La prórroga de los presupuestos, la sequía y el Hard Rock: el Gobierno salva los primeros decretos críticos

BarcelonaEl gobierno de Salvador Illa tenía dos decretos críticos este miércoles: el primero, que podía dejar muy debilitado al ejecutivo si no se aprobaba, es el decreto que debe regular la prórroga de presupuestos; y el segundo, sobre la derogación de las sanciones en los municipios por la sequía. Ambos salieron adelante, pero con alianzas divergentes. Mientras que el de la prórroga de las cuentas le han salvado ERC y los comunes, los socios de la investidura, el PSC se ha aliado con Junts y el PP para cargarse las sanciones a los ayuntamientos por el consumo del agua. Una geometría variable que no ha gustado ni a republicanos ni a comunes, pero que ha permitido al ejecutivo salvar sus muebles.

Pese a haberlo plantado con los presupuestos del 2025, ERC ha dado un balón de oxígeno en Isla en plena operación de distanciamiento con los socialistas. Los de Oriol Junqueras anunciaron el martes que votarían a favor del decreto de necesidades financieras del sector público que acompaña a la prórroga presupuestaria y así lo han hecho. En el Palau de la Generalitat suspiran aliviados y se lo ha agradecido la consellera de Economía, Alícia Romero: "Seguiremos debatiendo y trabajando con todos ustedes para intentar que, pese a la prórroga presupuestaria, no sean los ciudadanos los que sufran la falta de presupuesto" .

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El decreto que el Parlamento ha validado autoriza avales al sector público, actualiza el indicador de suficiencia para las ayudas sociales y amnistía las familias que cobraron indebidamente la renta garantizada y al que el Gobierno reclamaba la prestación, entre otras medidas. ERC, que ha optado por un perfil bajo en el pleno para defender su posición, ha dejado claro que lo vota a favor por responsabilidad y que no ha puesto en marcha ninguna negociación política con el Govern a cambio. "No paralizaremos ni boicotearemos el funcionamiento del país; no priorizamos las tácticas partidistas. La debilidad parlamentaria no debe pagarla la gente", ha recalcado el diputado republicano Albert Salvadó. Asimismo, avisó de que si los socialistas no quieren llegar "en el mismo punto el próximo año [de asomarse a la prórroga de las cuentas], deben poner manos a la obra" con la financiación singular. En paralelo, el diputado y vicepresidente de Junts, Toni Castellà, lamentó "la arrogancia" del ejecutivo y que "gobierno de espaldas al Parlament" y "sin mayoría" y pidió a Isla "marchar" si no es capaz ni de llevar las cuentas en el cuarto. El PP también ha avisado de que no son el "salvavidas" del Govern.

El ejecutivo socialista también ha tejido una mayoría en torno al decreto que levanta las sanciones a los municipios por la sequía con otras alianzas. Ni ERC ni los comunes le avalan, pero el hecho de cargarse las multas sí ha contado con el apoyo de Junts y el PP, que siempre habían sido beligerantes con las sanciones, al igual que los socialistas. "Si hoy como Gobierno sacan adelante este decreto ley será nada menos que por la coherencia de Junts", ha asegurado el diputado juntero Salvador Vergés. La diputada popular Eva García también ha dicho que ha prosperado por "la coherencia y sentido común" de su partido. Vox se ha abstenido porque, si bien quieren eliminar las sanciones, critican el abuso del mecanismo del decreto ley y sostienen que se justifican las sanciones pasadas. ERC, comunes y la CUP han criticado este entendimiento alternativo y la "barra libre" que supone, a su juicio, eliminar las sanciones.

En este caso, el Govern ha tenido que mirar a la derecha, pero sostiene que no está jugando a la geometría variable y que ha trasladado a todos los grupos la misma información sobre las acciones que unos 700 municipios catalanes ya han puesto en marcha con las ayudas de la ACA por valor de 129 millones para convencerles de que ya no hace falta penalizarles más. También puntualiza que el decreto tiene el aval de las entidades municipalistas, muy críticas con la decisión del gobierno de Aragonès de multar a los ayuntamientos que superaran el umbral de consumo permitido en emergencia por sequía. La pasada legislatura, los grupos llegaron al acuerdo de no multar a los consistorios de que iniciaran obras para mejorar la red de abastecimiento.

El fin del privilegio fiscal del Hard Rock

Por otra parte, también se ha aprobado una votación que ya se sabía que iba a prosperar y que sirve para borrar de la lista otro de los compromisos de investidura firmado con ERC y los comunes (y que la CUP también ha avalado): la ley para derogar los privilegios fiscales del Hard Rock. Juntos, PP y Vox se han opuesto de lleno, defendiendo el proyecto y avisando de las posibles indemnizaciones a los inversores, mientras que han asumido el adiós del proyecto. La líder de los comunes, Jéssica Albiach, aseguró: "Hoy es un día importante". También defendió la misma idea la diputada republicana Raquel Sans, que hizo hincapié en la eliminación de "trajes a medida" por el casino. Quien ha sido más contundente es la líder de la CUP, Laia Estrada, que ha defendido dar un portazo a la "mierda de políticas" como el casino. En cambio, el diputado socialista Jordi Riba ha dicho que "no es cierto" que se esté votando sí o no en el Hard Rock, sino que se están cargando los privilegios fiscales.

El giro del Gobierno con el Hard Rock causó malestar en el Camp de Tarragona, que alerta de que la modificación fiscal (que elimina la rebaja del impuesto en los casinos hasta el 10% que debía ponerse en marcha cuando abriera el Hard Rock) puede hacer peligrar el macroproyecto. Es precisamente lo que querían ERC y los comunes cuando lo pactaron con el PSC. Sin embargo, el Gobierno continuará tramitando el plan director urbanístico y deja en manos de los promotores la decisión final sobre si debe impulsarse el proyecto, sin darlo por perdido.