El nuevo calendario para la financiación: antes de Semana Santa y con ordinalidad

BarcelonaMaría Jesús Montero anunció hace pocos días, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que entre enero y febrero del próximo año presentaría el nuevo modelo de financiación. Las conversaciones entre el ministerio de Hacienda, la Generalitat y Esquerra siguen abiertas, pero según fuentes conocedoras, las tres partes han hecho avances para garantizar uno de los puntos clave del acuerdo de investidura: el principio de ordinalidad –aunque habrá que ver la concreción del pacto una vez lo cierren–. Es decir, que Cataluña no baje posiciones con los recursos que recibe respecto a los que aporta. Pendientes de sellar el acuerdo, las tres partes sí han fijado un calendario para materializarlo antes de que Montero abandone el gobierno español para presentarse a las elecciones andaluzas. El objetivo es que el nuevo modelo esté aprobado antes de Semana Santa. Ahora bien, hay muchas piedras por el camino y la hipótesis de que nada llegue a buen puerto la descarta nadie.

De entrada, las tres partes han pactado que de cara a los meses de enero y febrero se celebre un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que Montero debería presentar el nuevo modelo, y celebrar otro antes de Semana Santa, en el que ya deberían presentarse las modificaciones legislativas necesarias para materializar el nuevo sistema. A partir de ahí los siguientes pasos se centrarían ya en la tramitación ordinaria de un proyecto de ley. Es decir, primero debería recibir la aprobación del consejo de ministros y después pasar las normas al Congreso. Es en la cámara baja donde la propuesta de Montero se la juega, porque debería recibir el aval de los socios frente a las más que previsibles reticencias del PP.

Y en este punto es clave saber qué hará Junts, sobre todo ahora que el partido se ha situado abiertamente en la oposición. Ahora bien, los junteros ya se habían mostrado críticos con el pacto que los republicanos firmaron con los socialistas al considerar que no es un concierto económico y que la propuesta no es suficientemente ambiciosa. Pero el acuerdo para el nuevo modelo de financiación no solo tendrá que convencer a los junteros, sino que también será necesario el apoyo de partidos como Compromís, que hasta ahora habían mostrado sus reticencias, y también de Podemos. Si socialistas y republicanos no logran convencer a estos grupos, el eventual acuerdo quedará en papel mojado. Fuentes del ministerio de Hacienda, en este sentido, dejaban en manos de Esquerra convencer a Junts. Una de las variables que podrían hacer mover a los junteros es que se dieran pasos para que Carles Puigdemont volviera a Catalunya.

Las cinco carpetas

Que el calendario que tienen sobre la mesa los negociadores se cumpla depende de los avances en el contenido del acuerdo. En las últimas semanas se han dado pasos para garantizar el principio de ordinalidad y también el cálculo de la población ajustada, una de las cuestiones en las que Hacienda y Izquierda mantenían discrepancias hasta ahora. Sin embargo, habrá que ver cómo se concreta. De momento ninguna de las dos bandas da por cerrado un acuerdo que también debe acabar de concretar la cifra que el Estado aportaría a Catalunya, que según fuentes consultadas se acercaría a los 4.500 millones de euros. En paralelo al modelo de financiación, los republicanos también negocian con Hacienda otras cuatro carpetas.

De entrada, la recaudación del IRPF, algo que quedó detenido por las discrepancias entre ambas partes. Esquerra entró, sin el aval del PSOE, una proposición de ley en el Congreso para impulsar las modificaciones legales que permitieran a la Agència Tributària de Catalunya recaudar el impuesto sobre la renta, pero de momento lo han dejado en standby: no le han llevado a debate en el pleno de la cámara baja a la espera de llegar a un acuerdo con los socialistas.

Los negociadores también tienen sobre la mesa ampliar la capacidad normativa de Catalunya sobre los impuestos y, de rebote, limitar el dumping fiscal de Madrid. Esta carpeta va en paralelo a la negociación de la financiación de las competencias no homogéneas, es decir, cuestiones como los Mossos d'Esquadra y prisiones, que necesitan una financiación extra. Esquerra quiere que estos recursos sean estructurales y no deban acordarse fuera del modelo de financiación.

Por último, el partido de Oriol Junqueras también prevé que en esta negociación se llegue a un acuerdo para materializar el consorcio para las inversiones que socialistas y republicanos pactaron para la investidura de Salvador Illa, y que debía servir para fiscalizar la ejecución de las inversiones del Estado. En la Comisión Bilateral del mes de febrero el gobierno español y el catalán acordaron crear un grupo de trabajo para poner en marcha este consorcio antes de que terminara este año. Sin embargo, de momento parece difícil que esta previsión se pueda cumplir.