¿Un país extranjero o las cloacas? Demasiadas incógnitas sin respuesta

BarcelonaLa información revelada este lunes en rueda de prensa por la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, denunciando el espionaje con Pegasus de los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles, abre muchas más incógnitas de las que cierra. Veámoslo.

¿Cuál es el alcance del espionaje?

Hasta ahora la Moncloa ha informado de dos intrusiones en los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles en los meses de mayo y junio del 2021, pero esto podría ser solo la punta del iceberg. La primera pregunta, y también la más obvia, es: ¿por qué ahora? ¿Por qué han tenido que esperar a que el New Yorker destapara el espionaje a una sesentena de independentistas catalanes cuando ya estaban los precedentes de Roger Torrent de julio del 2020 y los de Macron y Johnson? ¿Es, como dice Oriol Junqueras, una "cortina de humo" para diluir las responsabilidades?

En segundo lugar, hay que aclarar si hay más ministros afectados, y después quizás habría que hacer extensiva la investigación a los miembros del Congreso y a los líderes de partidos políticos para tener un mapa exacto de los afectados. Abierta la caja de Pandora, se tiene que llegar hasta el final.

Y una última incógnita: ¿nos podemos creer realmente que la infección con Pegasus se produjo solo en el tiempo que afirma el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI? Si algo nos enseña el caso Pegasus es que las tecnologías de espionaje avanzan a un ritmo superior al de las defensas y cortafuegos. Por eso, se puede afirmar con propiedad que se han detectado unas infecciones con Pegasus pero no se puede descartar que haya habido más que resulten indetectables para los expertos españoles. Es más, ¿qué seguridad podrá tener ahora Pedro Sánchez que su móvil no está intervenido?

¿Quién está detrás?

Esta es la gran pregunta, puesto que, una vez descartada una intervención de los móviles con autorización judicial, solo quedan dos posibilidades: o se trata de un servicio de espionaje extranjero o bien se trata de una ramificación de las cloacas del Estado que actúa por su cuenta. La hipótesis del espionaje extranjero resulta plausible en el caso de Sánchez y Robles, pero pierde bastante cuando se trata de una sesentena de personalidades del independentismo catalán.

En otras palabras, se puede entender que los servicios secretos de Marruecos (que ya espió a Macron) o de Rusia (que preparaba la invasión de Ucrania) quieran espiar a Sánchez o a Robles, pero no tanto que intervengan el teléfono de Txell Bonet, la pareja de Jordi Cuixart. Si además resulta que hay más miembros del gobierno español espiados, por ejemplo ministros de Unidas Podemos, entonces la hipótesis de que se trata de las cloacas del Estado todavía ganará más fuerza.

¿Quién asumirá las responsabilidades políticas?

Acabe como acabe la investigación, todos los focos apuntan a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Tanto si se trata de una operación de las cloacas como de la injerencia de un gobierno exterior, ella es la principal responsable de la seguridad del Estado. O sea, tanto por acción como por omisión –por no haber sido capaz de proteger ni siquiera su propio teléfono–, Robles tendría que presentar la dimisión o ser destituida.

Hasta ahora Robles se ha escudado en la ley del CNI para no revelar ninguna información, pero en sede parlamentaria llegó a justificar el espionaje con unas palabras que cayeron como una bomba entre sus socios: "¿Qué tiene que hacer un estado si alguien declara la independencia?", dijo. Ahora la pregunta se puede girar en contra de ella: ¿qué tiene que hacer el Estado cuando quien lo tiene que proteger fracasa estrepitosamente?

¿Cómo se rehará la relación con los socios de la mayoría?

A estas alturas solo una dimisión de Robles parece un gesto suficiente para que se pueda recuperar la confianza entre ERC y el PSOE. Unidas Podemos también reclama que se depuren responsabilidades, de forma que todo apunta que alguna cabeza tendrá que rodar por esta crisis. Una dimisión podría ahorrar lo que es la otra gran petición de los socios del gobierno: una comisión de investigación pública en el Congreso.

Ahora sí que parece claro que las explicaciones de la directora del CNI a la comisión de secretos serán insuficientes porque no irá más allá de lo que se ha explicado hoy, y más cuando se trata de una cuestión que ya está judicializada. Seguramente el gobierno español pretende situarse ahora en el lado de las víctimas para no tener que asumir ninguna responsabilidad y ganar tiempo, pero entonces todavía quedará una pregunta sin responder: ¿por qué Robles, que resulta que ahora es una presunta víctima, justificó el espionaje el miércoles en el Congreso? ¿Qué sabía y qué no sabía Robles aquel miércoles?