Junts ha aparecido junto al PP y Vox. Y de esa inusual instantánea algunos han pasado con excesiva rapidez a hablar de una hipotética moción de censura de esos partidos contra Sánchez. Eso sí que es volar demasiado la imaginación.
La diferencia de ERC
El contraste lo hemos tenido con el encuentro de Sánchez y Aragonès. Tampoco ha habido magia en este caso, pero sí un probable acercamiento de posiciones. La ventaja de Esquerra es que no tiene al Supremo en la nuca en las mismas condiciones que Puigdemont. Todo el mundo puede dejarse más que pelos en la gatera en esta endiablada legislatura. Lo reflejan los resultados de las últimas elecciones catalanas.
Salvador Illa es ahora un escapado de la carrera, pero su victoria no consiste en presentarse en solitario en la línea de llegada. Tal y como están las cosas, quien no necesita preocuparse demasiado es Feijóo. Vox le está dejando mucho campo libre. Y, con las diligencias sobre Begoña Gómez, el juez Peinado está causando al gobierno más quebraderos de cabeza que las comisiones de investigación sobre corrupción del Congreso y el Senado.
Puigdemont decía este sábado que Sánchez sólo se ha movilizado contra el frente judicial cuando un magistrado ha empezado a investigar a su mujer. Es obvio que el líder del PSOE no se habría ido cinco días a reflexionar si no existiera ese vínculo familiar. Pero lo que ha hecho el gobierno es combatir la ofensiva judicial en su terreno, utilizando los resortes de la ley. Optar, en cambio, por la vía del simple desafío –como anuncia Puigdemont– no tiene ahora un buen pronóstico.
