Medio año con Salvador Illa en el Govern: ¿qué cumple y qué incumple el PSC?

BarcelonaEl gobierno de Salvador Illa cumple seis meses. Desde que todos los consellers tomaron posesión del cargo, el 12 de agosto del año pasado, el ejecutivo socialista se ha activado para empezar a cumplir los acuerdos con ERC y Comuns que permitieron a Salvador Illa llegar al Palau de la Generalitat. Ha querido dar pasos en carpetas comprometidas con ERC en verano, aunque todavía están pendientes de hacerse realidad, como la financiación singular, pero también para desatascar deudas del PSOE como el traspaso de Cercanías (que va con retraso respecto al calendario previsto) o la condonación del FLA por valor de 15.000 millones. La meta que se marca Salvador Illa es completar el 45% de los compromisos de investidura durante el 2025. Ya con el mes de febrero encima y sin nuevos presupuestos, los socialistas confían en dar un buen empuje a finales de febrero con las comisiones bilaterales con el Estado y el consejo de política fiscal y financiera. Con los comunes han desatascado un primer acuerdo con la aprobación del régimen sancionador de la ley de la vivienda para multar a los propietarios que se salten los topes del alquiler y hagan fraude con los contratos de temporada. Pero, ¿es suficiente para los socios de investidura?

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Esquerra sigue insistiendo en que, si los socialistas quieren sus votos, tanto en el Parlament como en el Congreso, deben ver más avances. En Cataluña, el partido republicano salvó el decreto técnico que acompaña a la prórroga presupuestaria, pero ha dejado en el aire la aprobación del decreto de suplemento de crédito que prepara el Gobierno para inyectar hasta 4.000 millones adicionales a las cuentas de 2023, las vigentes. La negociación, apuntan varias fuentes consultadas por el ARA, está verde en estos momentos. En paralelo, ERC también presiona al gobierno español, que tiene el suyo propiovía cruciscon Juntos. "Si no hay soberanía fiscal, Sánchez no tendrá presupuestos", avisó la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany. La financiación singular es el pacto principal por el que Esquerra votó a favor de Salvador Illa president, pero el documento, de 25 páginas, contiene puntos que, medio año después, no se han cumplido. La queja de los republicanos es que el Gobierno arrastra los pies: "Van tarde y mal", lamentan fuentes republicanas.

De entrada, ERC y el PSC se comprometieron a crear una convención nacional para la resolución del conflicto político, propuesta que recuerda la mesa de partidos que reclamaron los socialistas (sin éxito) cuando Salvador Illa era líder de la oposición. El órgano, que debe presidir ERC, debía presentar sus conclusiones en el Parlament, pero ni se ha constituido. El compromiso era activarlo en el primer pleno ordinario de la legislatura. Sin embargo, se aplazó incluso antes de que se desatara la guerra interna en Calabria: el grupo parlamentario de los republicanos defendía encontrar una fórmula que les permitiera sumar la CUP y Junts, mientras que los socialistas prefirieron que fueran sus socios quienes configuraran ese espacio a su medida.

Aparte de abordar el conflicto político, la convención también debía hacer una monitorización de la ley de amnistía y el Gobierno tenía que apoyarla creando una oficina para garantizarle "recursos humanos, técnicos y materiales" para realizar sus tareas. Ya se ha iniciado el segundo período de sesiones parlamentarias y todavía no hay ni rastro. Desde el Govern se limitan a apuntar que cumplirán este acuerdo y el resto. Fuentes del PSC matizan que hablarán con ERC una vez se constituya con todas las de la ley la comisión de seguimiento de los pactos, también a la espera. Y dan por hecho que esto no ocurrirá hasta que los de Oriol Junqueras culminen el proceso interno del partido el 15 y 16 de marzo, aunque aseguran mantener contactos "constantes" y fluidos con la nueva cúpula de ERC.

El catalán y la acción exterior

El fomento del catalán centró también el pacto de investidura: ahora bien, el Pacto Nacional por la Lengua sigue sin fecha, aunque el acuerdo está muy avanzado, según fuentes consultadas. El pacto establecía que debía realizarse durante los 100 primeros días del nuevo Gobierno, un nuevo plazo incumplido. Tampoco se ha creado todavía la oficina que debía adscribirse al Consejo Catalán del Deporte para promover las selecciones deportivas catalanas, dotada con 100.000 euros, y fuentes de la conselleria no aclaran si, con las cuentas prorrogadas, podrían salir adelante o no. Ahora bien, el conseller de Deportes, Berni Álvarez, ya avisó hace unas semanas de que el ejecutivo no se moverá para impulsar a la selección catalana de fútbol, algo que ERC ve como una "renuncia". Los republicanos también fruncen la nariz con el plan Bruselas de acción exterior del Gobierno, que lamentan que evite "denunciar" las vulneraciones de derechos en Catalunya ante las instituciones europeas. Uno de los puntos del pacto era mantener y ampliar la red de delegaciones en el exterior. El ejecutivo lo ha conservado, pero no lo ha extendidoEs ni, de momento, se está moviendo para hacerlo.

Los comunes van paso a paso

La actitud de los comunes respecto al gobierno de Isla es diferente a la de ERC: dentro del espacio hay consenso en que el acuerdo de investidura fue un buen pacto porque hizo que el PSC se moviera en temas clave, como el privilegio fiscal del Hard Rock —ya definitivamente tumbado— o el mantenimiento de las bonificaciones en el transporte público para el 2025. partido. Tras el régimen sancionador de la vivienda, los próximos puestos a negociar son el despliegue del cuerpo de inspectores que debe aplicarlo, la unidad contra los desahucios y la ley de barrios —con una primera convocatoria en verano con una dotación pendiente de concretar—. Fuentes del partido explican que también insistirán en la subida de la tasa turística -que se quedó colgada en la negociación de los presupuestos- y en garantizar la atención al médico de familia en 48 horas, un hito que llevan años intentando que cumpla el Gobierno de turno (antes, lo firmaron con el ejecutivo de Aragonès). Por lo que respecta al ámbito educativo, presionarán para garantizar las becas comedor y el impulso a la formación profesional.

Ahora bien, los comunes no esconden su incomodidad por el hecho de que el Gobierno aprobara uno de sus dos primeros decretos, lo que levantaba las sanciones por la sequía en los municipios, junto a Junts. El mensaje llegó hasta la conselleria de Economia: si la foto se repite, no les encontrarán tan receptivos a la hora de negociar las votaciones en las que el Govern, en minoría, se juega ser capaz de demostrar que tiene detrás a una mayoría parlamentaria para empujar la legislatura.