El tercer intento de la mesa de diálogo busca sacar el conflicto de los tribunales

Barcelona / MadridEl tercer intento de hacer que la mesa de diálogo funcione se vivirá este miércoles en Madrid en una nueva reunión entre representantes del gobierno español y la Generalitat. Será a partir de las 10 horas en las instalaciones del ministerio de la Presidencia, en la Moncloa. A diferencia de los dos primeros encuentros, el de febrero del 2020 y el de septiembre del 2021, en esta ocasión los dos gobiernos se han conjurado para intentar que todo ello no solo quede en una foto y, ahora sí, poder presentar los primeros acuerdos concretos. Según fuentes conocedoras de la cita, hay en fase "avanzada" un "documento concreto" que tendría que quedar rubricado durante el encuentro.

Tanto la Generalitat como el gobierno español se han autoimpuesto un alto nivel de hermetismo sobre el contenido de la reunión y también de las sesiones preparatorias previas. Lo único que han concedido las dos partes es que esta vez habrá acuerdos a presentar que tienen que servir para alejar el conflicto político de los tribunales, donde todavía tiene numerosos frentes abiertos pendientes. De hecho, los fundamentos de la reunión de este miércoles se pusieron hace un par de semanas en Barcelona, cuando los dos gobiernos se comprometieron por escrito "al fin de la judicialización del conflicto político, dado que incrementa la polarización de posicionamientos y dificulta la busca de soluciones".

Si de lo que se trata es de desjudicializar el conflicto, las posibilidades son amplias. La propuesta estrella es la reforma al Código Penal del delito de sedición, pero también hay toda la carpeta de causas abiertas en el Tribunal de Cuentas o en los tribunales ordinarios. Además, está la delicada carpeta de los indultos, que la triple derecha quiere revertir y que el independentismo reclama que sean totales y no parciales. La presencia este miércoles en la reunión de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, alimenta la posibilidad de que pueda haber algún acuerdo sobre el blindaje del catalán. Los dos gobiernos, de hecho, ya reconocieron que negociaban en esta línea a principios de año, antes de que el espionaje del Catalangate hiciera congelar sus relaciones.

Lo que sí que se ha afanado la Moncloa a dejar claro es que en el documento de acuerdos nadie encontrará referencias ni al referéndum ni a la amnistía, porque de lo que se trata es de hacer énfasis en los "acuerdos" y no en los "desacuerdos". Esta negativa ya no es motivo de aspaviento por parte de la Generalitat, puesto que, a pesar de tratarse de sus dos principales banderas, lo que prioriza a corto plazo es escenificar que la mesa da resultados para ganar credibilidad ante la opinión pública y desactivar los sectores independentistas que ya han dado la mesa por muerta. Entre ellos, uno de los dos socios de gobierno, Junts.

También se escenificará un desacuerdo

Lo que será inevitable escenificar mañana es que el ejecutivo de Aragonès no está cohesionado en torno a la idea que hay que negociar con el Estado y hacer funcionar la mesa. La delegación catalana estará formada íntegramente por miembros de Esquerra y volverán a quedar fuera los representantes de Junts. El partido de Laura Borràs quería que algunos de sus representantes no fueran consellers y el president Aragonès ha mantenido la exigencia de que lo fueran para cumplir con el mantra que siempre ha defendido: que fuera una mesa "de gobierno a gobierno".

Así, en la delegación catalana repetirán, respecto de la reunión de septiembre del 2021, la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, y el conseller de empresa, Roger Torrent, y se estrenarán el de Interior, Joan Ignasi Elena, y la de Cultura, Natàlia Garriga. La selección tiene su mensaje, a pesar de que hoy la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, no haya querido ir más allá de decir que son las personas "idóneas". Torrente y Garriga tienen causas abiertas por desobediencia, ejemplos de lo que la mesa quiere desjudicializar para devolver el conflicto a la política. Elena es exmilitante del PSC –rompió el carné en 2014– y, para ERC, símbolo del socialismo que abrazó el derecho a decidir.

El gobierno español tiene menos problemas a la hora de configurar su alineación. La prueba es que repetirán los cuatro que ya fueron al Palau de la Generalitat el año pasado: el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños (PSOE); la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos); la de Política Territorial, Isabel Rodríguez (PSOE), y el ministro de Cultura, Miquel Iceta (PSC). Tampoco es una elección casual: mayoría de representantes del partido grande de la coalición gubernamental –el PSOE– y, entre ellos, uno de los dos ministros catalanes del gabinete de Pedro Sánchez.