Quiénes son los 50 investigados del entorno del PSOE?

MadridCasi cada semana aparece una nueva imputación relacionada –más directamente o más indirectamente– con el PSOE. El último nombre que ha emergido es Juan Manuel Serrano, que fue presidente de Correos del 2018 al 2023 y director del gabinete de Pedro Sánchez en Ferraz. Su nombre se suma a una larga lista de personas –con diferentes niveles de responsabilidad– presuntamente implicadas en catorce líneas de investigación abiertas. El primer condenado fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero hay un total de 50 cargos relacionados con el gobierno español o con el PSOE, miembros de la Guardia Civil y hombres que fueron de la máxima confianza de Sánchez que han acabado ante un juez. Son hasta 109 si contamos también los 59 empresarios, familiares y abogados –y otros perfiles– imputados en las diferentes causas abiertas.

“Obstaculizar” causas judiciales

8 cargos del PSOE o del gobierno español, 3 abogados y 3 investigados más

La causa que salpica más de cerca la estructura del ejecutivo y de Ferraz es el caso Leire Díez. La Fiscalía, por ejemplo, cree que Juanma Serrano tuvo una “participación relevante y preeminente” en la supuesta trama para torpedear investigaciones del entorno socialista. Esta sombra de duda se suma a la imputación de la cúpula actual de la Guardia Civil: la directora general y el director adjunto operativo (DAO). El ministerio público sospecha que usaron los expedientes internos como “mecanismo de presión” contra los investigadores de la UCO.

Los principales presuntamente implicados en la trama para “desestabilizar y obstaculizar” investigaciones judiciales son Santos Cerdán y Leire Díez, dos nombres estrechamente vinculados al PSOE: el primero era el número 3 del partido y mano derecha del presidente español hasta que dimitió a raíz del informe de la UCO sobre él, y la segunda era militante socialista hasta que se dio de baja. Los que también están investigados son Ana María Fuentes –la actual gerente del partido– por falsedad documental, Juan Sánchez Yepes –capitán de la Guardia Civil–, tres abogados con vínculos con el PSOE y tres personas más.

6 cargos de la SEPI, 6 personas de empresas públicas y 13 nombres más

En la misma instrucción, en la derivada sobre la “intermediación ilícita” en la contratación pública, Santiago Pedraz ha imputado a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y cinco cargos más del brazo inversor del Estado. Gualda está relacionada con el rescate de Tubos Reunidos, una empresa vasca. Pese a ello, y a diferencia de lo que ocurrió con los primeros casos, Moncloa le mantiene “toda la confianza”. El instituto armado considera, precisamente, que la presunta actividad delictiva “se desplegó principalmente” en torno a la SEPI.

Entre los otros nombres investigados, hay seis personas vinculadas a empresas públicas: dos directivos de ENUSA (la Empresa Nacional del Uranio), dos directivos de Mercasa (dedicada al sector de la distribución alimentaria) y dos técnicos del PEPA (el Parque Empresarial Principado de Asturias). También la actual presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y doce personas más de diferentes empresas privadas.

Con la SEPI en el punto de mira

2 cargos más de la SEPI

La defensa a ultranza no se da en todos los casos. Uno de los nombres estrechamente vinculados a Leire Díez es Vicente Fernández, que fue presidente de la SEPI del 2018 al 2019 y compartió el grupo Hirurok con ella y el empresario vasco Antxon Alonso. Hace dos semanas, María Jesús Montero, que es quien lo eligió cuando era ministra de Hacienda, se desmarcó: “Cuando una persona te falla, te arrepientes de haber confiado en ella”. Y hay otro nombre de la SEPI: Bartolomé Lora. Es el vicepresidente de la entidad y está siendo investigado por un juzgado de Madrid por el rescate de Air Europa. Fue nombrado en septiembre del 2017, cuando Mariano Rajoy todavía estaba en la Moncloa.

Zapatero, 3 personas de su entorno y 7 más

El otro gran rescate salpicado por la corrupción es el de Plus Ultra. Este caso ha hecho aflorar una supuesta “trama organizada de ejercicio ilícito de influencias” que estaría “liderada” por José Luis Rodríguez Zapatero, que continúa teniendo el pleno “apoyo” de la Moncloa. También están investigadas sus dos hijas y su secretaria, junto a otras siete personas relacionadas con la aerolínea Plus Ultra.

Las múltiples ramas del caso Koldo

9 cargos del PSOE o del gobierno español, 4 personas cercanas, 2 guardias civiles, 8 empresarios de la construcción y 14 personas sobre la compra de mascarillas

Esta semana, el caso Koldo también está en el orden del día. El juez pone énfasis en el enchufede la expareja de José Luis Ábalos en dos empresas públicas: tienen que declarar este lunes como investigados ella –Jéssica Rodríguez–, junto con el hermano de Koldo García y el exsubdirector de gestión administrativa de Adif.

Pero esta es solo una de las líneas de investigación. Una pieza que hace tiempo que hiberna es la relativa a las supuestas irregularidades en adjudicaciones de obra pública. Junto a Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, están investigados dos nombres que estaban vinculados al ministerio de Transportes: Ana Pardo de Vera, que era presidenta de Adif, y Javier Herrero, que era director general de Carreteras. Además, hay ocho empresarios imputados.

La pata original es la relativa a la compra de mascarillas. De momento, hay tres condenados por el Tribunal Supremo–Ábalos, Koldo y Aldama–, pero la instrucción en la Audiencia Nacional continúa abierta con tres excargos más del gobierno español investigados: el secretario general de Puertos del Estado, el subsecretario del ministerio de Transportes y el director general de gestión de personas de Adif. También están investigados un comandante de la Guardia Civil y un subteniente del instituto armado, al igual que otro hermano del asesor de Ábalos y su exmujer.

Los dos casos de la familia Sánchez

2 familiares, 9 cargos de la Diputación de Badajoz, 2 asesores de la Moncloa y 1 empresario

Hay dos nombres que Pedro Sánchez cree que han sido perseguidos por parte de jueces con motivaciones políticas: su hermano y su mujer. Han condenado a David Sánchez a nueve años de inhabilitación, junto al exlíder del PSOE de Extremadura –Miguel Ángel Gallardo–, de un amigo suyo que había trabajado en la Moncloa –Luis Carrero– y de otros ocho cargos de la Diputación de Badajoz. Begoña Gómez, igual que su asesora en la Moncloa, está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por malversación y tráfico de influencias. Y un empresario también está bajo la lupa del juez Juan Carlos Peinado.