Las mentiras sancionables de Vox sobre Companys

BarcelonaVox intentó el pasado mes de octubre dinamitar el homenaje del Parlament al presidente Lluís Companys, en el 85 aniversario de su fusilamiento por parte del régimen franquista. Se dedicó a colgar carteles visibles en torno a la cámara, tachando al presidente fusilado de "asesino" y acusándole de ser el responsable de la muerte de 8.352 catalanes. Unos hechos que propiciaron que la mesa del Parlament enviara a los parlamentarios a la comisión del estatuto del diputado para valorar si existe una vulneración del código de conducta. Ahora bien, este diario ha consultado a varios expertos que existe la posibilidad de ir más allá: aplicar la ley de memoria histórica y sancionar a Vox. La acusación de la extrema derecha es falsa: Companys protagonizó una operación para salvar a decenas de miles de vidas, entre ellas religiosos y ciudadanos de derechas.

Los ocho mil catalanes conservadores muertos, pues, sucedieron a pesar de la ingente labor humanitaria de Companys. Fueron a causa del Terror Roig en una situación descontrolada tras el golpe de estado fallido en Cataluña de 1936 entre el radicalismo violento de la CNT-FAI y el POUM, que Companys quiso esquivar con evacuaciones masivas. Arnau González Vilalta, el historiador y autor deHumanitarismo, consulados y negocios sucios (Editorial Base, 2020), afirma, en respuesta a la consulta del ARA, que la acusación de Vox "es manifiestamente injusta". Comenta que "como máxima autoridad del país, que entonces era prácticamente independiente, era responsable del mantenimiento del orden público, pero no controlaba las calles". Así como destaca que fue "incapaz" de salvaguardar la convivencia pacífica, constata que fue "responsable directo de salvar" vidas. "Intentó salvar la vida a todo el mundo que pudo; la Generalitat permite que miles de personas salgan", espeta.

En su libro, que recoge la documentación portuaria y de los consulados, sostiene que salieron del puerto de Barcelona 27.998 personas, a las que hay que sumar las de Tarragona y Girona, además de las que encontraran otras vías. El total contabilizado por el consulado francés en la capital catalana de 1936 a 1938 era de 14.273 evacuados, la mitad de nacionalidad española, y había 2.142 miembros de comunidades religiosas. Evacuados llegados a Génova hasta el 28 de agosto y sin identificar el puerto de origen había 17.955, de los que 13.725 venían del puerto de Barcelona. Pero el caso es que la cifra concreta de catalanes salvados por la Generalitat con evacuación francesa consta en los registros galos incluso con nombres y apellidos, tal y como citan González y el historiador Josep Maria Solé i Sabaté, y es de 6.630.

Solé, también consultado por este diario, añade que "Compañeros intenta proteger los inmuebles que cree que corren peligro, como la catedral, Poblet y Montserrat, pero también los religiosos, gente de derechas y monárquica que estaban en peligro" y "logra el acuerdo con los cónsules italiano. Además, dice que "hay que entender que hubo una revolución insólita con violencia descontrolada en medio de un vacío de poder" en un período muy concreto de tiempo, y lo diferencia de los asesinatos cometidos por el franquismo durante cuarenta años de dictadura, "cumpliendo órdenes" y sembrando "el terror contra los enemigos".

Asimismo, el historiador Carles Santacana asevera que la Generalitat quedó "desbordada" y la garantía que encuentra, ante las multitudes armadas, es "dejar salir con salvoconductos". Solé sintetiza que el total de evacuados del Principado se acercan a los 50.000 y añade que Vox dice "una atrocidad para atacar a la catalanidad que representa a Companys".

Casos

Los historiadores recogen casos emblemáticos evacuados gracias a la Generalitat: el cardenal arzobispo de Tarragona, Francisco de Asís Vidal y Barraquer; el obispo de Gerona, Josep Cartañà; el abad de Montserrat, Antoni M. Marcet; ex diputados de la Liga como Pere Rahola, Josep Puig y Cadafalch o Lluís Duran y Ventosa; y personalidades como el marqués de Sentmenat o el futbolista azulgrana Josep Samitier. Además de un alto cargo como Josep Anton Vandellòs, estudioso de la demografía que sobrevivió escondido en el Palau de la Generalitat para después evacuarse; o los propios consejeros que firmaron el grueso de salvoconductos, como son Josep Maria Espanya y Ventura Gassol, amenazados por su labor humanitaria.

Ley

Más allá de reglamentos parlamentarios, ¿el ataque a Companys choca con la ley de memoria? El abogado Marc Molins tiene claro que "debería ser sancionable". La ley española, como la catalana en trámite, contempla en las infracciones muy graves las manifestaciones "que comporten descrédito, desprecio o humillación" a las víctimas del franquismo. "Del contexto se puede quitar la voluntad de escarnio por el medio que se utiliza, los carteles, y la palabra asesino", remacha. Destaca que blindan la dignidad y no permiten estos "excesos incompatibles". La sanción económica, en casos graves y muy graves, iría de los 2.000 euros a los 150.000.

Ahora bien, Solé, aunque ve claro que debería ser sancionable" sancionar y frenar "la ostentación de la ignorancia diciendo barbaridades" contra el único presidente ejecutado por el franquismo gracias a la colaboración con el nazismo. graves, la secretaría de estado de memoria democrática incoa el procedimiento sancionador. A la espera de que sea efectiva la ley catalana que permitiría al Gobierno de la Generalitat sancionar.