Los nuevos Aldama se convierten en el ángulo muerto del PSOE
La colaboración con la justicia de Julio Martínez Martínez y de los directivos de Plus Ultra amenaza el relato de Zapatero
MadridCuando el 21 de febrero de 2024 la Guardia Civil lo detuvo, Víctor de Aldama era presidente del Zamora CF y su nombre nunca había aparecido relacionado con el gobierno español. Dos años y medio después, su colaboración “activa” en las investigaciones judiciales que salpican a Pedro Sánchez lo ha convertido en una bomba de relojería para el PSOE. No solo por la “cooperación plena y continua” con la justicia que ha desembocado en la condena de José Luis Ábalos y Koldo García, sino porque, sacando pecho de los beneficios que comporta estirar la manta, se ha convertido en un camino a seguir para otras personas. Y es punto débil de la defensa que hace la Moncloa de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta misma semana hemos tenido algunos ejemplos.
“Supone un mensaje muy contundente y un precedente muy sólido que ha tenido una respuesta inmediata con este comportamiento, esforzándose en mostrar la voluntad de colaborar”, resume el catedrático de Derecho Penal de la UOC, Josep Maria Tamarit. Y es que el lunes, la víspera de tener que declarar ante el juez, Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente español desde hace años, comunicó a José Luis Calama su voluntad de “contribuir al esclarecimiento” de los hechos y dejó caer un primer anzuelo sobre el rescate de Plus Ultra: “Era Zapatero quien marcaba los pasos a seguir”. No fue el único. El presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, aseguró que llamar a la puerta de Zapatero fue una “medida desesperada” para conseguir la ayuda pública.
En cascada, se desmoronaba la línea de defensa del escudero de Pedro Sánchez, que niega desde el primer día haber influido y haber hablado con nadie para propiciar el rescate. Se lo dijo al magistrado y lo repitió el jueves en la primera entrevista que ha concedido desde que fue imputado. A pesar de ello, el PSOE intenta no alarmarse y mantener cautela con las primeras revelaciones que ponen en entredicho la versión de Zapatero. La presidenta del partido, Cristina Narbona, por ejemplo, pedía el miércoles “no apresurarse” a “dar por buena” cualquier cosa que diga “cualquier imputado”.
Josep Maria Tamarit alega que la estrategia inaugurada por Aldama y seguida ahora por otros investigados responde a una política criminal “basada en el pragmatismo más que en principios morales”. Es decir, no hace falta arrepentimiento, sino facilitar las cosas. De hecho, este era uno de los argumentos del Supremo, que alegaba que la colaboración de los implicados “ahorra esfuerzos de investigación” y “facilita la instrucción” de la causa. Además, permite obtener pruebas que serían “difíciles” de encontrar a través de otras vías. El alto tribunal terminaba con una invitación a quien quisiera sentirse interpelado: “Las actitudes de colaboración deben ser premiadas para conseguir la depuración de las conductas de corrupción”.
La aparición de nuevos nombres
“Probablemente habrá más gente que quiera acogerse a él”, cree Pol Olivet, abogado penalista de Bages & Olivet, sobre la sentencia del Supremo. Y así ha sido. Los últimos días ha aparecido un nombre nuevo: José Luis Caramés, un empresario que está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por una causa de hidrocarburos, que fue el primer confidente del caso Koldo y que declaró como testigo en el caso Leire hace dos semanas. Ahora ha enviado un nuevo escrito a la Audiencia Nacional recordando que hace un mes ya aseguró –sin pruebas– que la comisión a cambio del rescate de Plus Ultra fue realmente del 20%. “Es un dato que debe interesar a la investigación”, dice el escrito, al que ha tenido acceso el ARA.
De hecho, uno de los interrogantes abiertos que aún planea es si podría irrumpir algún otro perfil: los potenciales nombres son encausados de segundo nivel cuya confesión facilitaría atrapar a una figura de un escalafón superior. Algunos ejemplos. ¿Leire Díez decidirá explicar detalles inéditos sobre las presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales del entorno del PSOE? ¿Revelará si había alguien por encima de Santos Cerdán que le diera órdenes o a quien ella informara de su hoja de ruta? En una situación similar –con cautela– podríamos situar a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, o a Antxon Alonso, empresario navarro amigo de Santos Cerdán. Ambos están investigados en la Audiencia Nacional y compartían el grupo Hirurok con la conocida como fontanera del PSOE. Hasta ahora han trascendido pocos detalles de su estrategia de defensa.
O un otro nombre: Juan Sánchez Yepes, un capitán de la Guardia Civil imputado en el caso Leire y que está a un paso de ser juzgado por el mismo caso de hidrocarburos que Caramés. Hace un mes y medio, en una entrevista, denunció que era víctima de una “persecución horrorosa” que lo ha “destruido moralmente” y remarcó que no tiene “nada que ver” ni con el PSOE ni con el PP. De momento, no consta que haya hecho ningún intento de deslenguarse y su abogado es Jacobo Teijelo, colaborador de Leire Díez, cosa que puede desincentivar una hipotética colaboración.
La pauta del Supremo
El Supremo cree que Pol Olivet hizo un “aviso para navegantes” y resume así la sentencia: “Tú estás asumiendo unos hechos sin saber cómo acabarán y, gracias a ti, estamos sabiendo cómo funcionaba la organización y, sobre todo, contextualizando lo que ya tenemos”. Sostiene que no ha habido un “cambio brusco”, sino que la sentencia “ha refrendado” la jurisprudencia: “La ha simplificado y la ha hecho más didáctica”.
En cambio, fuentes de la defensa de Koldo García consultadas por el ARA confían en que el Tribunal Constitucional “vuelva a la doctrina anterior” de los “requisitos” de la declaración del coimputado: “No puede ser la única prueba, sino que ha de haber más corroboraciones externas porque no tiene la obligación de decir la verdad. Antes se consideraba que era una prueba sospechosa”. En la misma línea, el incidente de nulidad de José Luis Ábalos también denunciaba que la versión de Aldama, a quien bautizaba como un coimputado “interesado, premiado e intensamente incentivado”, no ha sido “corroborada” por ningún “dato externo” y se quejaba de que su “autoinculpación” fuera la “garantía de veracidad” cuando, realmente, le ha permitido no entrar en prisión.
La dimensión de la colaboración
Los expertos consultados por el ARA ponen algunas prevenciones. “No basta con colaborar, la colaboración debe ser eficaz”, subraya Josep Maria Tamarit. Por lo tanto, no vale solo declarar la voluntad de cooperar, sino que la información que se suministra debe ser relevante. En el caso de Víctor de Aldama, el Supremo valoró una colaboración “especialmente decisiva” aportando “datos significativos” para identificar a los responsables, “dimensionar” el alcance de la organización criminal y “propiciar y favorecer” otras investigaciones, como el caso Santos Cerdán. Josep Maria Tamarit recalca que habrá que valorar “toda la trayectoria” que han tenido los investigados que hayan colaborado y observar si han sido “coherentes” y han ayudado de manera “clara” y “sin reticencias”.
En la misma línea, el abogado penalista Víctor Ávila apunta a un “requisito de relevancia” de la colaboración y a un “criterio de utilidad”. Advierte, sin embargo, que la primera declaración de Julio Martínez Martínez fue “generalista”. “No vale decir solo que participó, tendrás que aportar conversaciones, grabaciones o contratos. Es lo que tendrá relevancia a efectos penales”, advierte. En este sentido, los dos principales directivos de Plus Ultra, que deberán declarar como investigados la segunda semana de septiembre, sí que han aportado los chats en que se habla del papel de Zapatero, que son una de las pruebas clave contra el expresidente y que él quiere anular.