La otra negociación en el Estado: soberanía para Euskadi

MadridLas prisiones, los horarios de los trenes, el ingreso mínimo vital o los permisos de trabajo para extranjeros son algunas de las carpetas que Pedro Sánchez ha traspasado en los últimos años al País Vasco. Ha sido un avance lento y persistente en el camino para cumplir con el Estatuto de Gernika (1979) fruto de las demandas del PNB y como palanca para mantener la complicidad de los jeltzales.

Algunos de los acuerdos todavía se deben materializar y hacer efectivos, pero hacen patente hasta dónde es capaz de llegar el gobierno español. Repasamos qué incluyen.

Una de las grandes transferencias de la pasada legislatura fue la gestión de las tres cárceles que hay en Euskadi, que se rubricó en mayo de 2021. Incluye, por ejemplo, la ejecución, coordinación y seguimiento del cumplimiento de las penas y permite al gobierno vasco otorgar los terceros grados, que se han multiplicado desde entonces. En aquel acuerdo también estaban las competencias del transporte por carretera, el código bibliográfico internacional ISSN y la cesión del edificio del Distrito Marítim, que está en Ondarroa (Vizcaya). En 2020 el gobierno español había cedido la gestión de las prestaciones sanitarias del seguro escolar.

Una nueva cesión importante llegó en marzo de 2022: el ingreso mínimo vital. El gobierno vasco puede resolver las peticiones, controlar los requisitos y, especialmente, pagar las prestaciones. La Moncloa también lo cedió a Navarra. Dos años más tarde, Pedro Sánchez lo cedió a Cataluña después de reunirse con Pere Aragonès. Ahora bien, a diferencia del País Vasco, la Generalitat lo gestiona, pero el pago lo hace la Seguridad Social. El gobierno español abrió la puerta a cederlo al resto de autonomías, pero todavía no hay ninguna otra que lo gestione. Sí que lo han pedido el País Valenciano, Galicia, Andalucía, las Baleares y Castilla y León.

Un pasito más. En marzo de 2024, el País Vasco logró las competencias en el servicio de Cercanías y se le transfirieron cinco líneas. Asumió funciones de regulación, planificación, gestión e inspección de los servicios y pasó a poder fijar el precio de las tarifas, los horarios y las frecuencias de paso de los trenes. Aquel acuerdo también incluía las competencias en homologación de títulos universitarios extranjeros y en el sistema de acogida e integración de refugiados y asilados.

Desde julio de 2025, el País Vasco también tiene competencias en permisos de trabajo para extranjeros y en meteorología. Fue el momento en que la Moncloa también le cedió gratuitamente la antigua sede de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en San Sebastián.

La penúltima gran cesión llegó el pasado mes de enero. Se culminó el traspaso de cinco nuevas competencias. Destacan la gestión del subsidio de desocupación, así como las prestaciones familiares no contributivas y el subsidio no contributivo por nacimiento y cuidado de menores. También las competencias en salvamento marítimo –por ejemplo, la búsqueda y rescate en aguas interiores y territoriales–, la gestión integral del seguro escolar y el traspaso del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CMVM) de Barakaldo (Vizcaya).

La última reunión entre Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales cristalizó en un "acuerdo político" para siete nuevas competencias. La más importante es la creación de un "órgano bilateral de colaboración y coordinación" para que Euskadi pueda participar en la gestión de los aeropuertos. Va en la línea de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña que el Gobierno impulsó a principios de año.

Además, los dos gobiernos pactaron el traspaso de la "vigilancia, inspección y control" en pesca comercial y recreativa, del reconocimiento médico para los permisos de conducción y en centros de reeducación vial y de las subvenciones a la contratación de seguros agrarios combinados, así como un "marco de cooperación financiera" entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto Vasco de Finanzas.